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MINJUSDH: Bloqueo de carreteras vulnera derechos fundamentales y puede configurar delitos penales

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MINJUSDH: Bloqueo de carreteras vulnera derechos fundamentales y puede configurar delitos penales

El cierre de vías afecta gravemente la vida cotidiana de la población y está penado por la ley cuando se entorpece el funcionamiento de servicios públicos o se cometen actos violentos

9 de julio de 2025 – 11:59 a. m.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) reconoce y respeta el derecho constitucional a la protesta pacífica sin atentar contra la propiedad pública y privada, ni generar caos y desorden en las calles. Sin embargo, recuerda a la ciudadanía que los bloqueos de carreteras, más allá de ser una forma de manifestación, pueden afectar gravemente derechos fundamentales y configurar delitos sancionables por el Código Penal.

Desde una perspectiva constitucional y legal, estas acciones limitan el derecho de las personas a la libertad de tránsito, tal como lo establece el numeral 11 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Este derecho garantiza a toda persona la posibilidad de elegir su lugar de residencia, transitar libremente por el territorio nacional y salir o ingresar al país, salvo restricciones judiciales o sanitarias.

Asimismo, el bloqueo de vías atenta contra otros derechos igualmente protegidos, como el derecho a la paz, la tranquilidad, el descanso y el disfrute de un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida, hecho consignado en el artículo 2, numeral 22 de la Constitución.

Cuando el tránsito es interrumpido las consecuencias son muchas y afectan a personas que no tienen relación con la protesta. Por ejemplo, puede impedir que una ambulancia llegue a tiempo, que un niño asista a su colegio, que un trabajador llegue a su empleo o que un comerciante venda sus productos. Todo esto impacta directamente en derechos como la salud, la educación, el trabajo y la propiedad privada.

Consecuencias legales
El Código Penal peruano sanciona duramente los actos violentos durante protestas. El delito de disturbios, por ejemplo, puede castigarse con penas de hasta 15 años de prisión si se afectan las vías nacionales. De igual modo, el artículo 283 sanciona el entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos como transporte, electricidad, gas o telecomunicaciones, con penas de hasta 6 años de prisión, y con agravantes que pueden llegar hasta 10 años si se generan daños graves o se afectan infraestructuras esenciales.

Por su parte, el artículo 200, numeral 4, considera como extorsión el uso de la violencia o amenaza para obstaculizar vías de comunicación con el fin de obtener beneficios de las autoridades, sancionando estos actos con penas de entre 5 y 10 años, e incluso cadena perpetua en caso de toma de rehenes.

No solo quienes participan directamente en los bloqueos pueden ser sancionados. La ley también alcanza a quienes colaboran o financian estas acciones. Si alguien provee objetos, materiales o dinero que ayuden a realizar un bloqueo o disturbio, también puede ser procesado y recibir penas de hasta 6 años de prisión.

Finalmente, el MINJUSDH hace un llamado a la ciudadanía a ejercer sus derechos con responsabilidad. En ese sentido, es importante recordar que hay formas legítimas y pacíficas de hacer oír una demanda. Las protestas no deben convertirse en escenarios de violencia o en actos que perjudiquen a la mayoría. Existen canales institucionales y espacios de diálogo que permiten atender los reclamos sociales sin poner en riesgo a la población ni caer en actos delictivos.

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CCL Pide destrabar S/66 000 millones en obras por impuestos para prevenir los efectos de El Niño

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CCL Pide destrabar S/66 000 millones en obras por impuestos para prevenir los efectos de El Niño

El gremio empresarial plantea aprovechar los Certificados de Inversión Pública Regional y Local para acelerar proyectos de prevención, mientras el Gobierno alista un mecanismo «exprés» que reduciría a un mes los plazos de adjudicación de estas obras.

Durante el foro «Fenómeno El Niño: Prevención, infraestructura y defensa de la producción nacional», realizado en Piura, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) instó a impulsar con mayor rapidez el mecanismo de Obras por Impuestos para cerrar brechas de infraestructura y reducir el impacto de futuros eventos climáticos. El primer vicepresidente del gremio, Sandro Stapleton Ponce, remarcó el potencial de este instrumento. «Los CIPRL cuentan con aproximadamente S/66 000 millones que pueden ser destinados a Obras por Impuestos», señaló, en referencia a los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), los documentos que emite el Estado para que las empresas privadas recuperen, vía crédito tributario, lo invertido en estas obras públicas.

