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MINJUSDH: Bloqueo de carreteras vulnera derechos fundamentales y puede configurar delitos penales

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El cierre de vías afecta gravemente la vida cotidiana de la población y está penado por la ley cuando se entorpece el funcionamiento de servicios públicos o se cometen actos violentos

9 de julio de 2025 – 11:59 a. m.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) reconoce y respeta el derecho constitucional a la protesta pacífica sin atentar contra la propiedad pública y privada, ni generar caos y desorden en las calles. Sin embargo, recuerda a la ciudadanía que los bloqueos de carreteras, más allá de ser una forma de manifestación, pueden afectar gravemente derechos fundamentales y configurar delitos sancionables por el Código Penal.

Desde una perspectiva constitucional y legal, estas acciones limitan el derecho de las personas a la libertad de tránsito, tal como lo establece el numeral 11 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Este derecho garantiza a toda persona la posibilidad de elegir su lugar de residencia, transitar libremente por el territorio nacional y salir o ingresar al país, salvo restricciones judiciales o sanitarias.

Asimismo, el bloqueo de vías atenta contra otros derechos igualmente protegidos, como el derecho a la paz, la tranquilidad, el descanso y el disfrute de un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida, hecho consignado en el artículo 2, numeral 22 de la Constitución.

Cuando el tránsito es interrumpido las consecuencias son muchas y afectan a personas que no tienen relación con la protesta. Por ejemplo, puede impedir que una ambulancia llegue a tiempo, que un niño asista a su colegio, que un trabajador llegue a su empleo o que un comerciante venda sus productos. Todo esto impacta directamente en derechos como la salud, la educación, el trabajo y la propiedad privada.

Consecuencias legales
El Código Penal peruano sanciona duramente los actos violentos durante protestas. El delito de disturbios, por ejemplo, puede castigarse con penas de hasta 15 años de prisión si se afectan las vías nacionales. De igual modo, el artículo 283 sanciona el entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos como transporte, electricidad, gas o telecomunicaciones, con penas de hasta 6 años de prisión, y con agravantes que pueden llegar hasta 10 años si se generan daños graves o se afectan infraestructuras esenciales.

Por su parte, el artículo 200, numeral 4, considera como extorsión el uso de la violencia o amenaza para obstaculizar vías de comunicación con el fin de obtener beneficios de las autoridades, sancionando estos actos con penas de entre 5 y 10 años, e incluso cadena perpetua en caso de toma de rehenes.

No solo quienes participan directamente en los bloqueos pueden ser sancionados. La ley también alcanza a quienes colaboran o financian estas acciones. Si alguien provee objetos, materiales o dinero que ayuden a realizar un bloqueo o disturbio, también puede ser procesado y recibir penas de hasta 6 años de prisión.

Finalmente, el MINJUSDH hace un llamado a la ciudadanía a ejercer sus derechos con responsabilidad. En ese sentido, es importante recordar que hay formas legítimas y pacíficas de hacer oír una demanda. Las protestas no deben convertirse en escenarios de violencia o en actos que perjudiquen a la mayoría. Existen canales institucionales y espacios de diálogo que permiten atender los reclamos sociales sin poner en riesgo a la población ni caer en actos delictivos.

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Más de 4 mil serenos de Lima Centro fortalecerán su rol gracias a capacitación impulsada por el MINJUSDH

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Ministro de Justicia lanzó campaña para fortalecer capacidades legales y técnicas de serenazgos de esta parte de Lima Metropolitana

1 de agosto de 2025 – 12:24 p. m.

Con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana desde el ámbito local, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara Medrano, inauguró este viernes la campaña “Más capacidad, más seguridad”, que capacitará a más de 4 mil agentes de serenazgo y funcionarios municipales de la Mancomunidad Municipal de Lima Centro, conformada por los distritos de Miraflores, San Borja, Jesús María, Barranco, La Victoria, Pueblo Libre, Surquillo, Santiago de Surco y San Isidro.

La actividad se realizó en la Municipalidad Distrital de Miraflores y congregó a representantes de gobiernos locales, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. En su intervención, el ministro Alcántara destacó que esta campaña busca brindar herramientas jurídicas, técnicas y criminológicas a los equipos de serenazgo, fortaleciendo así su rol en la prevención y control del delito.

“La prevención de la criminalidad requiere decisiones informadas, trabajo articulado y personal capacitado. Hoy iniciamos una etapa clave para fortalecer la seguridad desde el primer nivel de respuesta: los gobiernos locales”, afirmó el ministro,

Remarcó la necesidad de trabajar en conjunto con todos los niveles del Estado para enfrentar de manera integral los retos en seguridad. “No basta con reaccionar ante el delito; es indispensable anticiparnos. Por eso, estamos llevando conocimiento técnico a quienes están en la primera línea: los serenos. Esta capacitación es una muestra clara de como las autoridades locales y el Estado articulan esfuerzos para dar soluciones concretas a la ciudadanía”, puntualizó.

