La democracia descansa en la separación de poderes, lo que implica que la administración de justicia no está sujeta a presiones políticas o a la presión mediática instrumentada por los medios de comunicación vinculados a grupos empresariales asociados con empresas extranjeras. En el Perú se ha hecho evidente la judicialización de la política, impulsada en especial por el Instituto de Defensa Legal y su director ejecutivo Gustavo Gorriti.

La empresa Odebrecht vinculada al «Club de la Construcción» y a la empresa «Graña y Montero», lograron hacerse de la ejecución de decenas de obras públicas en todo el país. Paralelamente los grupos «El Comercio», «La República» y RPP eran receptores de generosas transferencias del Estado, bajo la modalidad de «publicidad estatal». A la par con recursos procedentes de la cooperación internacional, han sido solventados organismos no gubernamentales vinculados entre sí, que comparten la misma agenda política y que de modo especial han sido funcionales a salvaguardar los intereses de la constructora brasileña Odebrecht.

Si en el pasado Vladimiro Montesinos entregaba sumas millonarias de dinero en efectivo, en la salita del SIN; en los últimos años los grandes medios de comunicación han sobrevivido con la inyección de recursos públicos. El Acuerdo de Colaboración Eficaz suscrito entre el Ministerio Público y Odebrecht, se ha convertido virtualmente en un «secreto de Estado» y el Equipo Especial Lava Jato liderado por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, se convirtieron gracias a los medios de la gran prensa, en adalides de la lucha anticorrupción.

Gustavo Gorriti ha tratado de mostrarse como un periodista de investigación: sin embargo, no es sino un operador político de Odebrecht, que, desde hace varios años, en especial desde el 2018, se ha convertido en el «censor de la vida nacional» y vocero de la empresa Odebrecht, señalando en todo momento que la constructora brasileña tenía el derecho de «rehabilitarse», pagar una penalidad y acto seguido, seguir contratando con el Estado.

Desde mediados del 2018, cuando Martín Vizcarra ejercía la presidencia de la República, se puso en práctica un conjunto de acciones, bajo la conducción de Gustavo Gorriti. Cuando aún se desarrollaba el Mundial de Fútbol Rusia 2018 y días después que la selección peruana fuera eliminada de la competencia mundialista; día y noche en los medios de comunicación adscritos a los grupos «El Comercio», «La República» y RPP se propalaban los audios que fueron presentados como prueba contundente, de que existía una organización criminal, de la que formaban parte el presidente de la Corte Superior del Callao, el vocal supremo César Hinostroza e incluso el entonces fiscal supremo Pedro Chávarry.

Luego de haber transcurrido más de cinco años y en función de una investigación fiscal impulsada durante la gestión de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides, el país toma conocimiento de cómo fue frustrada una diligencia fiscal en las oficinas del Instituto de Defensa Legal. Las imágenes que el país ha conocido en los últimos días acreditan fehacientemente la manera como el señor Gustavo Gorriti hace gala de su poder e influencia, logrando que el propio Fiscal de la Nación en ejercicio Pablo Sánchez a través de una llamada telefónica ‘conminatoria» presione al fiscal a cargo de la diligencia, con el claro propósito de que se suspenda la diligencia fiscal, que no constituía ningún acto arbitrario, ilegal o inconstitucional.

Gustavo Gorriti logró su objetivo y siguió desarrollando sus acciones con el objetivo de poner fin a la carrera de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.Se generó una crisis política, meses después (diciembre 2018) se realizaría un referéndum auspiciado por Martín Vizcarra. La elección de Pedro Chávarry como Fiscal de la Nación fue cuestionada por Gustavo Gorriti y por el gobierno de Martín Vizcarra. Los fiscales Vela Barba y Pérez fueron «endiosados» por los grandes medios de comunicación.

En el plano judicial y mediático, la «coalición vizcarrista» se fortalecía con la detención de Keiko Fujimori en octubre 2018 y la orden judicial que decretó el impedimento de salida del país del expresidente Alan García en noviembre 2018. Gustavo Gorriti consolidaba su poder, siendo evidente su respaldo político a Martín Vizcarra. Cuando el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry decide remover a los fiscales Vela Barba y Pérez, el propio Martín Vizcarra retorna apresuradamente de Brasilia para expresar su respaldo a los fiscales removidos. Es evidente que Odebrecht no podía aceptar la remoción de los fiscales que se negaban a hacer de conocimiento público, los alcances del Acuerdo de Colaboración Eficaz.