Stapleton también propuso transformar el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) en un modelo paramétrico, que active pagos automáticos a partir de indicadores climáticos previamente establecidos, y planteó crear un seguro pesquero similar para los pescadores artesanales, con un registro previo de beneficiarios que agilice la entrega de recursos. También pidió acelerar los bonos para las familias afectadas, tanto para reconstrucción de viviendas como para alquiler temporal, aprendiendo de las demoras registradas durante El Niño de 2017.

La propuesta de la CCL se da mientras el Gobierno trabaja en un mecanismo paralelo, el «OxI Exprés», que buscaría reducir de tres o cuatro meses a solo uno el plazo para contratar a las empresas ejecutoras de estas obras de prevención, según adelantó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, durante un foro organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en Piura. El funcionario fue enfático sobre la urgencia de destrabar estos recursos. «Cada sol que no gastamos hoy son vidas que se dejan de salvar», afirmó. Stapleton cerró su intervención con un llamado a la ciudadanía, en especial a los jóvenes, de cara a las Elecciones Municipales y Regionales: «No basta con escuchar promesas. Es necesario conocer las propuestas, contrastarlas y exigir resultados concretos a quienes buscan gobernar nuestras ciudades y regiones».

Fuente: Revista Economía

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Autoridades que sean elegidas en octubre gobernarán con el Fenómeno El Niño en desarrollo: su capacidad de gestión será decisiva

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Autoridades que sean elegidas en octubre gobernarán con el Fenómeno El Niño en desarrollo: su capacidad de gestión será decisiva

Más de ocho millones de peruanos están en riesgo alto ante inundaciones y la pesca ya cayó 33.2% en el primer semestre, un antecedente que cobra relevancia en Lima Norte, donde distritos como San Martín de Porres arrastran uno de los niveles más bajos de ejecución presupuestal del país.

En el marco de las próximas elecciones de octubre, los peruanos elegirán a gobernadores y alcaldes que asumirán funciones en medio de la recuperación de los daños provocados por el Fenómeno El Niño. Con más de ocho millones de peruanos en riesgo alto o muy alto ante inundaciones, de los cuales el 47% se concentra en el norte del país, y una economía que ya muestra descensos en sectores clave como la pesca, que cayó 33.2% en el primer semestre, el voto informado se presenta como la herramienta más urgente para evaluar propuestas viables.

La tentación de utilizar políticamente la emergencia ha encendido las alarmas en el sector empresarial norteño. Alfonso Medrano, expresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, advirtió firmemente en diálogo con Exitosa que el Fenómeno El Niño «podría ser utilizado con ‘cálculo electoral’ de cara a las próximas elecciones regionales y municipales», al tiempo que cuestionó con severidad que «se intenten mostrar ‘soluciones maquilladas’ en lugar de implementar medidas efectivas de prevención y respuesta». Ese riesgo de promesas sin sustento no es ajeno a Lima, pues San Martín de Porres apareció este año como uno de los distritos con más baja ejecución de inversiones del país, un antecedente que los electores deberían tener presente al evaluar las propuestas de prevención que ofrezcan los candidatos de la zona.

Frente a un gobierno saliente que no implementó las medidas de prevención necesarias, según nueve de cada diez economistas encuestados por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la transición política exige planes con sustento real. Según informes publicados por El Comercio, enfrentar esta realidad climática requerirá a futuro «mejor planificación, mayor presupuesto y agilidad en la ejecución de obras mayores de prevención». Asimismo, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, recordó el costo social de la inacción al señalar que «detrás de cada embarcación que deja de salir, de cada faena que se reduce o de cada recurso que cambia su distribución, hay familias que ven afectados sus ingresos». El voto informado es el único mecanismo para garantizar que las nuevas autoridades ejecuten con transparencia los presupuestos y protejan a la ciudadanía.

Fuente: El Comercio, Perú.21, Imarpe

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