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Por Antero Flores-Araoz / La economía es víctima
La conflictividad social que afecta gravemente a nuestro país, originada en diferencias políticas y en la sucesión de gobiernos y parlamentos acontecida en los últimos años, tiene como lastimoso resultado la pérdida de vidas, cientos de heridos, daños a la propiedad pública y privada, asaltos a comisarías, sedes judiciales y fiscales, así como incendios y agresión a las fuerzas policiales que deben mantener el orden y, de ser el caso pues restablecerlo.
A las graves consecuencias antes mencionadas de la conflictividad social, la que, sin lugar a dudas ha sido incentivada, promovida y solventada por los enemigos de la Democracia que quieren capturar el poder para convertirnos en otra Cuba, Nicaragua o Venezuela, se agrega el resultado económico.
En efecto, al realizarse marchas violentas, transgrediéndose las disposiciones del estado de emergencia, se cierran comercios y mercados, con lo cual pierden sus conductores, a quienes las mercancías perecibles se pierden y, además siguen con sus gastos generales, pese a no tener ingresos viéndose obligados a prescindir de su personal, con lo cual se incrementa la desocupación en nuestra patria.
La interrupción del tránsito de pasajeros y mercaderías hace que las empresas transportistas pierdan ingentes cantidades de dinero, viéndose perjudicados económicamente, pues sin ingresos tienen que seguir pagando hasta las cuotas del precio de adquisición de los vehículos.
Tratándose de alimentos que están en tránsito, ellos pueden pudrirse y no ser aceptados por ningún mercado, entonces pierde el productor, el transportista y hasta el comerciante que suministró recursos en forma adelantada.
Si se tratase de mercancías que son para exportación, la cosa es más grave aún, ya que no llegan a puerto oportunamente para ser embarcadas, se pierden fletes, los compradores que adquirieron las mercancías perderán confianza en sus abastecedores y probablemente en el futuro les dejen de comprar.
Con la falta de ingresos de productores, comerciantes y transportistas, evidentemente ello afectará al Estado, pues no recibirá los correspondientes tributos, impuestos y contribuciones, con los que debe atender los gastos que demanda la administración estatal, la empleocracia pública, la atención de la educación y la salud, así como la ejecución de obras públicas. ¿Quiénes pierden? Más que cierto que perdemos todos.
Adicionalmente el Estado se ve en ante la necesidad de tener que reparar o sustituir las obras públicas dañadas, con lo cual dejará de hacer nuevas obras pues los recursos serán más limitados y no se podrá atender todo simultáneamente.
En cuanto a los bienes privados dañados, algunos desubicados dirán que no hay pérdida pues las aseguradoras pagarán la reparación o reposición de lo dañado, pero olvidan que en nuestra patria no hay cultura aseguradora y así hubiere seguro las compañías de ésa especialidad, probablemente por la mayor siniestralidad subirán los precios de sus servicios.
Quienes más se perjudican evidentemente son los que menos tienen, que tendrán que hacer enormes esfuerzos para subsistir y, ojalá abran bien los ojos para darse cuenta, que los revoltosos, violentistas y vándalos, que protestaban en nombre de ellos solo los agarraron como pretexto y miserablemente los engañaron una vez más.
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El Ministerio de la Producción y la Sociedad Nacional de Industrias se unen para mejorar la alimentación de los peruanos a base de pescado
El Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través del Programa Nacional “A Comer Pescado”, y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) han firmado un importante convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de fomentar el consumo de pescado y contribuir a la seguridad alimentaria en todo el país.
Esta alianza estratégica busca ampliar el acceso de los peruanos a productos hidrobiológicos, altamente nutritivos y ricos en omega 3, mediante una colaboración integral que abarca desde el almacenamiento y procesamiento hasta la educación nutricional
El ministro de la producción destacó la trascendencia del convenio para combatir la desnutrición infantil, “este año ha sido importante porque se ha logrado colocar 3 toneladas de recursos hidrobiológicos y tenemos proyectado llegar a más de 2 millones de familias, gracias al esfuerzo del programa A Comer Pescado”.
