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Economía y Finanzas

Gobierno de Dina Boluarte enfrenta el mayor número de protestas en casi una década

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El bajo nivel de confianza en las instituciones públicas y la persistente desigualdad social agravan el escenario de conflictividad y protestas en el Perú.

El gobierno de Dina Boluarte ha registrado el mayor número de protestas desde 2016, con un total de 1,102 movilizaciones sociales, según el reciente informe del Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Esta cifra supera incluso las protestas acumuladas durante la gestión de Pedro Castillo, que alcanzó 1,081, evidenciando una creciente inestabilidad social.

El informe revela que la conflictividad en el Perú es consecuencia de la insatisfacción ciudadana frente a la ineficiencia en la reducción de brechas sociales, a pesar del crecimiento económico. Además, los bajos índices de confianza en el Congreso y las fuerzas del orden contribuyen a este clima de descontento y crisis institucional.

El Observatorio advierte que la falta de confianza en las instituciones públicas, sumada a la desigualdad en el acceso a servicios básicos y la percepción de corrupción, anticipan un escenario de mayor inestabilidad. Según los expertos, es fundamental fortalecer la gobernabilidad y garantizar transparencia para evitar un aumento en la conflictividad.

Fuente: Infobae

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 Industria minera busca duplicar participación femenina en exploración, que hoy alcanza apenas el 12%

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El evento ProEXPLO 2025 promoverá carreras STEM entre mujeres, mientras cifras revelan que solo 7.7% del empleo minero total es ocupado por mujeres.

La participación de mujeres en exploración minera peruana sigue siendo marginal (12%), pese a avances en otros eslabones de la cadena, donde representan el 33% en operaciones de maquinaria. Adriana Aurazo, de Women in Mining Perú, atribuyó esta brecha a estereotipos y falta de incentivos para carreras técnicas. «En exploración hay una oportunidad histórica para incorporar talento femenino», afirmó durante el lanzamiento de proEXPLO 2025, evento que espera superar los 2,000 asistentes.

Según el Minem, solo 18,749 mujeres trabajan en el sector (7.7% del total), aunque la inversión en exploración creció 28% en 2025 (US$568 millones). El IIMP impulsa el sello «PERUMIN» para reconocer buenas prácticas de equidad. «Necesitamos más mujeres en puestos ejecutivos que inspiren a las nuevas generaciones», remarcó Aurazo, destacando que el evento incluirá mentorías para estudiantes de geología e ingenierías.

La meta es replicar casos como el de mineras globales donde mujeres lideran proyectos de exploración, combinando innovación tecnológica y sostenibilidad.

Fuente: Altavoz

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Actualidad

Nuevo ministro del Interior enfrenta presión empresarial por crisis de seguridad

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Gremios exigen estrategia integral con inteligencia policial y coordinación judicial, advirtiendo que la delincuencia frena inversiones y afecta a microempresarios.

La designación de Julio Díaz Zulueta como ministro del Interior ha generado demandas urgentes del sector empresarial, que señala a la inseguridad como uno de los principales obstáculos para la reactivación económica. Según el Banco Central de Reserva, la criminalidad le cuesta al Perú el 2.2% de su PBI anual, equivalente a US$5,800 millones. Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que este problema no solo afecta la competitividad, sino que profundiza la pobreza al dificultar el crecimiento de pequeños negocios.

Desde la Federación Peruana de Cajas Municipales, Jorge Solís alertó sobre el impacto en microempresarios y asesores crediticios que operan en zonas de alto riesgo. «El crimen organizado está afectando directamente al sistema financiero descentralizado», afirmó, mientras Jorge Delgado, de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas, pidió mayor articulación entre el Estado y el sector privado para proteger a los emprendedores. Los empresarios coinciden en que las medidas aisladas, como los estados de emergencia, han demostrado ser insuficientes.

Ante este panorama, los gremios plantean una estrategia que combine inteligencia policial con tecnología de vigilancia, mayor presencia territorial y coordinación efectiva con el Ministerio Público. La presión sobre el nuevo ministro es clara: su gestión será evaluada por su capacidad para reducir los índices delictivos y restaurar la confianza en las zonas económicas clave del país.

Fuente: El Comercio

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