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Por: Antero Flores – Araoz // Internet libre ¿Cómo?

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Se acaba de publicar oficialmente, la ley que modifica parcialmente nuestra Constitución, agregando a la relación de los derechos esenciales de las personas, el uso de las tecnologías de la información y comunicación en todo el país, que el Estado promueve.

Por añadidura la misma Ley 31878 incorpora a la Constitución la garantía del Estado, a través de la inversión pública como privada, el acceso a Internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas.

Evidentemente la nueva norma es ambiciosa, aunque está reconociendo que el acceso de las personas a la tecnología digital es importantísimo y el Estado debe promoverlo y garantizarlo.

Sin embargo y sin ánimo de ser aguafiestas, la norma recién dictada, solo es el cimiento sobre el cual hay que construir el edificio normativo y fáctico que lo haga posible, pues es muy lindo decir todos tienen derecho al acceso libre a Internet, sobre todo en zonas rurales y comunidades, pero ello implica que en todo el territorio nacional debe haber energía, y sabemos que aún no la hay, además de que el uso de Internet requiere el pago del servicio, pues como decía el ministro de Economía y Finanzas Carlos Boloña, “no hay lonche gratis”, por lo cual tienen que asignarse en el Presupuesto General de la República, los recursos para todo ello, incluso para las computadoras de las Escuelas del Estado, pues sin ellas el derecho al Internet libre seguirá siendo un anhelo pero no una realidad.

Si bien ya tenemos la norma básica, ahora se requiere su desarrollo y hacerla realidad, ya que hasta ahora como dice viejo aforismo: “del dicho al hecho hay mucho trecho”.

Algo que de una vez tiene que hacerse, es la incorporación de los vocablos digitales a idiomas nativos como el quechua y el aimara, pues de otro modo los parlantes que solo hablan cualquiera de ellos, estarán fuera del mundo digital, esto es quedarán fuera de toda posibilidad de mejoría y desarrollo, lo que por supuesto atenta contra la igualdad de derechos que también dispone nuestra Constitución.

En el Ministerio de Educación siguen y siguen muchos de sus funcionarios calentando asiento, pero sin hacer lo que corresponde para el acceso de los quechua o aimara hablantes al mundo digital, lo cual atenta con las expectativas de ascenso social y económico de nuestros hermanos del interior del país. Esto podría llevar a pensar que se quiere continuar con la nefasta tarea de no hacer sus tareas y contratar consultorías, que muchas veces solo sirven para pagar favores o engrosar bolsillos de terceras personas.

La nueva disposición constitucional que comentada, tiene que llevarse a la práctica y no quedar como otras normas internas y tratados internacionales que son buenos deseos, aunque imposibles de cumplir. Recordemos sino el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos o el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en que palabras más o palabras menos propenden a que todos vivamos como “Alicia en el País de las Maravillas” al establecer el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia …”

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Ministro de Justicia dispone reforzamiento de medidas de seguridad del penal de Challapalca

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Junto al presidente del Instituto Nacional Penitenciario y equipo técnico, constató in situ el funcionamiento del Centro de Monitoreo y Control.

3 de julio de 2025 – 2:34 p. m.

De manera inopinada y con el objetivo de fortalecer la seguridad del Establecimiento Penitenciario de Challapalca, ubicado en la región Tacna, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, supervisó la infraestructura y tecnología con inteligencia artificial que se usa en este penal.

«Estamos en Challapalca constatando que todo funcione adecuadamente y, sobre todo, viendo las mejoras que podemos hacer para impulsar la labor que realizan los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE)», dijo el ministro.

Junto al presidente (e) del INPE, Marlon Florentini, agregó que esta inspección in situ le ha permitido identificar algunas observaciones que, inmediatamente, deben ser levantadas. «Las cámaras de videovigilancia con las que cuenta el penal están funcionando», precisó.

Añadió que se le exigirá a la empresa que pone en funcionamiento los equipos de Rayos X y Body Scan que cumpla con lo dispuesto en su contrato o que, de lo contrario, se procederá de acuerdo a ley.

Cumpliendo compromisos
En abril de 2025, el ministro Enrique Alcántara -en su calidad de viceministro de Justicia en ese entonces- dialogó con el personal del INPE que trabaja en el Establecimiento Penitenciario de Challapalca, quienes le expresaron algunas necesidades logísticas para el cumplimiento óptimo de sus funciones.

En ese sentido, a través del INPE, el titular del MINJUSDH entregó 2 lavadoras, 2 secadoras, 100 frazadas de micropolar y 20 calefactores, los que impactarán positivamente en el trabajo y la salud de los agentes, quienes laboran a 5050 m s. n. m.

Supervisión y requisas
Como parte de las acciones ejecutadas para fortalecer el principio de autoridad, el ministro y el presidente del INPE supervisaron tres pabellones del penal de Challapalca.

La noche previa, en el penal de Tacna, se ejecutó una requisa, donde agentes del Grupo de Operaciones Especiales incautaron diversos objetos prohibidos. Estas acciones demuestran el compromiso del MINJUSDH con el control total y el orden en los penales de todo el país, y la promoción de talleres que permitan la resocialización de los internos.

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Brindarán asistencia técnica para el proyecto del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Pucallpa

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El Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), brindará acompañamiento técnico al Gobierno Regional de Ucayali en la formulación del proyecto de construcción del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Pucallpa.

El acuerdo se consolidó durante la instalación de la mesa técnica interinstitucional de alto nivel para el saneamiento ambiental y la viabilidad del futuro desembarcadero, realizada el 3 de julio en el auditorio de la Cámara de Comercio de Ucayali, con la participación de la jefa del FONDEPES, Katia Novoa Sánchez. También estuvieron presentes el director regional de la Producción, Mariano Rebaza, y la congresista de la República, Jeny López Morales, entre otras autoridades.

En ese marco, Novoa Sánchez destacó el compromiso de las instituciones involucradas para impulsar un proyecto estratégico para la población ucayalina y las zonas aledañas. “FONDEPES es la entidad técnica más importante en el desarrollo de proyectos pesqueros, y este es el camino adecuado para sacar adelante esta iniciativa”, señaló.

El rol de FONDEPES como asesor técnico en las inversiones de desembarcaderos pesqueros artesanales impulsado por los gobiernos regionales, está contemplado en los lineamientos establecidos en el marco de la Ley N.º 32096. Según estos lineamientos, el proyecto debe contar con el saneamiento físico-legal del terreno, un estudio de preinversión y su resumen ejecutivo, así como los documentos que acrediten la posesión del predio. De ser necesario, también deberá incluirse un plan de contingencia con la opinión favorable del gobierno regional o local.

De acuerdo con estimaciones del Gobierno Regional de Ucayali, el DPA de Pucallpa beneficiará a cerca de 4,000 pescadores artesanales, mejorando sus condiciones de trabajo, sanidad y comercialización. Asimismo, se estima que permitirá el desembarque de aproximadamente 5,000 toneladas de pescado al año, lo que dinamizará la economía local y fortalecerá la seguridad alimentaria en la región.

La mesa técnica está conformada por el director regional de la Producción de Ucayali, la jefa del FONDEPES, representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (SUNASS), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), Asociación de Armadores Pesqueros Artesanales de la región Ucayali (ASAPARU), entre otras entidades.

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