Mientras una agrupación plantea incorporar capital privado para mejorar su gestión, la otra apuesta por un mayor control estatal en medio de una crisis financiera y de gobernanza.

El futuro de Petroperú vuelve al centro del debate en medio de su delicada situación financiera. En los últimos 14 años, la empresa ha recibido más de S/32 mil millones en apoyo estatal y, según el Banco Central de Reserva (BCR), sin ese respaldo habría acumulado 13 años consecutivos de pérdidas. De acuerdo con estimaciones, su patrimonio habría sido negativo en US$2.1 mil millones al cierre de 2025 si se excluyen los aportes públicos. Este escenario también ha impactado en la percepción ciudadana: el 84 % se opone a nuevos rescates y prioriza destinar esos recursos a salud, educación y seguridad.

Ante este escenario, Fuerza Popular propone abrir la empresa al capital privado, con la venta de activos no estratégicos y la limitación de sus operaciones a la refinación y distribución. En contraste, Juntos por el Perú (JPP) defiende el control estatal total de los hidrocarburos y rechaza la participación privada. Al respecto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) resalta que “el 88 % de los principales economistas del país está de acuerdo con la incorporación de capitales privados para mejorar la gestión interna de la petrolera estatal”. Sin embargo, la propuesta de JPP ignora este consenso técnico y califica cualquier apertura como una privatización.

De acuerdo con el análisis del IPE, el plan de JPP, liderado por Roberto Sánchez, implica riesgos para la economía nacional, pues no precisa cómo gestionará la deuda de US$7.8 mil millones ni cómo evitará depender de rescates del Tesoro. Su intención de aumentar la actividad empresarial del Estado pone en peligro el equilibrio fiscal, especialmente cuando los ahorros públicos están en sus niveles más bajos. Además, el IPE advierte que, para lograr la sostenibilidad, se requiere «asegurar una gobernanza sólida para garantizar la independencia de presiones internas o externas». Sin embargo, JPP no ha planteado reformas para mejorar la gobernanza, lo que mantendría la fragilidad institucional de la empresa.

Fuentes: IPE y El Comercio

Con un margen fiscal cada vez más estrecho, especialistas advierten que el próximo Gobierno deberá garantizar estabilidad jurídica y destrabar proyectos para sostener el empleo formal, los salarios y el crecimiento económico.

El próximo Gobierno asumirá el reto de gestionar una economía que, tras alcanzar en 2025 un crecimiento de la inversión privada del 11.3 %, su cifra más alta desde 2012, requiere de garantías de predictibilidad para no perder el impulso. Este dinamismo ha sido el motor detrás de la mayor expansión del empleo formal en 13 años, evidenciando que el bienestar social depende directamente de la confianza empresarial. Al respecto, el economista Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), enfatiza que la relación entre ambos factores es determinante: «Que la inversión privada haya crecido y que el empleo formal haya venido creciendo bien no coinciden mágicamente, hay una relación directa causal».

Para consolidar esta tendencia, resulta imperativo respetar los 1071 convenios de estabilidad jurídica que el país mantiene con inversionistas de 50 países, los cuales involucran montos por US$32,000 millones. Estos instrumentos, que tienen calidad de contratos con fuerza de ley, son esenciales para reducir la incertidumbre en proyectos de largo plazo. Cualquier intento de alterarlos enviaría una señal de alarma que ahuyentaría el capital. «Si alguien promete cambiar la regla de juego, poner impuestos, cambiar la regulación, estatizar, romper contratos, va a significar veneno para la inversión», advierte el economista Elmer Cuba, socio de Macroconsult.

Asimismo, el nuevo Ejecutivo debe enfrentar con urgencia el estancamiento de más de US$60,000 millones en proyectos mineros paralizados por trabas administrativas que duplican el promedio de espera mundial. La eliminación de esta «tramitología» es vital, dado que el sector minero es un contribuyente estratégico para el Estado. Por último, con finanzas públicas bajo presión y un margen fiscal estrecho, la inversión privada se presenta como el único medio para garantizar servicios básicos. El IPE señala que esta inversión es la vía exclusiva para generar empleo sostenible y reducir la pobreza. En esa línea, Cuba explica que otro factor clave para la producción son los trabajadores y advierte que, si la inversión no avanza al ritmo que el crecimiento de la población, el capital por personas podría caer. “Y eso afecta a los salarios, la productividad y el futuro del Perú. O sea, no podernos darnos el lujo de parar la inversión privada, más bien tenemos que acelerarla», concluye Cuba.

Fuente: El Comercio, Gestión, La República, Redimin