El convenio tiene como objetivo aumentar la disponibilidad y el consumo de productos hidrobiológicos en el territorio nacional, priorizando las regiones de Ica, Lima, Áncash, Piura y Ucayali. En estas zonas se llevarán a cabo nueve ferias de promoción, con las cuales se espera beneficiar a 9,000 familias en 2025 y comercializar aproximadamente 30 toneladas de productos hidrobiológicos
El pescado es un alimento esencial para una dieta saludable, ya que mejora la salud cardiovascular y apoya el desarrollo cognitivo en niños. Sin embargo, su consumo sigue siendo bajo en muchas partes del país. Con esta alianza, se busca fortalecer la industria pesquera, mejorar la accesibilidad y desmitificar creencias erróneas sobre los beneficios de los productos hidrobiológicos.
Asimismo, el Programa Nacional “A Comer Pescado” implementará campañas educativas para sensibilizar a las familias peruanas sobre la importancia de incluir el pescado en su alimentación diaria, fomentando así hábitos de consumo saludables.
Este convenio, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, representa un compromiso sólido para mejorar la nutrición de todos los peruanos, demostrando que una industria pesquera sostenible puede contribuir significativamente al bienestar de la población.
La actividad contó con la participación del presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Felipe James Calla, el presidente Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI, el coordinador ejecutivo del Programa Nacional a Comer Pescado, Félix Fabián Puente de la Vega Chumbe, entre otras autoridades.
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PRODUCE autoriza extracción de la concha de abanico en zona comprendida por la isla Lobos de Tierra entre Piura y Lambayeque
➢ La disposición ministerial dispone una cuota de 1,601.3 toneladas de producto. Tendrá una vigencia hasta el 30 de abril del 2025 o hasta alcanzar la cuota establecida.
➢ El inicio de las actividades extractivas está programado para el día siguiente de la publicación de las listas de embarcaciones autorizadas por los Gobiernos Regionales de Piura y Lambayeque.
En una decisión clave para el sector pesquero y acuícola, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) emitió la Resolución Ministerial N.º 000471-2024, que autoriza la extracción de hasta 1,601.3 toneladas de concha de abanico (Argopecten purpuratus) en el ámbito de la isla Lobos de Tierra, comprendida entre las regiones de Piura y Lambayeque. Esta medida busca garantizar el abastecimiento de concesiones acuícolas y promover el desarrollo sostenible de esta actividad en el país.
El permiso se fundamenta en el reciente informe del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que confirmó la existencia de un stock poblacional significativo de conchas de abanico en la zona. La actividad extractiva estará limitada a ejemplares con tamaños entre 25 y 65 milímetros de altura valvar, bajo un estricto control y monitoreo. Además, el plazo de extracción se extenderá hasta el 30 de abril de 2025 o hasta alcanzar la cuota establecida.
La concha de abanico es un recurso estratégico para cientos de pescadores artesanales, quienes serán los principales actores en esta operación. Mediante este régimen de extracción, se generarán oportunidades económicas y empleo en regiones clave como Lambayeque y Piura. Además, la medida fomenta la integración entre la pesca artesanal y la acuicultura, un sector en crecimiento que contribuye a la seguridad alimentaria del país.
La resolución también incluye disposiciones sanitarias y de conservación para proteger la biodiversidad y garantizar la calidad del recurso. La supervisión estará a cargo de PRODUCE, SANIPES y los Gobiernos Regionales de Lambayeque y Piura, quienes coordinarán las labores de fiscalización y monitoreo en las áreas autorizadas.
Hacia una acuicultura más inclusiva y sostenible
El Ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, destacó que, “esta medida no solo beneficia a los pescadores, sino que también refuerza el compromiso del Estado con la acuicultura sostenible, promoviendo un modelo que equilibra el desarrollo económico con la conservación ambiental. La resolución establece un marco que incentiva la formalización y la inversión privada, pilares fundamentales para el crecimiento del sector. Es decir, con esta resolución, impulsamos la economía local y protegemos nuestros recursos marinos para las futuras generaciones”, afirmó el titular de PRODUCE.
El inicio de las actividades extractivas está programado para el día siguiente de la publicación de las listas de embarcaciones autorizadas por los Gobiernos Regionales. Con esta acción, el Gobierno reafirma su apuesta por el fortalecimiento del sector pesquero y acuícola como motor de desarrollo para las comunidades costeras del Perú.
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