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Lima Norte

Investigados y sentenciados al frente de comisiones – La Noticia Renovada

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De las 24 comisiones ordinarias del Parlamento, dos estarán presididas por personas que reportan sentencias en sus hojas de vida y dos tienen investigaciones fiscales en curso, ya sea por organización criminal o por muerte y lesiones graves. Esto, además de cuestionamientos que pesan sobre otros parlamentarios que también tendrán a su cargo grupos de trabajo.

Precisamente hoy, el Pleno del Congreso sesionará a partir de las diez de la mañana para aprobar la composición de las comisiones y las presidencias que fueron decididas internamente por cada bancada.

Fuerza Popular

De todos los grupos parlamentarios, Fuerza Popular tiene al mayor número de presidentes de comisiones bajo cuestionamientos.

La Comisión de Fiscalización estará presidida por Alejandro Aguinaga, médico involucrado en el caso de las vacunas VIP, al haber accedido a las dosis de Sinopharm al margen del ensayo clínico, juntamente con su esposa.

El parlamentario fujimorista además está acusado por el Ministerio Público, por delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, seguidas de muerte, por el caso de las esterilizaciones forzadas cometidas en la dictadura de Alberto Fujimori.

Ana María Vidal, abogada especialista en derechos humanos, advierte un riesgo en esta decisión de Fuerza Popular. “Como presidente de la Comisión de Fiscalización, puede empezar a pedir información al Ministerio de Justicia para supervigilar y obstruir el proceso de reparaciones”, comenta.

En su opinión, “alguien que está imputado por estos crímenes (en el caso de las esterilizaciones forzadas), y que además se ha vacunado al margen del estudio, debería estar descartado para presidir la Comisión de Fiscalización”.

Por otro lado, la Comisión Agraria tendrá como presidenta a Leslie Vivian Olivos Martínez, abogada representante de Lima provincias, que registra en su hoja de vida una sentencia por el delito de falsificación.

Y a ellos se suma Ernesto Bustamante, médico conocido por la agresiva campaña de desinformación que realiza en contra de la vacuna Sinopharm. Él conducirá la Comisión de Relaciones Exteriores.

APP, Podemos y RP

El grupo parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) conducirá la Comisión de Transportes y Comunicaciones, y estará a cargo de Alejandro Soto Reyes, abogado que reportó una sentencia en una demanda contractual, en la que se le ordena indemnización de daños y perjuicios por la inejecución de obligaciones.

También reporta un proceso penal por difamación, en el cual el Poder Judicial le halló responsabilidad, pero dictó una sentencia con reserva de fallo.

APP también puso en la Comisión de Presupuesto a Héctor Acuña Peralta, quien hasta hoy reporta una deuda coactiva ante la Sunat por 1.348 soles.

Podemos Perú decidió poner como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor a José Luna Gálvez, quien es investigado por el presunto delito de organización criminal.

A ellos se suma Ricardo Medina Minaya, quien presidirá la Comisión de Educación. Se trata de un parlamentario de Renovación Popular, partícipe del colectivo conservador “Con mis hijos no te metas”. En una entrevista, atribuyó el fenómeno de El Niño a la ideología de género.

Todos ellos conducirán comisiones en las que se deciden las políticas públicas del país.

Alva y Castillo se reúnen

Por otro lado, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, anunció una reunión con el presidente Castillo hoy a las 9 a.m. “Hemos recibido el mensaje del presidente Pedro Castillo para hacer una visita protocolar a la Mesa Directiva del Congreso. Ratificamos nuestra voluntad de diálogo democrático por el bien de nuestro país, respetando siempre el Estado de derecho”, publicó en Twitter.

Por: Wilber Huacasi



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Lima Norte

Gobierno busca relanzar proyecto del parque industrial de Ancón este año – Señal Alternativa

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Objetivo es generar polo de desarrollo económico al sur de Lima, junto a la puesta en marcha del puerto de Chancay

El Poder Ejecutivo ha puesto la mira nuevamente en el proyecto del parque industrial de Ancón, el cual tiene previsto relanzar este año con el apoyo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

Según el ministro de la Producción, Sergio Gonzales, el objetivo es generar un polo de desarrollo económico al sur de Lima tras la entrada en operaciones del puerto de Chancay, cuya inauguración está prevista para noviembre del 2024.

«Está alineado este puerto [de Chancay] con el parque industrial de Ancón, ahora se dan las oportunidades. Estuvimos reunidos con ProInversión para reimpulsar este parque que está cerca a Chancay y hacer un polo de desarrollo en nuestro país», dijo Gonzales en diálogo con TV Perú.

