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La compleja realidad habitacional que enfrenta Perú
El déficit habitacional en el país es de aproximadamente 1 millón 800 mil viviendas, según cifras oficiales.
Lograr tener una vivienda propia y digna es el sueño de cualquier familia. Sin embargo, cumplir esta meta no es tan fácil para algunos, pues son muchos los factores que se deben resolver para que esto se haga realidad. En Perú, al igual que en otros países de Latinoamérica, el problema habitacional lleva décadas y hasta ahora han sido poco los avances en esta materia.
De acuerdo con un análisis realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), elementos como el crecimiento de la población, los ingresos de las personas, la migración del campo a la ciudad y la concentración de la población en determinadas zonas urbanas, han hecho que el panorama sea más complejo.
En específico, el organismo internacional, a través del estudio “Efectos socioeconómicos de la construcción de viviendas en la reactivación pos-COVID-19”, determinó que alrededor de 100 millones de individuos viven en asentamientos informales en la región.
Por esta razón, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Cepal, se manifiesta que de aquí al 2030 las naciones deben tanto asegurar a los ciudadanos el acceso a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, así como trabajar en mejorar los barrios marginales.
Pero ¿cuál es la situación actual en Perú? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el déficit habitacional en el país es de aproximadamente 1 millón 800 mil viviendas, del cual 1 millón 470 mil (79 %) corresponde a un déficit cualitativo y 389 mil (21 %) a un déficit cuantitativo.
Cabe destacar que el ente define el déficit cuantitativo como la carencia de viviendas aptas para cubrir las necesidades habitacionales de las familias que no poseen ningún hogar. En tanto, el déficit cualitativo se trata de aquellos inmuebles que cuentan con una calidad deficiente, ya sea en materialidad, como paredes y pisos; espacio habitable, hacinamiento o servicios básicos, como agua potable, desagüe y electricidad. En resumen, serían aquellas viviendas que deben ser mejoradas en cuanto a su infraestructura.
En esa línea, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, realizada en el 2021 por el INEI, señaló que casi la totalidad de viviendas cuentan con luz eléctrica. Mientras 8 de cada 10 tienen servicio de agua potable de la red pública.
Respecto al saneamiento, sólo el 21% de las de las ubicadas en zonas rurales cuentan con servicios higiénicos conectados a la red pública. Por su parte, en el área urbana alcanza al 84 % de los hogares. Asimismo, el 63% de las viviendas tienen piso de tierra/arena en el área rural y en la urbana se ubica en el 10 %.
Para el 2021, además, se conoció que el 21% de las familias se encuentran hacinadas, es decir, hay tres o más personas por cada cuarto. Esta situación es mayor en el área rural y la selva, donde alcanza el 29%.
En este sentido, el informe del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), “Hacía una nueva política de vivienda en Perú: problemas y posibilidades”, indica que en el país se construyen alrededor de 128 mil viviendas al año, aunque para eliminar la brecha en un plazo de 10 años la demanda es de casi 180 mil casas, es decir, que faltan 52 mil más.
Otro punto negativo, planteado en el estudio, es que precisa que dos tercios de las viviendas que se construyen serían informales o inadecuadas para vivir, ya que aseguran que se hacen sin licencia municipal y sin asesoramiento de ingenieros o arquitectos, es decir, mediante la autoconstrucción.
Por otra parte, se critica que el hacinamiento sea incluido en el déficit cualitativo y que, por ende, no se considere necesario construir un nuevo inmueble, sino solo realizar cambios para tratar de mejorar el problema. Finalmente, Grade asevera que el déficit habitacional es de aproximadamente 4 millones 500 mil viviendas, más del doble estimado en las cifras oficiales.
Programas y ayudas en materia habitacional
En el 2021 se realizó la última Encuesta Nacional de Hogares, un programa de recolección de datos cuyo objetivo es conocer la conformación del ingreso de los hogares, su distribución y características. En el mismo, el 87.6% de los entrevistados afirmaron que viven en una casa independiente; el 7.3% en departamento y el 3.5% en un callejón, solar o corralón.
Si bien algunos pagan arriendos, otros, con mejores ingresos, buscan la forma de tener una vivienda propia, ya sea a través de ahorros o créditos. Aunque también hay quienes aprovechan algunos de los subsidios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como el Bono Familiar Habitacional del Programa Techo Propio – que tiene la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva o Construcción en Sitio Propio- y el Nuevo Crédito Mivivienda, que brinda facilidades de financiamiento que van desde los S/65.200 hasta S/464.200.

Por otro lado, está disponible el Bono Mivivienda Verde, una ayuda económica dirigida a las personas de ingresos medios que cuentan con un buen historial crediticio y que deseen adquirir una vivienda ecoamigable o inmuebles que permiten el ahorro de agua y luz eléctrica.
El subsidio oscila entre los 16.200 y 31.100 soles, dependiendo del precio del departamento que se adquiera, los cuales se pueden conseguir en Lima, Callao, Piura, Ica, Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Tacna,Cusco, Puno, Junín, San Martín y Áncash.
Solo en enero de este año, el Ministerio informó que se entregaron 524 Bonos Mivivienda Verde, para lo cual se realizó un desembolso de 2 millones 830 mil soles. En tanto, 1.485 familias adquirieron o construyeron un hogar con ayuda del Bono Familiar Habitacional este mismo mes. Cabe destacar que entre enero y noviembre de 2022 se desembolsaron 36.084 bonos como parte del Programa Techo Propio.

