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Economía y Finanzas

Más de S/500 millones en multas ambientales: Petroperú y Repsol bajo la lupa del OEFA

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El sector hidrocarburos en Perú enfrenta sanciones millonarias por daños ambientales. Petroperú y Repsol acumulan penalidades superiores a S/500 millones.

Petroperú y Repsol, las principales empresas del sector hidrocarburos en Perú, suman más de S/500 millones en multas ambientales impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Según cifras oficiales, Petroperú lidera con sanciones equivalentes a S/366 millones, mientras que Repsol acumula S/146 millones. La mayoría de estas multas se relaciona con derrames de petróleo, como los registrados en el Oleoducto Norperuano y la Refinería La Pampilla. Sin embargo, casi la mitad de estas penalidades está siendo impugnada. El afloramiento de petróleo reciente en la playa Las Capullanas, Talara, pone en evidencia las deficiencias en la fiscalización y gestión del sector.

El impacto ambiental más severo corresponde al derrame de 2022 en La Pampilla, operada por Repsol, con multas firmes que alcanzan S/64,9 millones. Por su parte, el Oleoducto Norperuano concentra el 98% de las sanciones a Petroperú. «La falta de inversión en infraestructura adecuada y el incumplimiento de normativas son un riesgo para la sostenibilidad del sector», señaló Carlos Gonzáles, experto en hidrocarburos de Enerconsult. El deterioro del oleoducto podría desviar el petróleo nacional hacia Brasil o Ecuador, comprometiendo los US$6.000 millones invertidos en la Refinería de Talara para procesar crudo peruano.

Para evitar un colapso del sistema, especialistas proponen un comité tripartito entre Perupetro, Petroperú y el Minem, además de ajustes en las regalías para incentivar la inversión en la selva norte. Sin un enfoque integral, el sector podría enfrentar una crisis que trascienda lo ambiental, afectando la producción nacional y su competitividad frente a mercados vecinos. «Matar el oleoducto es matar la producción petrolera del norte», advirtió Gonzáles.

Fuente: Infobae

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 Industria minera busca duplicar participación femenina en exploración, que hoy alcanza apenas el 12%

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El evento ProEXPLO 2025 promoverá carreras STEM entre mujeres, mientras cifras revelan que solo 7.7% del empleo minero total es ocupado por mujeres.

La participación de mujeres en exploración minera peruana sigue siendo marginal (12%), pese a avances en otros eslabones de la cadena, donde representan el 33% en operaciones de maquinaria. Adriana Aurazo, de Women in Mining Perú, atribuyó esta brecha a estereotipos y falta de incentivos para carreras técnicas. «En exploración hay una oportunidad histórica para incorporar talento femenino», afirmó durante el lanzamiento de proEXPLO 2025, evento que espera superar los 2,000 asistentes.

Según el Minem, solo 18,749 mujeres trabajan en el sector (7.7% del total), aunque la inversión en exploración creció 28% en 2025 (US$568 millones). El IIMP impulsa el sello «PERUMIN» para reconocer buenas prácticas de equidad. «Necesitamos más mujeres en puestos ejecutivos que inspiren a las nuevas generaciones», remarcó Aurazo, destacando que el evento incluirá mentorías para estudiantes de geología e ingenierías.

La meta es replicar casos como el de mineras globales donde mujeres lideran proyectos de exploración, combinando innovación tecnológica y sostenibilidad.

Fuente: Altavoz

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Nuevo ministro del Interior enfrenta presión empresarial por crisis de seguridad

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Gremios exigen estrategia integral con inteligencia policial y coordinación judicial, advirtiendo que la delincuencia frena inversiones y afecta a microempresarios.

La designación de Julio Díaz Zulueta como ministro del Interior ha generado demandas urgentes del sector empresarial, que señala a la inseguridad como uno de los principales obstáculos para la reactivación económica. Según el Banco Central de Reserva, la criminalidad le cuesta al Perú el 2.2% de su PBI anual, equivalente a US$5,800 millones. Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que este problema no solo afecta la competitividad, sino que profundiza la pobreza al dificultar el crecimiento de pequeños negocios.

Desde la Federación Peruana de Cajas Municipales, Jorge Solís alertó sobre el impacto en microempresarios y asesores crediticios que operan en zonas de alto riesgo. «El crimen organizado está afectando directamente al sistema financiero descentralizado», afirmó, mientras Jorge Delgado, de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas, pidió mayor articulación entre el Estado y el sector privado para proteger a los emprendedores. Los empresarios coinciden en que las medidas aisladas, como los estados de emergencia, han demostrado ser insuficientes.

Ante este panorama, los gremios plantean una estrategia que combine inteligencia policial con tecnología de vigilancia, mayor presencia territorial y coordinación efectiva con el Ministerio Público. La presión sobre el nuevo ministro es clara: su gestión será evaluada por su capacidad para reducir los índices delictivos y restaurar la confianza en las zonas económicas clave del país.

Fuente: El Comercio

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