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Intentos de ciberataques escalan en empresas peruanas
Ciberataques escalan en Perú: ¿están las empresas listas para responder?
Los incidentes informáticos registran un aumento sostenido en el entorno corporativo peruano, consolidándose como una de las principales amenazas para la continuidad operativa de los negocios. El reporte Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial posiciona a la ciberinseguridad como el sexto riesgo más severo en el horizonte de dos años a nivel global, con un alcance proyectado a incrementarse en el largo plazo. El panorama local evidencia la gravedad de esta situación, hasta tal punto que la firma FortiGuard Labs detectó más de 748 millones de intentos de ciberataques en el país. Ante este escenario de vulnerabilidad, se vuelve indispensable que las organizaciones nacionales fortalezcan sus capacidades técnicas.
¿Cuáles son los sectores económicos más expuestos a las amenazas digitales?
La distribución de las ofensivas cibernéticas muestra una concentración selectiva en actividades estratégicas del mercado peruano. La consultora Marsh señala que rubros como el financiero, energía y minería, junto con la manufactura, se ubican entre los más comprometidos por estas acciones delictivas. Esta exposición responde de manera directa a la naturaleza crítica de sus operaciones diarias, la alta sensibilidad de los datos confidenciales que gestionan y su elevado nivel de interconexión en la red.
Las modalidades de agresión informática —que abarcan desde secuestros de datos por ransomware y fraudes de phishing sofisticado, hasta intrusiones complejas en la cadena de suministro— generan pérdidas financieras, daño reputacional y afectación operativa prolongada. A pesar de la severidad del panorama, solo un porcentaje menor de empresas peruanas cuenta con una estrategia de protección plenamente implementada para mitigar contingencias.
¿Por qué bloquear los intentos de ataque ya no es una meta realista?
Los esquemas de seguridad informática tradicionales basados de forma exclusiva en barreras perimetrales resultan insuficientes frente a la sofisticación de los vectores de ataque actuales. Las organizaciones requieren transicionar hacia modelos de gestión adaptativos enfocados en la recuperación oportuna de sus activos.
«Hoy en día, una estrategia de ciberseguridad pensada en bloquear todos los intentos de ataque, no es realista. Debemos enfocarnos en la ciberresiliencia. Esto implica una visión 360 grados que va más allá de la tecnología, abarca personas, procesos, terceros e, incluso, el estudio del perfil de las amenazas para poder estructurar iniciativas y proyectos apropiados.», señaló Edson Villar, Líder Regional de Consultoría en Riesgo Cibernético de Marsh.
Un ciberataque significativo excede el ámbito del departamento de soporte informático; posee la capacidad de paralizar la producción, golpear la generación de ingresos directos, minar la confianza de los consumidores y desencadenar responsabilidades legales de gran envergadura. Tanto la alta dirección como las juntas de accionistas deben incorporar este asunto como una prioridad en sus agendas corporativas.
¿Qué pasos permiten construir una estrategia de ciberresiliencia efectiva?
La estructuración de un marco de respuesta sólido demanda un proceso metodológico que involucre a todos los niveles de la organización. Los especialistas de Marsh destacan cinco pautas de gestión para consolidar la resiliencia en los entornos digitales:
- Reforzar el gobierno interno: Consiste en promover una cultura organizacional de prevención liderada por las altas jefaturas, facilitando que las buenas prácticas permeen en el día a día de los colaboradores y proveedores externos.
- Evaluar los riesgos de forma periódica: Implica entender cuáles son los principales escenarios de vulnerabilidad que podrían afectar el patrimonio del negocio, permitiendo priorizar recursos según el nivel de amenaza real.
- Implementar controles técnicos: Involucra establecer herramientas para prevenir incidentes, detectar intrusiones tempranas y ejecutar pruebas técnicas constantes que validen el correcto funcionamiento de los sistemas defensivos.
- Optimizar la capacidad de respuesta inmediata: Demanda definir protocolos de acción precisos ante la materialización de un ciberincidente, practicando simulacros continuos a nivel estratégico, táctico y operativo para mitigar daños.
- Garantizar la continuidad del negocio: Requiere estructurar y auditar planes de crisis para mantener activos los procesos críticos de la compañía cuando los servicios de software y conectividad colapsen.
¿Cuál es el estado de la adopción de seguros cibernéticos en el mercado peruano?
La transferencia financiera del riesgo mediante la contratación de pólizas especializadas se mantiene en una fase inicial en el país. Apenas algunas corporaciones locales cuentan con este tipo de coberturas, quedando la gran mayoría de las organizaciones desprotegidas ante el impacto económico de una filtración de datos masiva.
«Apoyamos a las empresas peruanas a estar cada vez más preparadas para enfrentar el panorama de ciberamenazas desde 5 pilares clave: Estrategia de ciberseguridad, Personas y cultura, Seguridad defensiva y ofensiva, Gestión de ciberincidentes y Seguro de riesgo cibernético.», finalizó Villar.
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Más de 200 personas acceden a trámites de DNI en Iparia
El Programa PAIS y Reniec tramitan el DNI de más de 200 pobladores shipibo-konibo en Ucayali
Un total de 200 pobladores pertenecientes a comunidades nativas shipibo-konibo, en el distrito de Iparia, realizaron trámites de su Documento Nacional de Identidad (DNI) de forma gratuita durante agosto de 2026. La campaña se ejecutó en la provincia de Coronel Portillo mediante una estrategia coordinada entre el Tambo Colonia del Caco del Programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Aparte de la emisión de nuevos documentos, la jornada social de tres días atendió solicitudes de cambio por caducidad, duplicado por pérdida, renovación, actualización de datos e inscripción de partidas de nacimiento. En total, las instituciones involucradas sumaron más de 400 atenciones en favor de los residentes de las localidades de Colonia del Caco, Nazareth y Amaquiria.
