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Por: Ántero Flores-Aráoz // Persecución a fuerzas del orden

Quiénes leen el título de la presente columna, probablemente creerán que su autor se está refiriendo a los delincuentes que integran la banda criminal denominada “Tren de Aragua”, o quizás a quienes integraban la empresa Odebrecht para que la Policía fracase en sus pesquisas para determinar el monto del latrocinio contra el Estado, o también de la banda de proxenetas y trata de personas que actuaban en Lince.
Pues la verdad es que no es así, la referencia es a fiscales y jueces que ya desde mucho tiempo atrás, en las investigaciones y enjuiciamientos, cuando en las intervenciones policiales hay bajas y lesionados, tienen a las fuerzas del orden sometidas a tales acciones interminables, años y años de indagaciones y procedimientos penales que no tienen cuando acabar y que infringen una de las reglas más sabias de los tratados sobre Derechos Humanos, que establecen la obligatoriedad del debido proceso y de sus plazos razonables.
Mantener investigaciones y procesamientos que duren años y años, que como en el caso del Frontón a los marinos que intervinieron en su recuperación, los tienen en la práctica perseguidos por el ordenamiento judicial, ya no años sino década. Ello no solo es inhumano sino también irracional.
Muchas veces hemos señalado que eso que llamamos persecución desde el Estado (Ministerio Público y Poder Judicial) a las Fuerzas del Orden, como son la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, tiene que terminar Lo que hacen es cumplir con el mandato constitucional de mantener el orden público o de restablecerlo en caso necesario, pudiendo contar la Policía Nacional con el apoyo, si fuese necesario, de las Fuerzas Armadas.
La consecuencia más notoria de la persecución a las fuerzas del orden, bajo supuesto cumplimiento de la normatividad penal, es que traten de no actuar ante la comisión de delito, pues saben que, si hay daño colateral, saldrán mal parados con los injustos e interminables procesos.
Para resolver la situación que hemos expuesto, hay personas que reclaman normas legales protectoras para la Policía, pero lo cierto es que ello no es necesario, pues basta leer, además de aplicar, el artículo 20 del Código Penal, para que las fuerzas del orden no sean perjudicadas.
El artículo del Código Penal al que nos referimos señala las causas de inimputabilidad, esto es exentos de responsabilidad penal, como son entre otras: la defensa propia, la actuación con inmediatez para evitar acciones delictivas, el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber, el que obra en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente.
A dichas causas, recientes leyes como la 30151 y 31012 (con cuestionamientos esta última), añadieron a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que, en sus acciones del cumplimiento de sus deberes, causen lesiones o muerte, terminándose además con el absurdo principio de “proporcionalidad” que desconoce el factor sorpresa en que se ven envueltas las fuerzas del orden.
Como vemos, no se requieren más normas, sino que nuestros jueces y fiscales cumplan, pero a tiempo, con las disposiciones legales que están en vigencia. No puede esperarse eficiencia de las fuerzas del orden, si es que jurídicamente las tienen enmarrocadas. No es justo.
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Se gastó más del 80% de recursos para combatir la inseguridad

En los últimos cinco años, el promedio de ejecución se ha ubicado por encima del 90%, es decir, de cada S/ 100 asignado para reducir los delitos e inseguridad solo queda sin gastarse S/ 10.
La inseguridad ciudadana está desbordada pese a algunos intentos del Gobierno peruano por controlarla. La falencia principal sería una estrategia clara para combatir la delincuencia, pues cuando se revisa la ejecución del presupuesto público que se asigna para combatir este flagelo, hay avances importantes en el gasto. Los tres niveles de gobierno cuentan con S/ 5,701 millones para atender la “reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”.
De este monto, se ha devengado S/ 4,671.6 millones, es decir, se registra un avance del 81.9% a la fecha. Con esto, quedan pendiente por ejecutar S/ 1,029.4 millones hasta el cierre del año. En los últimos cinco años, el promedio de ejecución se ha ubicado por encima del 90%, es decir, de cada S/ 100 asignados para reducir los delitos e inseguridad ciudadana, solo queda sin gastarse S/10.
Este año, el Gobierno nacional, concentrado en el Ministerio del Interior (Mininter), tiene asignado S/ 3,968.6 millones, de los que ha gastado 86.9% a la fecha. Los gobiernos locales son el segundo nivel de gobierno con mayor presupuesto contra la inseguridad (S/ 1,686.9 millones), de los que ya devengó el 71.8%. Contrariamente, las regiones tienen el menor gasto: de los S/ 45.4 millones con los que cuentan para el fin mencionado, han gastado solo el 29.1%.
Fuente: Gestión
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Produce destina S/ 38 millones para fortalecer cadenas productivas

La iniciativa abarcará 12 regiones y se centrará en innovación y transferencia tecnológica
El Ministerio de la Producción (Produce) ha asignado más de 38 millones de soles para mejorar la competitividad de las principales cadenas de valor y reducir las brechas productivas y tecnológicas en micro y pequeñas empresas (mypes).
Estos recursos se destinarán a la ejecución de planes de desarrollo que promuevan la innovación, el emprendimiento y el desarrollo productivo y tecnológico en 12 regiones del país.
Las regiones beneficiarias de este cofinanciamiento de más de 3 millones de soles son Amazonas, Arequipa, Cusco, Ica, Huancavelica, Huánuco, Loreto, La Libertad, Madre de Dios, Piura, San Martín y Tacna, a través del programa ProInnóvate.
Los fondos no reembolsables otorgados por ProInnóvate permitirán activar y acelerar los ecosistemas de innovación y emprendimiento en estas regiones, mediante la colaboración entre la academia, gremios empresariales y gobiernos locales.
Cada región beneficiaria está llevando a cabo proyectos en dos fases. En la primera fase, se realiza el mapeo e identificación de los actores del ecosistema de innovación local, un análisis y diagnóstico de las capacidades y brechas de innovación, y se define un plan de desarrollo con proyectos priorizados a corto, mediano y largo plazo.
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En la segunda etapa, se ejecutan los subproyectos de mayor impacto, con el objetivo de aumentar el número de empresas innovadoras, fortalecer las capacidades técnicas y productivas de las mipymes, y generar proyectos innovadores para beneficiar a la matriz productiva de las regiones.
¿Qué es InnovaSuyu?
InnovaSuyu representa la comunidad de regiones innovadoras que han sido beneficiarias del concurso de Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación del programa ProInnóvate del Ministerio de la Producción. Esta iniciativa tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, impulsando el crecimiento de proyectos innovadores.
Las primeras regiones que accedieron a estos fondos públicos no reembolsables fueron La Libertad, Piura y San Martín (en la primera convocatoria), seguidas por Arequipa, Cusco, Ica y Tacna (en la segunda convocatoria), las cuales se encuentran en estados más avanzados y están avanzando en la ejecución de subproyectos prioritarios para sus economías.
Adicionalmente, en una tercera convocatoria, se han sumado cinco nuevas regiones beneficiarias a la comunidad InnovaSuyu: Amazonas, Huancavelica, Huánuco, Loreto y Madre de Dios.
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