La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) subrayó la importancia de mantener y garantizar la independencia de los órganos electorales frente a posibles presiones políticas o partidarias.

En un comunicado, señaló la necesidad de que las medidas que se adopten tras la renuncia del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, prioricen la independencia e integridad de la institución y la continuidad del proceso electoral.

También respaldó la necesidad de realizar investigaciones exhaustivas e independientes, de conformidad con los marcos legales pertinentes, en relación con los acontecimientos ocurridos durante la jornada electoral y días posteriores.

Asimismo, hizo un llamamiento a la moderación en el discurso político evitando el lenguaje agresivo y violento.

La MOE UE indicó que presentará en su informe final recomendaciones detalladas para mejorar el proceso electoral, aproximadamente dos meses después de la segunda vuelta de la elección presidencial.

La misión está presente en Perú desde el 26 de febrero para acompañar el proceso de las elecciones generales 2026, con más de 150 observadores desplegados en todo el país para la jornada electoral.

ONPE oficializó plan para la segunda vuelta mediante resolución emitida el 17 de abril.

Piero Alessandro Corvetto Salinas, tres días antes de dimitir a la jefatura de la ONPE, ratificó el plan operativo para la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio de 2026. Esta resolución jefatural, emitida el 17 de abril, busca garantizar la continuidad del proceso electoral en un contexto de incertidumbre, dado que el conteo de votos de la primera vuelta aún no finaliza y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha exigido la entrega inmediata de las actas restantes para evitar alteraciones en el cronograma oficial.

Marco operativo para el balotaje presidencial

El documento técnico aprobado establece las directrices logísticas para organizar los comicios en todo el territorio nacional y el extranjero, involucrando a más de 27 millones de votantes y 93 mil mesas de sufragio. El plan contempla mantener los locales de votación de la primera jornada y priorizar la accesibilidad para comunidades originarias, zonas rurales y personas con discapacidad. Asimismo, se proyecta una estrategia de capacitación masiva para miembros de mesa y campañas informativas que alcancen al 60 % del electorado con el fin de minimizar errores durante el escrutinio.

Crisis institucional y cuestionamientos electorales

La oficialización de esta hoja de ruta ocurre bajo una intensa presión política derivada de los retrasos logísticos del pasado 12 de abril. Mientras algunos sectores plantean la nulidad de los comicios en Lima o la convocatoria a elecciones complementarias -propuestas que expertos consideran contrarias a la Ley Orgánica de Elecciones-, la crisis operativa se ha profundizado. El JNE ha advertido que cualquier demora adicional en el procesamiento de datos pone en riesgo la estabilidad del calendario electoral previsto por ley.

Dimisión de Corvetto Salinas ante la JNJ

Piero Corvetto presentó su renuncia irrevocable ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), argumentando que su salida es necesaria para restablecer la confianza ciudadana de cara a la segunda vuelta. En su misiva, el exfuncionario reconoció que las fallas registradas en la distribución de material electoral y los problemas en las oficinas descentralizadas hicieron insostenible su permanencia en el cargo. A pesar de su retiro, Corvetto afirmó haber actuado bajo los marcos legales y se comprometió a colaborar con las investigaciones para esclarecer las irregularidades reportadas durante la jornada del 12 de abril.

Incertidumbre y ejecución del plan electoral

A más de una semana de la primera vuelta, el panorama político peruano carece de contendores definidos para el balotaje. El plan estratégico dejado por la gestión saliente constituye, hasta el momento, el único elemento concreto para la transición operativa que deberá liderar su sucesor. La próxima administración de la ONPE recibirá la tarea de ejecutar un presupuesto y una logística ya aprobados, mientras el país aguarda la proclamación oficial de resultados en medio de persistentes rumores de nulidad.