Están en la mira. La Fiscalía programó varias diligencias en el marco de la investigación que se le sigue a varios policías de Chiclayo y Trujillo, por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

Son 33 las personas que enfrentan esta investigación que surgió a raíz de la compra sobrevalorada de equipos de bioseguridad durante el inicio de la pandemia de la Covid-19, en la II Dirección Territorial Policial de Lambayeque (Dirtepol).

DILIGENCIAS

La 1° Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima dispuso que cada uno de los imputados rinda su declaración sobre los hechos que se investigan del 01 al 25 de octubre, “con presencia de un abogado de su libre elección”.

La fiscal a cargo del caso, Manuela Villar Ramírez, también requirió a todos los investigados que remitan en el plazo de 03 días un informe en el que precisen la dirección exacta de sus bienes muebles e inmuebles. Así también, de locales comerciales que sean de su propiedad, con el fin de programar la verificación de los mismos.

Mientras tanto, la fiscal esperará el desarrollo de una pericia contable, con la cual busca confirmar o descartar un desbalance patrimonial en los investigados, entre los que destaca el actual jefe de la Policía Anticorrupción de Lambayeque, comandante PNP Benny Walter Zambrano Hernández.

A él se imputa haber recibido en el periodo 2017 dinero de la proveedora Giovanna Genoveva Luna Rojas, conviviente del comandante PNP Edwar Santillán Hidalgo, también investigado.

El hermano de este último, Hugo Santillán Hidalgo, también aparece en la lista de policías que habrían recibido dinero de la citada proveedora y por tanto, es investigado.

DILIGENCIAS

Para comprender la magnitud del caso, la fiscal precisó que dicha proveedora (titular de la empresa Inversiones Cear SAC) obtuvo ganancias por más de 7 millones 734 mil soles en un periodo de cinco años (2015 – 2020), siendo la mayoría de sus ingresos (92%) provenientes de contratos con la Dirtepol de Chiclayo y Trujillo.

“Parte de estos ingresos se presume que fueron entregados a miembros de la Policía Nacional del Perú y a exservidores públicos a cargo de las licitaciones de estas dependencias”, consta en la disposición fiscal.

Los exservidores públicos descritos son Rosario Teodolina Villar Hoyos, quien “en el periodo 2018 – 2020 habría sido beneficiada de fondos ordenados por Giovanna Luna Rojas y Claudia Hernández Cornejo”.

También Lee Jan Iglesias Ahumada “quien en el año 2017 habría recibido fondos ordenados por Giovanna Luna Rojas”.

La fiscal precisa en qué año habrían recibido dinero los efectivos policiales, pero algunos parecen estar más complicados que otros debido a que registran un mayor tiempo.

Por ejemplo, Wilson Ciro Llamo Corrales, “en el periodo 2016 – 2020 habría sido beneficiado con fondos de Inversiones Cear SAC y a su vez los habría transferido a María Blacida Corrales Monteza.

Asimismo, Víctor Raúl Rivadeneria Santamaría “en el periodo 2016 – 2019 habría sido beneficiado de fondos ordenados por Giovanna Luna Rojas y su madre Genoveva Luna Rojas.

Así también, Carlos Manuel Torres Paico y Luis Alberto Chancafe Vera habría recibido dinero durante el periodo 2018 – 2020.

El mismo procedimiento habría ocurrido con la proveedora Janeth Verónica Baldeán Limaylla, representante de la empresa JA & De Jade Diseño y Servicios Generales, la cual ganó 1 millón 544 mil soles durante el periodo 2018 – 2020, la mayoría solo por contratos con la Dirtepol – Chiclayo. “Parte de estos ingresos también habrían sido distribuidos a los miembros de la PNP”, señala la fiscal.

Por tal motivo, sostiene que se habría conformado una organización criminal en la institución policial dedicada al delito de lavado de activos, en agravio del Estado.

Por: OSWALDO CABRERA