De esta manera, el Gobierno intenta ayudar a las familias a cumplir el sueño de una casa digna y propia, aunque aún hay mucho camino por recorrer y circunstancias que solucionar, sobre todo ante la crisis política actual que atraviesa el país y que afecta a varios sectores como el de la construcción y el inmobiliario. Y es que este panorama no solo complica el presente del Estado, sino también el de sus habitantes.
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ROBERTO SÁNCHEZ REIVINDICA AL AGRO Y LAS REGIONES DESDE TAMBOGRANDE
Tambogrande, Piura. Ante agricultores, dirigentes comunales, ronderos y pobladores de diversos centros poblados de Piura, el candidato presidencial Roberto Sánchez encabezó una cálida concentración en Tambogrande, donde presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer la agricultura familiar, reactivar proyectos estratégicos para la región y recuperar el protagonismo de las regiones en las decisiones nacionales.
Durante su intervención, Sánchez sostuvo que el desarrollo del país debe partir del reconocimiento al papel que cumplen los pequeños productores agrícolas en la seguridad alimentaria nacional. En ese sentido, cuestionó que durante años las políticas públicas hayan favorecido principalmente a los grandes grupos económicos mientras miles de agricultores continúan enfrentando dificultades para acceder a financiamiento, tecnología y mercados.
“El Perú no puede seguir dándole la espalda al campo. Los agricultores son quienes garantizan los alimentos de millones de peruanos y merecen ser una prioridad nacional”, señaló.
Uno de los anuncios más destacados fue su compromiso de impulsar la construcción del Hospital de Ayabaca, una obra largamente esperada por la población de la provincia. Sánchez aseguró que este proyecto será considerado una prioridad dentro de un eventual gobierno suyo, con el objetivo de cerrar las brechas históricas en salud que afectan a la sierra piurana.
Asimismo, planteó la necesidad de desarrollar proyectos estratégicos vinculados a la producción nacional de fertilizantes para reducir los costos de producción agrícola y fortalecer la competitividad de los pequeños productores. En esa línea, destacó la importancia de aprovechar los recursos fosfateros de Piura para impulsar una industria nacional que beneficie directamente al agro peruano.
El líder de Juntos por el Perú también propuso la creación de un verdadero banco de fomento agrario que permita atender las necesidades de los pequeños agricultores, quienes actualmente enfrentan serias dificultades para acceder a créditos productivos. Según explicó, esta entidad deberá brindar financiamiento oportuno y atender la problemática de la deuda agraria que afecta a miles de familias rurales.
Durante el encuentro, Sánchez defendió la necesidad de impulsar una segunda reforma agraria orientada a la tecnificación, industrialización y modernización del campo peruano, con especial atención a la agricultura familiar y a las economías regionales.
Otro de los temas abordados fue la gestión del recurso hídrico. El candidato señaló que la inversión en infraestructura de riego y almacenamiento de agua será una prioridad para garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola y enfrentar los efectos del cambio climático y los fenómenos climáticos extremos que afectan periódicamente a la región Piura.
En el plano político, reiteró su propuesta de recuperar mecanismos de participación ciudadana como el referéndum y garantizar el ingreso libre a las universidades públicas para que todos los jóvenes tengan acceso al derecho a la educación superior, con el objetivo de impulsar reformas democráticas que permitan fortalecer la representación política, ampliar derechos y construir un modelo de desarrollo más inclusivo para las regiones.

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Conocen normas que regulan gestión de sus fondos
Organizaciones políticas reciben capacitación sobre entrega de información financiera a la ONPE
Las organizaciones políticas no pueden tener fuentes de financiamiento ilegal y todos sus gastos deben ser reportados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) junto con comprobantes que los sustenten. Esas fueron algunas de las indicaciones que se brindaron en el taller organizado por dicho ente público el miércoles 27 de mayo en la ciudad de Lima.
Al evento asistieron tesoreros y contadores integrantes de una de las tres alianzas electorales y de 18 de los 54 partidos políticos que deben presentar ante la ONPE su Información Financiera Anual (IFA) 2025, a más tardar, el 1 de julio. La obligación también alcanza a otra alianza electoral y a 95 movimientos regionales que están siendo capacitados al interior del país por las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) de la ONPE.
Cada Información Financiera Anual (IFA) 2025 debe contener las actividades económicas y financieras desarrolladas por la organización política entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. Específicamente, datos de los aportantes y el monto de sus aportes, además del estado de situación financiera, el estado de resultados, y notas e información complementaria a los estados financieros
Indicaciones para las organizaciones políticas
Las fuentes de financiamiento privado de una organización política pueden ser: aportes en efectivo o en especie, actividades proselitistas, rendimiento patrimonial, créditos concertados y legados.
Se consideran fuentes de financiamiento ilegal las siguientes:
· Fuentes anónimas. Los aportes no pueden tener un origen desconocido.
· Personas naturales extranjeras.
· Personas jurídicas nacionales sin fines de lucro.
· Personas jurídicas extranjeras con fines de lucro.
· Personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro (excepto cuando sus aportes sean para organizaciones políticas y estén exclusivamente destinados a actividades de formación, capacitación e investigación).
· Personas naturales de nacionalidad peruana condenadas con sentencia consentida o ejecutoriada o con mandato de prisión preventiva por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado. La prohibición se extiende hasta diez años después de cumplida la condena.
· Entidades de derecho público o empresas de propiedad del Estado o con participación de este.
· Confesiones religiosas de cualquier denominación.
Forma de presentación de la IFA
· La carta de presentación de la IFA debe ser firmada por el representante legal y/o el tesorero de la organización política inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
· La información se consigna en los formatos aprobados por la ONPE y estos son suscritos por el tesorero y un contador público colegiado y habilitado.
· Los canales de presentación de la IFA son la mesa de partes de la sede central de la ONPE (Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima), así como las mesas de partes de las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).
Fotos: Flickr ONPE
Lima, 29 de mayo de 2026
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