El titular de Produce aseguró que se mostrarán mejores condiciones para invertir en el proyecto a fin de captar el interés de las empresas por ser partícipes de la convocatoria.

«Se va a realizar una nueva convocatoria, se generan mejores condiciones para que haya interés de los privados en participar y permitir que esto sea una realidad. Es una proyección que se ha realizado este año», apuntó.

Nuevas posibilidades

El ministro aseveró también que su cartera acompañará a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que puedan ofertar sus bienes y servicios en condiciones óptimas cerca al mega puerto de Chancay y no habrá problemas para implementar exclusividad.

«Estamos desarrollando un plan de intervención para mejorar las pequeñas y medianas empresas y que puedan ofertar sus bienes y servicios en mejores condiciones. Todo se requiere certificación, [por lo que] eso va a demandar el acompañamiento del Ministerio de la Producción hacia las empresas», puntualizó.

Fuente: Andina



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Lima Norte

Malas noticias

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La situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con el paso de los años.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para evaluar la situación de esta, alrededor del globo y defender la independencia de los medios de comunicación, entre otras acciones. Mucho nos tememos que el balance de este año no será muy alentador, ni en el mundo (con guerras en las que la verdad se convierte en otra víctima de los bombardeos y las balas), ni en la región (donde hemos llegado a ver a vándalos asaltando un canal de televisión en vivo) ni, por supuesto, en nuestro país.

Según un informe reciente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el Perú, a los intentos por limitar, controlar o sancionar a los medios de comunicación que en los últimos años han provenido principalmente del Ejecutivo y el Congreso, se ha venido a sumar otra institución: el Ministerio Público. La SIP denuncia casos de “espionaje, infiltración, exigencia de revelación de fuentes, hostigamiento e impedimento de cobertura de hechos de interés público” de parte de la fiscalía, y menciona el riesgo de que algunos artículos periodísticos hayan sido considerados como “un indicio de la comisión de delitos”. La publicación salió unos días antes de que la casa del periodista Juan Carlos Tafur fuera allanada en el marco del operativo Valkiria, un hecho que, sin duda, habría sido incluido por el organismo por representar una serie de peligros que en su momento mencionamos en este Diario.

No se trata solo de que nuevas instituciones se hayan sumado a los ataques contra la prensa, sino también de que otras que antes al menos denunciaban estos ahora permanecen en silencio (como la Defensoría del Pueblo), mientras que aquellas que llevan años realizándolos (como el gobierno o el Legislativo) ya han perdido cualquier noción de vergüenza en su propósito.

Solo así se puede entender, por ejemplo, que un congresista como Segundo Montalvo insista en su proyecto de ley mordaza para endurecer las penas por difamación, pese a que una iniciativa similar ya fue rechazada por sus colegas apenas el año pasado. O que legisladores cuestionados por la comisión de una serie de delitos traten de evitar –mediante cambios en el Código Penal– la publicación de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces y no vean el tremendo conflicto de intereses en el que están cayendo.

Desde el lado del Gobierno, por otra parte, es necesario destacar dos hechos: los ataques que la presidenta Dina Boluarte ha lanzado contra los medios que han puesto al descubierto varios hechos que la implican (como su acusación contra este Diario de dar información “tendenciosa y falsa” por haber publicado la llamativa cantidad de dinero que ingresó a sus cuentas en los últimos años) y sus respuestas tardías por los serios cuestionamientos en su contra, como en el caso de los relojes Rolex y otros artículos de lujo que se la ha visto usar en diferentes actividades públicas. Este último comportamiento, sin embargo, es aún más grave en el presidente del Congreso, Alejandro Soto, que cree que esquivando a los reporteros logrará que olvidemos las graves denuncias que arrastra desde antes de ganar la elección a la Mesa Directiva.

Del lado de la sociedad, la situación no es mucho mejor. Los casos de periodistas hostigados o agredidos por manifestantes han continuado apareciendo, especialmente de parte de aquel grupo que destila odio llamado La Resistencia. Y, como bien recoge la SIP, también ha habido un número inusitado de hombres y mujeres de prensa maltratados por autoridades municipales en el último año.

Estos y otros atropellos que por razones de espacio no podemos mencionar aquí hacen pensar que la situación de la libertad de prensa en nuestro país parece ir empeorando con los años. Y esa es, sin duda, una mala noticia, pues si algo ha quedado claro a propósito de la crisis que sacude varias instituciones hoy es que la labor del periodismo se hace más indispensable que nunca en estas coyunturas. La prensa, pese a todo, ha seguido y seguirá haciendo su trabajo, pero eso no significa que no creamos que los ataques cada vez más frecuentes que recibe tienen que parar.

Fuente: Editorial de El Comercio



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