Lima Norte
Refinería de Talara de Petroperú registra un perjuicio económico de 1,115 millones de soles – Señal Alternativa
Por demoras en Unidades Auxiliares. Resultado de auditoría a contratación de fase de Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT. Se detectó perjuicios de US$ 269.1 millones y S/ 25.9 millones, así como un desfase mayor a tres años en cronograma de ejecución que incrementa los costos del proyecto.
Un millonario perjuicio económico equivalente a 1,115 millones de soles, fue detectado en una auditoría de cumplimiento realizada por un equipo especializado de técnicos de la Contraloría General de la República a la empresa Petróleos del Perú (Petroperú), como resultado de la demora en la contratación oportuna del componente de Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), lo que originó y originará gastos y pagos a adicionales a contratistas y proveedores.
Los hechos detectados provocaron un perjuicio económico de US$ 269’142,874.5 y otro de S/ 25’921,565.5 por pagos realizados a proveedores de servicios alternativos como grupos electrógenos, energía eléctrica, aire comprimido, climatización, entre otros, hasta el 31 de diciembre de 2020
En ese sentido, los resultados de la auditoría de cumplimiento del máximo ente del Sistema Nacional de Control advirtió que ambos perjuicios económicos seguirán incrementándose hasta la entrada en operación de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios (cuya función es proveer servicios a los procesos de las unidades para la refinación de petróleo crudo) que fueron adjudicados a un consorcio de empresas privadas.
Cabe señalar que en octubre del 2020, el contralor general, Nelson Shack, realizó una visita al PMRT y anunció una investigación exhaustiva sobre las inversiones realizadas en la nueva refinería de Talara, ya que dicho proyecto empezó con una inversión estimada en US$ 1,300 millones (según el estudio de factibilidad desarrollado por Arthur D. Little INC) y en octubre del año pasado su incremento ya estaría significando más de US$ 5,000 millones, es decir un aumento de 400%.
Según la Auditoría de Cumplimiento N° 15543-2021-CG/MPROY-AC, cuyo período de evaluación es del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018, funcionarios de Petroperú aprobaron que a través de un “Acuerdo Complementario” se encargue al contratista de las unidades del proceso realizar la selección de contratistas para la tercerización de los Servicios Auxiliares del PMRT, sin analizar las condiciones de contratación ni la conveniencia de su modalidad (Contrato tipo “Construir, Poseer, Operar y Transferir”, o BOOT por sus siglas en inglés) y evitando la aplicación de su Reglamento de Contrataciones.
Sin embargo, este encargo no culminó y tuvo que ser retomado por Petroperú, lo que ocasionó un desfase en el cronograma de ejecución del proyecto de seis meses y un perjuicio por un importe de US$ 56’086,754.73 y S/ 5’415,121.57 debido a pagos realizados por los servicios de tercerización a favor de la empresa encargada de las unidades del proceso, y pagos posteriores al contratista y otros proveedores, derivados de la demora en contratar las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios.
Posteriormente, la petrolera estatal decidió no continuar con el proceso de tercerización de las Unidades Auxiliares, encargado en el marco del “Acuerdo Complementario”, y en su lugar desarrolló un proceso de contratación directa pero sin realizar un análisis que considere, entre otros, factibilidad técnica, plazos, valoración de riesgos y sin prever las adecuaciones normativas necesarias, lo que conllevó a que no se logre adjudicar ningún paquete e incrementando el desfase en el cronograma de ejecución del proyecto en 11 meses, ocasionando un perjuicio por US$ 99’437,107.49 y otros S/ 9’942,518.29 por gastos diversos a favor de empresas tercerizadas y pagos reconocidos a la empresa encargada de las unidades de proceso.
Ante las idas y venidas del proyecto, se convocó a un nuevo proceso de invitación para la contratación directa de los servicios auxiliares bajo “Lineamientos Específicos” aprobados, pero sin haber subsanado parte de los requerimientos del proceso anterior, por lo que se dispuso suspender el proceso y requerir a la empresa encargada de las unidades de proceso formular su propuesta de conversión para las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios. Esta situación también provocó una demora de casi seis meses en el cronograma de ejecución y un perjuicio de US$ 50’606,385.06 más otros S/ 5’060,031.63
Pese a ello, la propuesta de conversión para construir las Unidades Auxiliares adicionando los Trabajos Complementarios, no señalaba un plazo y se efectuó al amparo de un “Acuerdo Complementario” que en ese momento resultaba inaplicable. La propuesta no fue aceptada por Petroperú debido a que no contenía los documentos requeridos y el precio ofertado no era aceptable económicamente debido a la falta de acuerdo sobre el estimado de precios para algunas partidas componentes. Nuevamente esta situación aumentó el desfase en el cronograma de ejecución en seis meses y un perjuicio económico por US$ 63’012,627.18 y otro por un importe de S/ 5’503,894.05.
El informe de auditoría señala que todos estos hechos suman un perjuicio por un importe total de US$ 269’142,874.46 y S/ 25’921,565.53, el cual seguirá incrementándose hasta que las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios entren en operaciones, y existe un desfase acumulado de más de tres años en el cronograma de ejecución del proyecto.
