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Poder Judicial dispone que la Procuraduría General participe en interrogatorio a Dina Boluarte
Sin embargo, el magistrado supremo Juan Carlos Checkley no anuló la declaración del primer ministro Alberto Otárola como pretendía la defensa del Estado.
El juez supremo Juan Carlos Checkley concedió la tutela de derechos interpuesta por la Procuraduría General del Estado (PGE) y dictaminó que esta participe en todo interrogatorio fiscal. Esta medida incluye a la mandataria Dina Boluarte, sobre las muertes registradas durante las manifestaciones de diciembre y enero último.
Justamente, la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, suspendió la declaración de Boluarte programada para el pasado 7 de marzo a la espera de esta resolución.
El procurador general, Daniel Soria, interpuso el recurso luego de que la Fiscalía de la Nación no lo convocara a participar de la toma de declaración del primer ministro Alberto Otárola el pasado 16 de febrero. Es por ello que solicitó la anulación de la manifestación y que, a partir de ahora, su despacho sea citado en las diligencias como parte agraviada.
Tras esto, el magistrado Checkley concluyó que el derecho del agraviado no solo puede entenderse por lo que estipule el CPP.
“Los derechos del agraviado no se encuentran supeditados solo a lo establecido en el artículo 95 del Código Procesal Penal, y por ende su protección constitucional va más allá, al igual que su participación en el proceso penal”, señala la resolución del 8 de marzo.
Asimismo, precisó que el CPP tampoco regula la prohibición de participantes en una diligencia fiscal de este tipo, por lo que acogió el reclamo de Soria en este punto.
“Es preciso señalar que las reglas del CPP no regulan expresamente una prohibición a la participación del agraviado durante las declaraciones en sede preliminar y preparatoria; sin embargo, establece con claridad el artículo 88 inciso 3 del CPP quiénes son sujetos que podrán interrogar al imputado, señalando que “lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor”. No obstante, este precepto normativo no limita la participación del agraviado que pueda estar presente durante la declaración de un imputado, más aún si este ya fue partícipe de una primera declaración no concluida, como lo es en el presente caso”, sostuvo.
Petición de anular la manifestación del premier
Respecto a la solicitud de anular la manifestación del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el juez denegó esta posibilidad al señalar que el artículo 150 del CPP -que regula la nulidad absoluta- no establece dicha regla, pero que “es posible subsanar dicha declaración (vía su ampliación, por ejemplo) con la participación de la PGE, por lo que la nulidad invocada es infundada”.
Es así como la fiscal de la Nación ya podrá reprogramar un nuevo interrogatorio a la presidente Boluarte y deberá citar a la PGE.
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Especialista de Videnza Instituto propone un sistema digital único y medidas de seguridad jurídica para impulsar el 73 % de iniciativas aún paralizadas.
Más del 73 % de los proyectos de la Cartera de Proyectos Mineros permanecen paralizados debido a la excesiva tramitología, conflictos sociales y falta de infraestructura. Ante este panorama, el exministro de Economía y director de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, sostuvo que el Gobierno debe implementar cuatro acciones clave para reactivar estas iniciativas extractivas.
En primer lugar, Castilla propuso la implementación de un Sistema Único de Tramitación Digital (SUTD) que unifique procesos y reduzca los plazos a 12 meses. Además, subrayó la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica y la estabilidad fiscal, mediante la ampliación y blindaje de los Pactos de Estabilidad Tributaria, a fin de garantizar que no se modifiquen tasas ni regalías durante el periodo de inversión.
El exministro también resaltó que “es crucial la inversión en infraestructura de apoyo: desarrollar corredores logísticos prioritarios (sur y norte) bajo Asociaciones Público-Privadas, reduciendo costos de transporte. Además, es necesario impulsar proyectos de transmisión eléctrica para garantizar suministro continuo en áreas remotas”.
Por último, Castilla hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el diálogo social y la gobernanza territorial, mediante la creación de Mesas de Diálogo Regionales estables, que cuenten con protocolos de seguimiento y presupuestos asignados para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Fuente: Rumbo Minero
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PwC advierte incertidumbre sobre continuidad de Petro-Perú tras pérdidas por US$774 millones en 2024
Auditoría revela que la estatal enfrenta riesgos como empresa en marcha por fallas recurrentes en su planta de Flexicoking y competencia en el mercado de combustibles.
Petro-Perú registró una pérdida neta de US$774 millones en 2024, según sus Estados Financieros auditados por PwC, que cuestionan su viabilidad como «empresa en marcha». La auditoría atribuyó el resultado a la baja producción de la Refinería de Talara (NRT) y a la venta de residuales por fallas en la planta de Flexicoking (FCK), clave para procesar crudos pesados. «La FCK ha estado paralizada 8 de los últimos 16 meses», detalló el informe.
Expertos como César Gutiérrez, ex presidente de Petro-Perú, anticipan otro año negativo: «Podrían perder US$230 millones en 2025». Fernando de la Torre, exgerente financiero, destacó que el rescate del MEF evitó la insolvencia, pero criticó que no se ajustara el valor contable de la NRT pese a sobrecostos documentados por la Contraloría.
PwC sugirió evaluar unidades como el Oleoducto Norperuano (ONP), afectado por atentados, y priorizar la reestructuración corporativa. «Sin cambios, la dependencia del Estado seguirá», advirtió Erick García, experto en hidrocarburos.
Fuente: El Comercio
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