Desde el año 2017, el Estado peruano, por intermedio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), provee de dinero a los partidos políticos para financiar su vida partidaria mediante el mecanismo de Financiamiento Público Directo. Un reportaje del dominical Punto final puso al descubierto que Fuerza Popular contrató consultorías, con el dinero de todos los peruanos, por un monto cercano de 300.000 soles de dos políticos allegados a sus filas.
Las organizaciones políticas pueden invertir estos fondos en tres grandes rubros: gastos ordinarios, capacitación y formación e investigación. Precisamente, bajo esta última premisa, el partido naranja contrató los servicios de su excandidato al Congreso y miembro del equipo técnico en las Elecciones Generales 2021, Fernando Rospigliosi.
El 15 de setiembre del año pasado, con el concepto de “Investigación sobre la inseguridad en el Perú, situación actual, problemática y propuesta”, el partido de Keiko Fujimori requirió los servicios de FRC Consultores, empresa de Fernando Rospigliosi Capurro por el monto de S/ 180.000, divididos en dos pagos de 138.000 y 42.000 respectivamente.
Pero el exministro del Interior no es el único beneficiado por el fujimorismo. Úrsula Letona, excongresista y aportante de Fuerza Popular, también generó ingresos con fondos públicos.
En el mismo rubro, la militante fujimorista fue contratada por su propio partido a finales de febrero del 2021 para brindar una asesoría titulada “Investigación sobre servicios públicos de calidad, agua y saneamiento” por un monto total de 119.048 soles. Al igual que en el caso anterior, el pago fue fraccionado en dos partes, dos montos de 59.524 soles cada uno.
Al ser consultada por el citado medio, Letona aseguró que aceptar el dinero proveniente del Financiamiento Público Directo no confiere un conflicto. “Me pidieron que realice una consultoría, les di las propuestas. No veo ningún conflicto ético”, aseguró.
Financiamiento a partidos políticos
Desde el 2007 rige el Financiamiento Público Directo, el cual es una bolsa de dinero proveniente de los impuestos que recauda el Estado para apoyar la continuidad de los partidos políticos que alcanzan una curul en el Congreso. Este fondo es administrado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y solo puede ser utilizado para actividades específicas de formación, capacitación, investigación y para actividades de funcionamiento ordinario como el alquiler del local partidario.
Sin embargo, de acuerdo a lo revelado en el programa Punto Final, son cuatro los partidos políticos que utilizaron los fondos del tesoro público para actividades ajenas a lo estipulado: Fuerza Popular, Podemos Perú, Alianza Para el Progreso y Frente Amplio.
Partidos usaron financiamiento público para devolver favores
Los partidos de Fuerza Popular (FP), Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP) y Frente Amplio (FA) han convertido el financiamiento público de organizaciones políticas en un medio para devolver favores, solventar los estudios de sus dirigentes o la difusión de medios que les hagan propaganda política. Un reportaje difundido en ‘Punto final’ destapó detalles sobre cómo estas agrupaciones utilizaron el financiamiento público.
Maestría y contratos
El partido político de Keiko Fujimori financió maestrías en la Universidad Internacional de La Rioja para quienes integraron su antigua fuerza de choque en la bancada naranja del Congreso 2016-2019: Karina Beteta, Segundo Tapia, Roy Ventura y Luis Galarreta. Galarreta hasta hace poco fue candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Fujimori Higuchi y también fue postulante al Parlamento Andino. Es el alfil de la hija del dictador.
Partidos usaron financiamiento público para devolver favores
Los partidos de Fuerza Popular (FP), Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP) y Frente Amplio (FA) han convertido el financiamiento público de organizaciones políticas en un medio para devolver favores, solventar los estudios de sus dirigentes o la difusión de medios que les hagan propaganda política.
En Podemos Perú, partido del congresista José Luna Gálvez, contrataron a la compañía Efecto Consulting por una investigación sobre la informalidad en el país a cambio de S/ 28.500. La empresa le pertenece a uno de sus militantes: Víctor Aguilar Rodríguez, quien se desempeña como secretario de prensa de Podemos y es regidor en Lima.
En Alianza para el Progreso (APP), revelan los reportes de la ONPE, 37 de sus afiliados han facturado entre el 2017 y 2020 un total de S/ 271.390. Es el partido que ha realizado más capacitaciones. Una de las militantes mejores pagadas ha sido Alejandra Loyola Vera, con S/ 89.500. Loyola es personera legal del partido de César Acuña Peralta.
La izquierda tampoco se salva de esto. En el Frente Amplio, de Marco Arana, se destinó S/ 60.000 para la difusión de Tu Causa, un diario que es el vocero de esta organización. Lo irregular es que estos gastos son registrados como actividades de capacitación, cuando en realidad el dinero público está destinado para editar, imprimir y difundir dicho medio escrito. (La República).
