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Poder Judicial dispone que la Procuraduría General participe en interrogatorio a Dina Boluarte
Sin embargo, el magistrado supremo Juan Carlos Checkley no anuló la declaración del primer ministro Alberto Otárola como pretendía la defensa del Estado.
El juez supremo Juan Carlos Checkley concedió la tutela de derechos interpuesta por la Procuraduría General del Estado (PGE) y dictaminó que esta participe en todo interrogatorio fiscal. Esta medida incluye a la mandataria Dina Boluarte, sobre las muertes registradas durante las manifestaciones de diciembre y enero último.
Justamente, la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, suspendió la declaración de Boluarte programada para el pasado 7 de marzo a la espera de esta resolución.
El procurador general, Daniel Soria, interpuso el recurso luego de que la Fiscalía de la Nación no lo convocara a participar de la toma de declaración del primer ministro Alberto Otárola el pasado 16 de febrero. Es por ello que solicitó la anulación de la manifestación y que, a partir de ahora, su despacho sea citado en las diligencias como parte agraviada.
Tras esto, el magistrado Checkley concluyó que el derecho del agraviado no solo puede entenderse por lo que estipule el CPP.
“Los derechos del agraviado no se encuentran supeditados solo a lo establecido en el artículo 95 del Código Procesal Penal, y por ende su protección constitucional va más allá, al igual que su participación en el proceso penal”, señala la resolución del 8 de marzo.
Asimismo, precisó que el CPP tampoco regula la prohibición de participantes en una diligencia fiscal de este tipo, por lo que acogió el reclamo de Soria en este punto.
“Es preciso señalar que las reglas del CPP no regulan expresamente una prohibición a la participación del agraviado durante las declaraciones en sede preliminar y preparatoria; sin embargo, establece con claridad el artículo 88 inciso 3 del CPP quiénes son sujetos que podrán interrogar al imputado, señalando que “lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor”. No obstante, este precepto normativo no limita la participación del agraviado que pueda estar presente durante la declaración de un imputado, más aún si este ya fue partícipe de una primera declaración no concluida, como lo es en el presente caso”, sostuvo.
Petición de anular la manifestación del premier
Respecto a la solicitud de anular la manifestación del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, el juez denegó esta posibilidad al señalar que el artículo 150 del CPP -que regula la nulidad absoluta- no establece dicha regla, pero que “es posible subsanar dicha declaración (vía su ampliación, por ejemplo) con la participación de la PGE, por lo que la nulidad invocada es infundada”.
Es así como la fiscal de la Nación ya podrá reprogramar un nuevo interrogatorio a la presidente Boluarte y deberá citar a la PGE.
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PROYECTOS DEL CONGRESO CONVERTIRÍAN A SUNAFIL EN UNA AMENAZA PARA LAS MYPE EN VEZ DE UN ALIADO
Horizonte Laboral advierte que vincular los salarios de los inspectores de Sunafil a recursos provenientes de multas y sanciones crearía un incentivo que distorsiona la función fiscalizadora, lo que podría agudizar la vulnerabilidad de las más de 2,3 millones de mype del país.
Las micro y pequeñas empresas podrían enfrentar mayor presión si avanzan las iniciativas del Congreso orientadas a mejorar las remuneraciones de los trabajadores de Sunafil, advierte Horizonte Laboral. Mientras el Proyecto de Ley N.º 9744/2024-CR, que plantea una bonificación por desempeño, ya cuenta con dictamen, otras tres propuestas que buscan implementar una nueva escala remunerativa se encuentran en agenda del Pleno: los proyectos N.º 14184/2025-CR, 14023/2025-CR y 13696/2025-CR.
Las mype representan el 99.7 % de la estructura empresarial del país, con más de 2.3 millones de unidades productivas. Además, enfrenta altos niveles de informalidad, con 90.3 % en microempresas y 45.6 % en pequeñas empresas. Según la Encuesta Nacional de Empresas 2019, solo el 15.8 % de las microempresas accedió a servicios de asistencia técnica especializada. “Las mipyme necesitan asistencia y orientación para transitar hacia la formalidad”, precisa Paloma Cotrina Navarro, especialista legal de Horizonte Laboral.
La experta menciona que el problema no es mejorar las condiciones laborales del personal de Sunafil, sino la forma en que se financian esos beneficios. En esa línea, señala que vincular los aumentos salariales con recursos obtenidos por sanciones puede afectar la confianza en la fiscalización laboral. “Mientras más sanciono, más voy a ganar. Ese es justamente el tipo de incentivo que debería evitarse”, comenta Cotrina. Según el informe, este diseño puede reforzar una visión más recaudatoria que preventiva y elevar los costos para empresas con menor capacidad económica.
Fuente: Gestión & Horizonte Laboral
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“LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL PERÚ RECHAZA PROTESTAS CONTRA EL CONTEO ELECTORAL”, REPORTÓ PERÚ 21
“La CTP aseguró que rechazan «las convocatorias a movilizaciones, actos de presión o cualquier acción que busque desconocer, condicionar o influir indebidamente en el trabajo de los organismos electorales»
La Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) se pronunció sobre el proceso de conteo de actas de los comicios presidenciales realizados el pasado domingo 7 de junio de 2026 y se mostró en contra de aquellos que llaman a marchar frente al conteo.
A través del comunicado, los representantes de la CTP señalaron que la institución «reafirma su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el respeto irrestricto a la voluntad soberana expresada por el pueblo peruano en las urnas el 07 de junio de 2026».
Frente a las recientes manifestaciones e iniciativas de movilización social reportadas en los últimos días, se mostró en contra de las mismas y llamó a los dirigentes a «mantener la calma y esperar responsablemente los resultados oficiales que emita la autoridad electoral competente».”, reportó Perú 21.
Fuente: Perú 21
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