Varios ciudadanos expresan dudas sobre si esta medida abordará los problemas fundamentales del país, destacando la necesidad de reformas más profundas en la gestión pública y la inversión privada.

En medio del debate nacional sobre la posible implementación de una Asamblea Constituyente, surgen opiniones que cuestionan su eficacia como solución a los problemas del país. Muchos ciudadanos, consideran que la medida no aborda las verdaderas raíces de las dificultades que enfrenta la nación.

Octavio Marchena, transportista de profesión, ve la Asamblea Constituyente como una distracción más que una solución. «Para que el país avance, necesitamos, en primer lugar, una gestión eficiente; en segundo lugar, funcionarios idóneos en los cargos, y en tercero, mayor inversión privada para generar empleo», asegura. Destaca que solo con personas capaces, éticas y administrativamente competentes en puestos clave se podrán hacer los cambios necesarios.

Mientras que César Augusto, estudiante, indica que una Asamblea Constituyente no solucionará los problemas del país porque aún sufrimos de inseguridad ciudadana. “En la parte de inversión privada, estoy de acuerdo porque generará más empleo, aunque, debería haber control para evitar robos y corrupción”, señaló.Fuente: Lima Conecta

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, participó este jueves en una actividad con motivo del aniversario del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Durante el evento, el decano Raúl Canelo Rabanal aprovechó la ocasión para plantear una solicitud urgente al Ejecutivo a través del primer ministro.

Al término de una conferencia de prensa ofrecida por Adrianzén, Canelo Rabanal dirigió un pedido formal para que la Presidencia del Consejo de Ministros revisara la ley sobre delitos de lesa humanidad, cuyo plazo de observación vencía ese mismo día. «Señor presidente del Consejo de Ministros, le pido que la PCM considere la posibilidad de observar esta ley. El Colegio de Abogados ya ha manifestado su opinión; esta ley es antitécnica y podría violar los derechos fundamentales, además de tener posibles repercusiones internacionales», expresó el decano del CAL.

Canelo Rabanal subrayó la importancia de considerar esta solicitud con el mismo criterio que el Gobierno está aplicando en relación con la situación de Venezuela y el discurso del canciller ante la OEA. «Si estamos asumiendo un rol activo en defensa de la democracia, como ha señalado el canciller González-Olaechea en relación a los ciudadanos venezolanos, debemos también observar esta ley, así como la del crimen organizado», concluyó Canelo Rabanal.

La solicitud del CAL refleja una preocupación profunda por la posible afectación de los derechos fundamentales y las repercusiones internacionales de la ley en cuestión, y resalta la necesidad de una revisión cuidadosa y fundamentada por parte del Ejecutivo.