Durante su discurso, el titular del Justicia también destacó la importancia de la reforma de justicia en el país, señalando que «no es un capricho, sino una necesidad» debido a las limitaciones legales que impiden tomar medidas efectivas contra la delincuencia. En este sentido, resaltó la necesidad de modificar el Código Procesal Penal para garantizarla lucha a favor de la seguridad ciudadana.

La conferencia inaugural, titulada “Perfil y competencias de los serenos para el fortalecimiento de la gestión local en seguridad y justicia”, fue organizada por la Dirección General de Asuntos Criminológicos del MINJUSDH, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Mancomunidad Municipal de Lima Centro.

El evento contó también con la participación del alcalde de Miraflores y presidente de la Mancomunidad, Carlos Canales Anchorena; de la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga; y la alcaldesa de Surquillo, Cintia Loayza; así como del viceministro de Seguridad Pública del Mininter, Luis Reátegui Lazarte; el comisario de Miraflores, comandante PNP Marco Bonilla y otros funcionarios públicos vinculados a la seguridad ciudadana de los distritos que conforman la mancomunidad.

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Aprueban la Política Nacional de Pesca al 2040: nueva hoja de ruta generará 440 mil empleos e incrementará aporte al PBI

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PRODUCE presentó la política que transformará el sector pesquero nacional a través del ordenamiento, la innovación tecnológica y la mejora de la comercialización de productos hidrobiológicos

A través del Decreto Supremo N° 012-2025-PRODUCE, el Ministerio de la Producción oficializó la Política Nacional de Pesca al 2040, una hoja de ruta que fortalecerá la sostenibilidad de los recursos, modernizará la infraestructura pesquera, dinamizará la economía costera y amazónica y colocará más productos hidrobiológicos en la mesa de los peruanos. Es decir, este instrumento estratégico de largo plazo, busca transformar de manera integral la actividad pesquera, haciéndola más competitiva, sostenible e inclusiva.

PRODUCE lideró el proceso de formulación de esta política siguiendo los lineamientos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y logrando el consenso en el Consejo de Coordinación Viceministerial. Este documento de gestión se convierte en la nueva guía para garantizar que la pesca no solo siga siendo un motor económico, sino también un factor importante de bienestar social y seguridad alimentaria.

Tres ejes para una pesca moderna y sostenible
La Política Nacional de Pesca al 2040 propone tres objetivos prioritarios:
1. Fortalecer el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, mediante una gestión científica basada en evidencia, mejoras en vigilancia y control, trazabilidad de los productos, capacitación técnica de pescadores artesanales y fortalecimiento de la flota nacional fuera de las 200 millas.
2. Incrementar la producción pesquera, modernizando los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPAs), potenciando la infraestructura sanitaria, ampliando la cadena de frío y promoviendo la innovación tecnológica para mejorar la productividad en toda la cadena de valor.
3. Mejorar la comercialización de productos pesqueros en el mercado nacional e internacional, impulsando la capacitación de los pescadores en gestión comercial, logística de distribución y almacenamiento, lo que permitirá llevar más productos hidrobiológicos de calidad a todo el país, incluyendo distritos que hoy tienen acceso limitado.
“Esta política reconoce a la pesca como una actividad estratégica que conecta la economía, la alimentación y la vida de nuestras comunidades costeras. No estamos hablando solo de una actividad extractiva, estamos hablando de oportunidades para miles de peruanos”, destacó el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos.

Impacto económico y social
Con la implementación de esta política, el sector pesquero proyecta pasar de aportar 0.75 % a 1.29 % del PBI nacional y generar más de 440 mil empleos directos e indirectos. Además, se estima que dinamizará la economía con US$ 467 millones adicionales por año en divisas, beneficiando de manera directa a las comunidades costeras y amazónicas.

También se prioriza la modernización de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPAs), con énfasis en la infraestructura sanitaria, lo que incrementará la confianza de los armadores y abrirá oportunidades para el desarrollo local. Se espera un aumento de hasta 60% en las operaciones de descarga, lo que permitirá mejorar el encadenamiento productivo en las zonas de pesca.

La estrategia impulsa la inversión en innovación tecnológica y sistemas de monitoreo, que permitirán elevar la productividad de los pescadores entre un 8% y 12%, mediante métodos de pesca más selectivos y de menor impacto ecológico.

“Con esta política, vamos a proteger nuestras cinco primeras millas, mejorar la infraestructura pesquera, impulsar la tecnología y dignificar el trabajo de nuestros pescadores. Es una política con visión de futuro y resultados concretos para quienes dependen del mar”, subrayó Barrientos.

Más productos pesqueros en la mesa de los peruanos
El tercer eje de la política está enfocado en potenciar la cadena de distribución y consumo interno. Mejoras en el almacenamiento, transporte y posicionamiento de los productos permitirán incrementar su valor percibido por el consumidor final.

Se estima que las ventas de productos como pescados frescos y conservas podrían crecer hasta en un 23% a nivel nacional, contribuyendo a la seguridad alimentaria y fomentando una cultura de consumo saludable, nutritiva y sostenible.

Con la implementación de esta política, el Perú se encamina a consolidar una pesca ordenada, moderna e inclusiva, que no solo contribuya al crecimiento económico, sino que garantice la conservación de sus recursos para las próximas generaciones.

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