¿Qué impacto económico y logístico genera la campaña en Iparia?
La intervención en el distrito de Iparia contó con el soporte técnico de la Dirección Regional de Identificación y Asistencia Social (DRIAS) de Ucayali. Esta gestión descentralizada evitó que las familias vulnerables de la cuenca fluvial gastaran recursos económicos y emplearan hasta un día entero de navegación para trasladarse hacia la ciudad de Pucallpa.
Sobre la relevancia de la descentralización de los trámites estatales, Jaksson Villaorduña, coordinador regional del Programa PAIS en Ucayali, precisó: “A través de los Tambos y la articulación con el Reniec, garantizamos que las personas que viven en estas zonas de difícil acceso ejerzan su derecho a la identidad sin tener que salir de sus comunidades o realizar largos desplazamientos hasta la capital de la provincia para realizar los trámites del DNI”.
¿Por qué el DNI es la puerta de entrada a los servicios básicos?
Contar con una identificación oficial constituye un requisito indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Más que un registro administrativo, el DNI facilita la inclusión social de los pobladores originarios, garantizando su incorporación en los programas del Estado, la atención en los servicios públicos de salud, el acceso a la educación formal, la inserción al empleo y la protección legal.
¿Cuál es la cobertura del Programa PAIS en la región ucayalina?
En la región Ucayali, la infraestructura social gestionada por la entidad gubernamental dispone de seis Tambos operativos. Estas plataformas fijas conectan los servicios del Estado con más de 70 comunidades nativas de la Amazonía peruana.
Durante el año 2026, la red de atención social ha superado las 16 000 atenciones dirigidas a personas que habitan en los sectores más alejadados del territorio regional, fortaleciendo la presencia institucional en la selva central.
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“Santa Anita perdió más de 140 millones de soles por malas gestiones municipales”
Ingrid Alcarraz, candidata de Juntos por el Perú para el distrito de Santa Anita, apuesta por una estrategia integral contra la delincuencia, la ampliación de vías clave para eliminar cuellos de botella y la creación de un centro de salud y bienestar animal. Como santanitense de nacimiento, empresario y ex subprefecta, conoce la realidad de su distrito y sabe cómo lograr el desarrollo, progreso y bienestar de sus vecinos.
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD BAJO CUATRO PILARES
Frente a la creciente ola de robos al paso y extorsiones que afectan a los pequeños comercios y a las líneas de transporte menor en el distrito, Alcarraz planteó un enfoque integral basado en cuatro ejes: infraestructura, tecnología, aspecto legal y prevención.
- Prevención con deporte y salud mental: Propone recuperar espacios públicos para el desarrollo deportivo y académico de los jóvenes. Abrir en todos los sectores del distrito, academias deportivas municipales gratuitas para alejar a los niños y jóvenes de las calles. Con ello, formará también hombres y mujeres responsables, con valores, líderes y sabiendo trabajar en equipo.
Asimismo, planteó el abordaje de la salud mental mediante campañas en colegios y parques, articulando esfuerzos mediante convenios con instituciones locales como el Centro de Salud Mental Comunitario y el Hospital Hermilio Valdizán.
- Tecnología de vanguardia: Bajo la propuesta «Santa Anita Smart», proyecta la implementación de un sistema de videovigilancia equipado con inteligencia artificial para el reconocimiento facial y de placas. Alcarraz enfatizó que este sistema operará mediante una central de monitoreo moderna integrada directamente con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía para garantizar su efectividad legal.
- Infraestructura segura: Promete la mejora de la iluminación y la recuperación de espacios actualmente abandonados o inseguros, como el Parque 6 de Andahuaylas.
AMPLIACIÓN DE VÍAS Y CONECTIVIDAD URBANA
Para solucionar el caos vehicular y los denominados «cuellos de botella» que afectan la calidad de vida de los residentes, Ingrid Alcarraz se comprometió a gestionar proyectos de infraestructura vial ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima:
- Puente Atarjea (Puente Tecno): Gestión para la ampliación de la vía de la Av. César Vallejo para agilizar la salida del distrito en horas punta.
- Avenida Ferrocarril: Coordinará con El Agustino y Lima Metropolitana para pavimentar y limpiar la zona colindante a Sedapal, erradicando los botaderos de desmonte y focos delictivos actuales.
- Megaproyectos y áreas verdes: Fiscalizará y gestionará los tramos de la ampliación de la Av. Huarochirí (hacia el Malecón Checa) y los pasos a desnivel para asegurar que las vías adyacentes reciban inversión en pistas e iluminación, además de defender el compromiso ambiental y la conservación de los árboles frente al avance de las obras urbanas.
BIENESTAR ANIMAL Y SALUD PÚBLICA
Alcaraz criticó la inoperatividad de la actual veterinaria municipal y anunció la creación de un «Centro de Salud y Bienestar Animal». Este establecimiento proyecta ofrecer atención de emergencias las 24 horas, consultas a costos sociales accesibles, campañas masivas y continuas de esterilización, vacunación, y programas de educación ciudadana para combatir el abandono de mascotas en puntos críticos como el «Parque del Triángulo».
CUESTIONAMIENTOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Ingrid Alcarraz, administradora de profesión y ex subprefecta de Santa Anita, alertó sobre la deficiente capacidad de gasto de las autoridades previas, señalando que entre el año 2015 y el período anterior se devolvieron al erario nacional más de 140 millones de soles que debieron ser destinados a proyectos de inversión pública. Tras detallar los bajos niveles de ejecución presupuestal al inicio de los últimos períodos municipales, exhortó a los vecinos a emitir un voto informado para dar paso a una administración caracterizada por la transparencia, la eficiencia técnica y la lucha frontal contra la corrupción.
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