El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Freddy Santiago Irigoyen Díaz, ha ganado notoriedad en las últimas horas por sus glosas machistas hacia una postulante y no por algún fallo o medida judicial digna de admirar.

El último lunes 18 de octubre, el letrado, que se desempeña en el cargo desde diciembre del 2020, entrevistó a cinco candidatos de forma virtual para una vacante en la Fiscalía de El Pedregal-Majes (Arequipa), como parte del concurso de plazas que organiza esta institución. 

La charla se efectuó pasada las 9:00 p. m. y fue transmitida en el Facebook oficial del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa. 

Entre ellas estaba la abogada Jeny Lavado Santiago, residente en Huánuco, quien postulaba al puesto de auxiliar. 

No obstante, el magistrado lejos de limitarse a realizar preguntas sobre los conocimientos de la fémina en el área, también agregó interrogantes sobre la situación familiar y su impacto para el rol que podría desempeñar por la “elevada carga que demandaría”.  

La familia como “obstáculo” para superarse

Lavado fue la primera en ser evaluada, para este entonces Irigoyen Díaz inició este pasaje del encuentro indagando si la postulante tenía una familia. La abogada respondió que es esposa y madre de dos mujeres, una de ellas menor de edad.

Tras ello, el magistrado empezó a polemizar sobre la intención de la jurista al advertirle que, de ganar la plaza, tendría que viajar a El Pedregal y dejar de lado su rol maternal. 

“Significaría que la Fiscalía, de venir usted aquí, estaría desarticulando la unidad familiar. ¿Es correcto?”, expresó Irigoyen en un primer momento.

Si bien Lavado aceptó el cuestionamiento, no tardó en refutarlo. 

“Sí, doctor. Pero quiero explicarle también que la familia no es un obstáculo para que una como mujer y como profesional se pueda superar. No necesariamente en mi ciudad natal donde me encuentro o por la familia me puedo quedar acá estancada, sino que yo quiero seguir superándome”, manifestó la letrada al referir que la distancia no podría ser una piedra en su camino.

El también expresidente de la Comisión Académico Jurídica del Ministerio Público no detendría su curiosidad y la interrogó acerca del cuidado de su menor hija. 

Por lo que le preguntó el significado del “interés superior del niño”, a lo que Lavado respondió que significa no descuidar la atención del menor, su alimentación, vivienda, el afecto y el cuidado. El mandamás de la Junta de Fiscales Superiores solo replicó “usted lo ha dicho, usted lo ha dicho”. La contraparte no dudó en aclararle que, si ese fuera el caso, ninguna mujer con hijos podría trabajar, ni superarse.

El hecho ha quedado registrado en las redes sociales del Ministerio Público de Arequipa y se hizo de público conocimiento casi cuatro días después del incidente. 

Si bien, las conversaciones demoraron en total una hora y media, cabe precisar que Irigoyen Díaz realizó las mismas preguntas a los otros cuatro postulantes entre los que había tres varones a quienes también les resaltó la presunta “desarticulación familiar”. 

Al margen de ello, es necesario preguntarnos si, ¿el ser padre o madre de familia ya es considerado un problema para nuestro desarrollo profesional? 

Más vale tarde que nunca

Tras el rebote en todas las plataformas digitales y medios de comunicación, las distintas autoridades y la opinión pública han expresado su repudio por lo acontecido y han criticado el actuar de Irigoyen. 

La primera en advertir lo sucedido fue la parlamentaria de Juntos por el Perú, Ruth Luque, quien ha solicitado este último viernes al Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia abrir proceso disciplinario y “garantizar que los procesos de selección se den en igualdad de condiciones para las mujeres”. 

“¿En qué procesos de selección se cuestiona a los hombres carga familiar? Esto evidencia que enfoque de género es fundamental”, informó en su cuenta de Twitter. 

A ella le siguió la Defensoría del Pueblo, entidad que rechazó que “se recurra a estereotipos asociados a responsabilizar exclusivamente a las mujeres con las labores de cuidado, lo cual impacta en su desarrollo profesional”.

