En estos últimos 25 años, se ha ratificado la importancia del sector minero en el crecimiento del Perú. Ello, no sólo con la presencia de grandes capitales de inversionistas peruanos y extranjeros, sino con la construcción de minas de clase mundial -Yanacocha, Antamina, Antapaccay, Cerro Verde, Las Bambas, Mina Justa y Quellaveco-. También es evidente la importante contribución del sector en términos de PBI (aprox. 9%), inversiones privadas (alrededor de 10%) divisas con exportaciones (casi 60%), recursos con impuestos (cerca del 20%), transferencias directas a las regiones (más de 50,000 millones de soles), etc.

Según el Índice de Atracción de Inversiones Mineras divulgado por el Instituto Fraser (Canadá) este año respecto del clima de inversiones en diversas jurisdicciones y el potencial para desarrollar proyectos, el Perú ha subido 8 posiciones entre las plazas más atractivas para la inversión minera, habiendo llegado al puesto 34° del 42° que obtuvo el año inmediato anterior. Sin embargo, cabe anotar que este último índice comprende sólo 62 jurisdicciones, mientras que el anterior incluía 84 plazas.

Más allá de las distorsiones que generan la presencia de más o menos plazas mineras de año en año por la volatilidad de los precios, cambios de políticas, entre otros factores, se aprecia un nuevo retroceso del país en el referido índice de atracción de inversiones. Así, al margen del lugar en este ranking, el Perú obtiene un puntaje de 60,68 frente a 61,64 que se obtuvo en el penúltimo o al 70,41 con que se cerró en el predecesor.

En Latinoamérica, usualmente el Perú disputaba con Chile las mejores colocaciones en dicho ranking, mientras que últimamente ambos países son superados por países o regiones como San Juan (Argentina), Guyana, Brasil, Ecuador, Santa Cruz (Argentina). En esta última edición, el Perú ha tocado fondo en el puntaje logrado en el referido Índice de Atracción de Inversiones.

Por ello no sorprende que recientemente el MINEM haya indicado que la inversión minera cerró con una caída de 19% en el primer semestre del 2023 y el MEF y el BCRP han proyectado una caída de inversiones mineras en más del 13% para este año. En una coyuntura internacional de auge de precios de metales como el cobre, litio, estaño, molibdeno, oro, entre otros, y de mayor demanda de aquellos minerales necesarios para la transición energética y la descarbonización o reducción de emisiones con efecto invernadero; el Perú -con el potencial geológico ratificado en el propio ranking Fraser o en informes anuales de la USGS de EEUU- está perdiendo una gran oportunidad de usar esos recursos para generar crecimiento que permita el desarrollo del país.

El Perú sigue gozando de una Cartera de Proyectos de Inversión Minera, cuya versión 2023 comprende 47 proyectos mineros con una inversión total de 53 mil millones de dólares, los cuales se ubican en 18 regiones del país y abarcan metales básicos y preciosos, es decir una cartera descentralizada y diversificada.

Pero la inestabilidad e incertidumbre política, sumada a la conflictividad social, vienen minando el potencial de desarrollo del sector en perjuicio de inversiones, recaudación fiscal, estabilidad económica, empleo y, primordialmente, desarrollo y bienestar para sus poblaciones más vulnerables. Si a esto se añade la falta de predictibilidad y/o poca claridad en la “tramitología” necesaria a seguir ante 29 entidades y más de 230 procedimientos administrativos para ejecutar un proyecto minero, los resultados de retracción de inversiones no deben extrañar, ni se debe subestimar lo que podría venir en una siguiente edición del Índice Fraser; a menos que se enmienden las cosas a la brevedad posible.

La menor inversión obedece fundamentalmente a la poca confianza económica, la inestabilidad política y a la falta de grandes proyectos mineros por ejecutar, por lo que se requiere generar más entusiasmo por retomar exploraciones, captar inversiones, adoptar políticas públicas propicias y respetar una adecuada institucionalidad -con todo el potencial que el Perú tiene en minería y lo que con ella se puede desplegar (empleo, impuestos, tecnología, divisas, activación de economías locales, colaboración en los entornos en que se desenvuelven)-, para que el país pueda desarrollarse usando al sector minero sostenible como pilar y motor para brindar bienestar a su población y en especial a aquella más vulnerable en los próximos años.

(*) Abogado – Exviceministro de Minas