Gustavo Gorriti en la diligencia fiscal que se frustró (2018) en las oficinas de IDL, estuvo acompañado por la periodista y abogada Rosa María Palacios, que siempre ha actuado y respaldado las acciones de Gustavo Gorriti.No hay que olvidar que fue el Instituto de Defensa Legal, quien publicó (noviembre 2018) como primicia el supuesto pago por parte de Odebrecht al presidente García, luego de que el ex jefe de Estado dictara una Conferencia en Sao Paulo. El juez dictó la orden de impedimento de salida del país de Alan García a solicitud del Ministerio Público (fiscal José Domingo Pérez) amparándose en el supuesto pago ilícito por el dictado de una Conferencia ante empresarios brasileños.

En los últimos años, el señor Gustavo Gorriti ha incriminado, denunciado y señalado responsabilidades con total libertad y osadía; sin embargo, hoy guarda silencio y no es capaz de asumir su propia defensa. El señor Gorriti es un «intocable» y ha tratado en todo momento de dar lecciones de probidad y moral. Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios no están unidos por ideales superiores, sino por ciertos intereses, por ello la señora Palacios agradeció al gobierno del Uruguay cuando decidió no concederle asilo al presidente Alan García.

Del mismo modo el 17 de abril 2019, cuando los «esbirros de la DIVIAC» acompañaron al fiscal para cumplir con la detención preliminar del expresidente García por 10 días fue la señora Palacios quien, bastante antes de ejecutarse la diligencia, ofreció la primicia en las redes sociales. La muerte de Alan García sería aparentemente lamentada, unos días después por el propio Gustavo Gorriti a través de IDL Radio, señalando que «si hubiera conocido del estado emocional» que afrontaba el expresidente le hubiera «concedido una tregua». La detención de Alan García o precipitar la muerte del expresidente eran escenarios posibles, los mismos que fueron esperados con expectativa por Martín Vizcarra y el Consejo de Ministros en pleno, reunidos a una hora inusual en Palacio de Gobierno.

El vacado expresidente Vizcarra hoy tiene mandato judicial de impedimento de salida del país y seguramente será sentenciado por los graves ilícitos penales cometidos en su condición de Gobernador de Moquegua y Presidente de la República. Hoy, Gustavo Gorriti ve desvanecer su inmenso poder, a pesar de que como operador político de Odebrecht ha logrado que la Junta Nacional de Justicia suspenda temporalmente por seis meses a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides.

Existe una verdadera organización criminal dispuesta a proteger a Odebrecht, empresa cuyos directivos gozaron de todo tipo de protección legal, a cambio de ofrecer información supuestamente cierta sobre el pago de comisiones en apenas cuatro obras. Odebrecht pudo vender la hidroeléctrica de Chaglla, se le exoneró del pago de una millonaria deuda tributaria, sus oficinas no fueron allanadas, sus cuentas bancarias no fueron embargadas y sus directivos siempre gozaron de impunidad.

La «trama de Odebrecht» aún no ha concluido, hoy la batalla legal se libra entre la Junta Nacional de Justicia y la ex Fiscal de la Nación Patricia Benavides. Si en el 2018, Gustavo Gorriti logró sus objetivos políticos; hoy es poco probable que logre sus propósitos.

El Acuerdo de Colaboración Eficaz debe ser hecho de conocimiento público. La JNJ debe iniciar investigaciones contra el Fiscal Supremo Pablo Sánchez quien impidió la realización de una diligencia fiscal en las oficinas del Instituto de Defensa Legal en el 2018. Gustavo Gorriti está más cerca al abismo y al oprobio, demostrando que su papel de «guardaespalda» de Alejandro Toledo, mentor y receptor de la cooperación internacional y operador político de Odebrecht, son poco ante una imagen mellada por la comisión de acciones e ilícitos, que tarde o temprano lo obligaran a comparecer ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.

En medio de todo, los grupos «El Comercio», «La República» y RPP cada vez pierden más credibilidad, audiencia y tiraje. Ni los fiscales inmerecidamente elogiados, ni los medios de comunicación alicaídos podrán hacer algo por Gustavo Gorriti, cuando llegue el momento de dar cuentas ante la justicia. Si Vladimiro Montesinos tuvo su ocaso en el pasado, seguramente el poder acumulado por Gustavo Gorriti se desvanecerá con el tiempo.

Por: José Antonio Torres Iriarte. Abogado y analista político