En esa misma línea, recordó que, en el ascenso y acceso a empleos, las mujeres experimentan disminución de ingresos durante los primeros seis años de vida de hijos (as) por los prejuicios de género y la sobrecarga de trabajo doméstico no remunerado.

Asimismo, el organismo que preside Walter Gutiérrez, sentenció que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece obligación de Estado peruano de eliminar estos patrones socioculturales y prejuicios de género, que afectan a mujeres en todas las esferas. 

Por lo que, instó a los funcionarios públicos a “asumir la erradicación de esta situación”.

Por su parte, Zoraida Ávalos, titular del Ministerio Público dispuso, mediante un oficio, que los presidentes de las juntas de fiscales, coordinadores nacionales y gerentes del Ministerio Público incorporen el enfoque de género y erradiquen estereotipos e ideas sexistas en los procesos de selección de personal.

Por la noche, del mismo viernes, trascendió que la Fiscalía Suprema de Control Interno requirió a Irigoyen justificar las preguntas a la fiscal Jenny Lavado, “ante posibles actos de discriminación por su condición de mujer”, en un plazo de cinco días hábiles tras haber sido notificado. El documento lleva la firma de María Sokolich Alva. 

El sábado, le tocó a la ministra de la Mujer, Anahí Durand, que no dudó en calificar como machista la entrevista de trabajo y expresó su apoyo a la magistrada. Asimismo, congratuló el actuar del Ministerio Público. 

“Toda mi solidaridad con Jeny. Felicito a la Fiscalía por actuar pronto ante este hecho y a la fiscal Zoraida Ávalos. Sé que tomará las medidas necesarias para que situaciones como esta no se repitan”, refirió en las redes sociales.

¿Qué dicen el Poder Judicial y el TC sobre la administración de justicia con enfoque de género?

Sobre el caso de Jeny Lavado, ni el Poder Judicial ni la titular del mismo, Elva Barrios, han expresado comentario alguno, al menos al cierre de esta nota.

Sin embargo, entre el jueves y el viernes el estamento organizó el evento denominado “Seminario Internacional: Igualdad de Género en el Sistema de Administración de Justicia”, en el que la doctora Elvira Álvarez Olazabal, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, en representación del Perú, señaló que “la incorporación del enfoque de género en la administración de justicia, es un mandato para la efectividad del Derecho a la igualdad que establecen los instrumentos del Derecho Internacional de DD. HH., como también una variable esencial para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder”. 

Además, en su libro Pensando en género (2018), el Poder Judicial asegura en su página 35, que “no existe tópico vinculado al derecho que pueda eximirse de realizar un análisis desde el enfoque de género, más aún si se quiere determinar la justicia e injusticia de las normas jurídicas”.

También agrega que “la aplicación del enfoque de género no puede estar ausente en la administración de justicia, pues es un pilar fundamental en la materialización de los derechos humanos, la consolidación del sistema democrático y del Estado de Derecho”. Por lo que, la intervención del Estado a través de sus diferentes órganos, instituciones y funcionarias y funcionarios públicos, está limitado a adecuar aquellas conductas, siempre que perjudiquen a terceros. 

De otro lado, el Tribunal Constitucional en una sentencia publicada el 8 de marzo del 2019, obligó a las entidades públicas y privadas de aplicar la “perspectiva de igualdad de género”, en el marco de un proceso de amparo promovido por una mujer que sostuvo haber sido dopada y violada en estado de inconsciencia por un médico de la Fuerza Área del Perú y que, pese a que denunció el hecho ante el Ministerio Público, no logró que las autoridades fiscales formalizaran y tramitaran dicha denuncia contra el presunto agresor.

“La adopción del enfoque de género en el ámbito de la administración de justicia supondría la creación de una jurisdicción y fiscalía especializadas, así como exigiría de un análisis con perspectivas de género presente en el razonamiento que sustenta las decisiones de jueces y fiscales al momento de impartir justicia y perseguir e investigar el delito”, dijo en su momento el ente en el expediente N° 01479-2018-PA/TC.