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-Los crímenes de odio, una emergencia perpetua
Escrito por: Helmut Kessel, Sociedad Secular Humanista del Perú
Un acto terrorista usualmente se motiva en alguna ideología u objetivo político, un argumento religioso o la simple ojeriza contra algún grupo social. Un crimen de odio se podría describir exactamente igual.
En este mes del Orgullo LGBT, recordemos este importante concepto sobre el cual nuestro siguiente Congreso debería legislar, pues se trata de una emergencia perpetua que no cesa año tras año.
Legalmente, un crimen de odio se da cuando el agresor ataca a una persona o grupo únicamente y sin otra motivación que su condición humana o creencias, como la raza, religión u orientación sexual. Si la acción califica como tal, aplica un agravante y la pena por el crimen se hace más severa.
Como ejemplos tenemos las violaciones «correctivas» contra lesbianas, las noches nefastas de salir a la calle a pegarles a las personas transgénero, las golpizas o asesinatos de gays, lesbianas y trans muchas veces por sus propias familias, o incluso los tan conocidos ataques gratuitos contra fans de otros equipos de fútbol.
Ataque en el Club Pulse de Orlando.
Cualquier crimen contra una persona gay o transgénero no es necesariamente un crimen de odio, pues esto depende de la motivación. Si un gay es asaltado por su billetera o envenenado por un familiar para quedarse con la herencia, no se trata de un crimen de odio. Y nótese que todo aquel que tenga una orientación sexual está cubierto, no solo la población LGBT.
Tal como los actos de terrorismo, el agravante se justifica porque tras el crimen se originan dos víctimas: los individuos atacados y la comunidad a la que pertenecen, a la cual el criminal está enviando un mensaje amenazante que incrementa su sensación de rechazo, restringe su libertad de movimiento e impacta sus posibilidades de adaptación social. Existe entonces un doble crimen que debe ser castigado, además de la necesidad de enfatizar que no se va a tolerar la violencia entre distintos sectores de la sociedad.
Un proyecto de ley sobre este tema se llegó a presentar en el 2017 (P.L. 1378), pero los acontecimientos del 2018 lo truncaron. El objetivo de este proyecto era el proteger mediante la disuasión a ciertas comunidades vulnerables, en particular a la población LGBT, con énfasis en la comunidad transgénero, cuyos miembros son los más proclives a caer víctimas de crímenes de odio.
Mujer trans atacada en Honduras.
Cuando en el año 2013 se presentó un proyecto de ley similar y tuvo que pasar por la comisión de justicia, ciertos congresistas ligados a instituciones religiosas extirparon de ella las categorías de orientación sexual, identidad de género y afiliación deportiva, dejando intacta la categoría de religión, en un país donde prácticamente nadie es violentado por su religión. Esto causó que se desvirtúe por completo el propósito del proyecto.
Fue fácil para ellos esconderse detrás de cifras nebulosas de crímenes que no se pueden contabilizar fácilmente pues i) la policía no lleva un registro de crímenes de odio, y ii) las familias rara vez los reportan como lo que son.
Ni aquél proyecto de ley ni el derogado Decreto 1323 (2017) tipificaban ni castigaban el llamado “discurso de odio”. Solo regulaban acciones criminales, pues regular opiniones atenta contra la libertad de expresión y es francamente impracticable con nuestro poder judicial.
El Congreso tiene que dejar de meter la cabeza en la arena cuando se trata de la protección de estas comunidades vulnerables que son objeto diario del odio y la discriminación. En juego se encuentran vidas humanas, no solo derechos civiles.
Un crimen de odio no sólo busca matar, violar o agredir a una persona, sino aterrorizar a toda una comunidad y limitar su participación en la sociedad. Y los agresores lo hacen motivados por un odio que usualmente se respalda en argumentos religiosos, políticos o puramente tribalistas. Un crimen de odio es casi indistinto a un acto de terrorismo.
