El Congreso de la República aprobó, en primera votación, una iniciativa del congresista Ilich López Ureña, representante de Junín por Acción Popular, para modificar el cálculo de reparto de utilidades. Cabe recordar que López ha sido vinculado al grupo parlamentario conocido como “Los Niños”, señalado por presuntos acuerdos políticos a cambio de favores durante el gobierno de Pedro Castillo.

La medida, que se presentó con el pretexto de reducir desigualdades, en realidad beneficiará a un reducido grupo de alrededor de 7,000 trabajadores del sector eléctrico —en su mayoría empleados de empresas estatales— que ya cuentan con ingresos elevados. Con este cambio, podrían llegar a recibir hasta 28 sueldos anuales por todo concepto. Este ajuste tendría un impacto directo en los más de 30 millones de usuarios del servicio eléctrico en el país, quienes verían un incremento estimado del 5% en sus tarifas.

Cambios en la fórmula de reparto y mayor impacto en costosEl proyecto de ley modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo 892, duplicando el porcentaje de utilidades para los trabajadores del sector eléctrico, de 5% a 10%, y cambiando la fórmula de distribución: ahora, el 75% se calcularía en función de los días laborados y solo el 25% según el nivel de remuneración. Las empresas —en su mayoría del Estado pero bajo régimen privado— se verán obligadas a trasladar este mayor costo laboral a los usuarios finales, afectando directamente las tarifas.

Además, el incremento en el gasto operativo reducirá los recursos disponibles para reinversión en infraestructura, limitando la expansión de redes eléctricas, la mejora del servicio y programas sociales como “Electricidad al Toque” del Ministerio de Energía y Minas.

Reacciones y repercusiones

Si bien la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú ha saludado la iniciativa, calificándola como un acto de justicia para su sector, expertos del rubro advierten que la medida aumentará los costos de peaje y la tarifa de usuario final, perjudicando a hogares, comercios e industrias.

Próximos pasos

El proyecto continúa su trámite legislativo, aunque las críticas sobre su verdadero impacto económico y su cuestionada autoría han abierto un debate que pone en tela de juicio los intereses detrás de esta iniciativa. La ciudadanía, por su parte, deberá asumir las consecuencias en su recibo de luz.

2 de abril de 2025

Gremios exigen estrategia integral con inteligencia policial y coordinación judicial, advirtiendo que la delincuencia frena inversiones y afecta a microempresarios.

La designación de Julio Díaz Zulueta como ministro del Interior ha generado demandas urgentes del sector empresarial, que señala a la inseguridad como uno de los principales obstáculos para la reactivación económica. Según el Banco Central de Reserva, la criminalidad le cuesta al Perú el 2.2% de su PBI anual, equivalente a US$5,800 millones. Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que este problema no solo afecta la competitividad, sino que profundiza la pobreza al dificultar el crecimiento de pequeños negocios.

Desde la Federación Peruana de Cajas Municipales, Jorge Solís alertó sobre el impacto en microempresarios y asesores crediticios que operan en zonas de alto riesgo. «El crimen organizado está afectando directamente al sistema financiero descentralizado», afirmó, mientras Jorge Delgado, de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas, pidió mayor articulación entre el Estado y el sector privado para proteger a los emprendedores. Los empresarios coinciden en que las medidas aisladas, como los estados de emergencia, han demostrado ser insuficientes.

Ante este panorama, los gremios plantean una estrategia que combine inteligencia policial con tecnología de vigilancia, mayor presencia territorial y coordinación efectiva con el Ministerio Público. La presión sobre el nuevo ministro es clara: su gestión será evaluada por su capacidad para reducir los índices delictivos y restaurar la confianza en las zonas económicas clave del país.

Fuente: El Comercio