Más 3 mil criminales venezolanos están presos y 17 mil fueron intervenidos el 2022.

Para el excanciller Luis Gonzales Posada el Plan Boluarte es un “membrete, una ficción, que solo existe en la imaginación del gobierno; una versión chicha que propagan con mucha ligereza para calmar a la población angustiada, en circunstancias que la delincuencia se expande por todo el país, afectando la vida y la seguridad de millones de personas”, sostuvo.

En diálogo con La Razón, el también ex titular del Parlamento dijo que ricos o pobres, de Lima o provincias, tienen miedo que los asalten o asesinen en calles, restaurantes o en sus propias viviendas. Afirmó que de acuerdo a la estadística oficial del INEI la percepción de inseguridad en Lima es de 82.2% y un 16% de menores de 15 años han sido asaltados. En provincias las cifras son parecidas.

–      ¿Hay muchos venezolanos involucrados?

–      Existen bandas criminales, como el Tren de Aragua, producto de exportación del dictador Maduro, que han introducido el sicariato y la trata de personas. Este último delito reporta a los mafiosos 1,300 millones de dólares anuales en prostitución y explotación laboral, según la CHS Alternativo.

–       Cuántos están detenidos.

–       Cerca de 3 mil están y 17 mil intervenidos el 2022 por diversos delitos. Esas cifras opacan que hay 5 mil 800 médicos venezolanos, 8 mil 200 enfermeras, 34, 562 maestros, 9 mil profesores de educación física y 86 mil de otras profesiones, entre abogados, ingenieros, administradores de empresas y contadores, personas de alta calidad.

–      El robo de celulares es de grandes dimensiones…

–      Desde hace años, roban, golpean y hasta asesinan por un celular. El Estado demostró su ineptitud al no intervenir. Comenzó en el gobierno de Vizcarra, siguió con Sagasti, continuó con Castillo. Hasta septiembre de este año han robado 1 millón 286 mil celulares; un promedio de 14, 656 al día, equipos que venden sin restricciones en centros comerciales. Recién ahora se están tomando medidas porque quienes roben, comercialicen o compren serán encarcelados. Lo desproporcionado es que los castiguen hasta con 30 años de prisión mientras el homicidio simple se sanciona con penas de 6 a 20 años.  Hay que ajustar esa disposición. El Parlamento debe hacerlo.

–      El país tiene miedo…

–      Con razón. Los noticieros se han convertido en reportes policiales. Durante muchos días se han producido violentos enfrentamientos entre peruanos y extorsionadores extranjeros en La Victoria. Parte de la población está secuestrada.

–      ¿Qué hacer?

–      La presidente, como jefe de Estado, debe convocar a una plataforma de coordinación donde participan los ministros de Defensa, Justicia, Interior y Economía, el Ministerio Público, Poder Judicial, Alcaldías, gobiernos regionales y empresas privadas de seguridad, que están obligadas, por ley, a colaborar con la PNP. Parece que desconocen que hay 1,219 compañías inscritas, con 1,325 sucursales, que cuentan con 107 mil efectivos, centenares de vehículos y 45,817 armas de fuego debidamente registradas en la SUCAMEC. Una verdadera potencia a quien ni siquiera mencionan y lanzan proyectos ruidosos, como la Policía del Orden, que ha sido rechazada por el Congreso.

–      ¿Por qué no lo han hecho?

–      Que responda el Gobierno…

–      Los militares apoyan…

–      No. En San Juan de Lurigancho, que tiene una población de un millón 240 mil habitantes, hay 15 soldados y San Martín de Porres, que cuenta con 790 mil personas, 10 soldados. Una broma, ¿no?

–      ¿Qué se necesita?

–      Primero, leyes para proteger a las fuerzas del orden, para que no los enjuicien o detengan en el ejercicio de sus funciones; luego, disponer que las investigaciones estén a cargo de la Policía Nacional para que no ocurran episodios deplorables como del asesino Cris y su pandilla que fueron liberados por fiscales ineptos o corruptos, no lo se. En todo caso no sabemos de una investigación y si esos magistrados siguen en sus cargos o si han sido destituidos. La sensación que tenemos es que hay mucha impunidad, una impunidad legalizada.

– También hay que incrementar los fondos de la PNP.

– Sin duda, deben aprobar un presupuesto extraordinario para equipar a la Policía con tecnología de punta y para construir cárceles modernas.

–      Hay sobrepoblación en los penales…

–      Que son depósitos humanos. Sucios, donde los internos no trabajan ni se capacitan. Hay gente que están muriendo, ancianos con discapacidad total que deberían estar en su casa. No olvide que el 2011 la población penitenciaria era 48, 789 y existía hacinamiento. Hoy hay 97 mil, cerca del 40% no sentenciados, porque se ha abusado de las detenciones preliminares.

–      Alarmante.

–      El Callao tiene cupo para 572 internos, pero alberga 3,296 (476% demás); Lurigancho 3,204 y aloja 9,846 (207% demás); Castro Castro, 1104 y tiene 4,432 (288%) y hay otros penales que tienen un exceso de hasta 700%. En esos lugares no hay rehabilitación. Son escuelas del delito donde se planifican robos al exterior.

Seguridad

Gonzales Posada destacó que la primera función de un gobierno es brindar seguridad a sus pobladores, pero solo podrá hacerlo cuando se trabaje en conjunto las instituciones públicas y privadas. Necesitamos una política de seguridad real, no fuegos artificiales, y menos que nos mezan.

Apoyo a PNP y FF.AA.

“Leyes deben proteger a fuerzas del orden para que no los enjuicien o detengan en el ejercicio de sus funciones. Deben dar presupuesto extraordinario para equipar a la Policía con tecnología de punta y construir cárceles modernas”, dijo Gonzales Posada.