Helmut W. Kessel
Sociedad Secular Humanista del Perú
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Minam fortalece la conservación de bosques amazónicos con apoyo del MEF y la cooperación alemana
El Ministerio del Ambiente (Minam), con el respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la cooperación alemana, fortalecerá la conservación de más de 3,6 millones de hectáreas de bosques amazónicos y el trabajo conjunto con las comunidades locales mediante un nuevo Convenio de Apoyo Presupuestario (CAP).
La iniciativa destinará más de S/ 9 millones para fortalecer acuerdos de conservación y mecanismos de participación local en cuatro áreas naturales protegidas de Loreto y Ucayali, contribuyendo a generar oportunidades sostenibles para las poblaciones y reforzar su participación en la protección de la biodiversidad.
El convenio, aprobado por el MEF a través de la Dirección General de Presupuesto Público, será implementado por el Minam, mediante el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), en coordinación con el banco alemán de desarrollo KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau).
Las acciones se desarrollarán en la Reserva Comunal El Sira, en Ucayali; las reservas nacionales Pacaya Samiria y Matsés, en Loreto; y el Parque Nacional Sierra del Divisor, ubicado entre ambas regiones.
El CAP contará con un financiamiento de hasta S/ 9 093 176,02, proveniente de los saldos del aporte financiero otorgado por KfW en el marco del Proyecto de Sostenibilidad Financiera de las Áreas Protegidas del Perú – Fase I. Los recursos permitirán consolidar mecanismos participativos de conservación mediante incentivos presupuestarios.
Alianza con las comunidades para conservar la Amazonía
La aprobación del nuevo convenio se sustenta en los resultados alcanzados durante la primera fase del apoyo presupuestario, implementada entre 2021 y 2024. Solo en 2024, el Sernanp desarrolló acciones de vigilancia y control efectivo en más de 4,9 millones de hectáreas y alcanzó 524 653 hectáreas bajo mecanismos participativos de conservación, cumpliendo el 100 % de las metas establecidas para ese periodo.
Los acuerdos de conservación fortalecen la participación de las comunidades y organizaciones locales mediante compromisos conjuntos con el Estado para proteger los recursos naturales, reducir las amenazas sobre los bosques y promover actividades sostenibles que contribuyan al bienestar de las poblaciones.
Esta iniciativa refleja la línea de gestión del Minam de fortalecer su presencia en los territorios y trabajar de manera articulada con las comunidades.
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ODPE de San Martín de Porres avanza en la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026
La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de San Martín de Porres avanza en la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), que se desarrollarán el domingo 4 de octubre, con el objetivo de garantizar un proceso electoral eficiente, transparente y seguro para la ciudadanía.
Al respecto, el jefe de la ODPE Jose Leoncio Revilla Cabrera, informó que, para estos comicios, se habilitarán 1,786 mesas de sufragio en las circunscripciones electorales bajo su responsabilidad, que comprenden los distritos de San Martín de Porres, ubicados en la provincia de Lima.
En esta circunscripción electoral, cerca 533.871 electores están habilitados para acudir a las urnas y elegir a sus autoridades regionales y municipales. Para ello, la oficina descentralizada de San Martín de Porres tiene previsto instalar 172 locales de votación distribuidos en todo el distrito.
Como parte de las actividades del cronograma electoral, el pasado 24 de julio, la ONPE instaló a nivel nacional 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y realizó el sorteo de miembros de mesa. En el ámbito de la jurisdicción de San Martín de Porres fueron seleccionados 16, 074 mil ciudadanos entre titulares y suplentes para cumplir esta importante función electoral.
De acuerdo con la normativa vigente, la publicación de la lista definitiva de miembros de mesa se realizará luego que se resuelven las tachas que se hayan presentado contra la relación provisional de los ciudadanos seleccionados.
La ODPE de San Martín de Porres forma parte de las 125 oficinas descentralizadas instaladas en Lima Metropolitana y tiene su sede en Av. Los Alisos MZ. Ñ lote 03 URB Rosario del Norte, desde donde coordina y ejecuta las actividades electorales correspondientes a su jurisdicción.
En las ERM 2026, aproximadamente 26 314 724 ciudadanos a nivel nacional están convocados a participar para elegir a 13 148 autoridades, entre ellas gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales.
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