Funcionarios involucrados
La auditoría de la Contraloría determinó presunta responsabilidad administrativa y civil en 44 funcionarios y exfuncionarios de la petrolera estatal quienes participaron en los hechos detectados y entre los cuales figuran tres expresidentes de Petroperú entre los años 2013 y 2018, así como diversos miembros de sus respectivos directorios.
También se estableció presunta responsabilidad en las personas que ocuparon altos cargos de la empresa pública tales como Gerente General, Gerente Corporativo de Finanzas, Gerente (e) del Departamento Legal, Gerente de Refinación, Gerente Corporativo de Administración y Mejoramiento, Gerente del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, entre muchos otros.
El informe recomienda poner los hechos en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones legales contra los funcionarios, servidores y exservidores comprendidos en los hechos detectados.
También se recomienda al presidente de Petroperú disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios, servidores y exservidores de la empresa comprendidos en la auditoría. Además se recomienda que las áreas de Petroperú involucradas en contrataciones, dispongan la revisión y adecuación de sus directivas y lineamientos internos relacionados con las contrataciones, a fin de emitir los instrumentos de gestión correspondientes que permitan cumplir con las condiciones mínimas relacionadas con cada modalidad y objeto de las contrataciones.
Fuera de juego:
El PMRT se inició el 24 de mayo de 2014 con la firma del contrato del componente EPC – UP (pre-construcción y construcción) con la empresa encargada de las unidades de proceso por un valor inicial de US$ 2,730’331,602.36, mientras para la fase de Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios se suscribió un contrato por US$ 986’589,527.55 el 30 de enero de 2018.
Actualidad
MIMP: violencia de género continúa siendo una de las batallas más urgentes en la región
Con el fin de informar acerca de los avances en los preparativos de la decimoquinta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe que se desarrollará el próximo año en México, el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, participó en la inauguración de la sexagésima sexta reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en Chile.
En representación de la titular del sector, la viceministra de la Mujer, Elba Espinoza Ríos, señaló que la región puede enorgullecerse de ser la única en el mundo con una Agenda Regional de Género específica, diseñada para abordar los nudos estructurales de la desigualdad que enfrentan las mujeres, a fin de consolidar sus derechos y orientar políticas que promuevan su autonomía económica, física y la toma de decisiones.
Sin embargo, agregó qué, la violencia de género continúa siendo una de las batallas más urgentes, pese a los avances normativos. “Las mujeres en América Latina y el Caribe enfrentan cotidianamente patrones socioculturales patriarcales, discriminatorios y violentos que limitan su pleno desarrollo”, enfatizó Espinoza, tras reafirmar su compromiso con la promoción y protección de los derechos de las mujeres.
Estas declaraciones las brindó durante su intervención, en la Sesión Especial de Consulta Regional con miras al sexagésimo noveno periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde participó también la cofundadora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán del Perú e integrante de la Articulación Feminista Marcosur, Virginia Vargas.
En la cita, estuvieron presente autoridades de la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres – ONU Mujeres, así como representantes de los hermanos países de Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela.
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que representa el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región.
Actualidad
Presidenta Dina Boluarte informó que se desarticularon más de 12 000 bandas criminales
La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, lideró la cuarta y última Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) en Tarapoto, San Martin, en la que participó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández Cajo, junto a titulares de otros sectores del Estado.
La mandataria enfatizó que se han dado duros golpes a la delincuencia y al crimen organizado. “De enero a diciembre, a nivel nacional, nuestra policía ha realizado un millón de operativos, en el marco de los cuales se detuvo a 255 000 peruanos y 15 000 extranjeros, además de desarticular a 229 organizaciones criminales y 12 300 bandas. “Son resultados que nos alientan a seguir y a mantenernos en esa ruta en el 2025, sirviendo siempre a nuestra población”, expresó.
La IV Sesión Ordinaria del CONASEC tiene un rol fundamental en el objetivo de fortalecer las acciones y estrategias contra el crimen. En las anteriores sesiones se elaboró el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva, el cual promueve la implementación de unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional, para impulsar una justicia célere, eficiente y oportuna.
Boluarte manifestó que en el 2025 se potenciará aún más la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado con los más de 12 000 millones de soles destinados al Ministerio del Interior. “Este presupuesto nos permitirá consolidar el trabajo por la seguridad ciudadana, la mejora de la infraestructura de las comisarías y el aumento para nuestro personal policial”, recalcó.
Por su parte, la ministra del MIMP, Teresa Hernández Cajo, manifestó que a través de la estrategia multisectorial “Prevenir para Proteger” se busca prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. En este sentido, se están articulando acciones con los gobiernos regionales y locales, empresas privadas y organizaciones sociales.
“Vamos a seguir trabajando en la prevención de violencia sexual contra la niñez y adolescencia, tenemos que eliminar la impunidad en estos casos para que el mensaje sea fuerte y contundente en la sociedad. Se requiere una respuesta contundente de la justicia para que no haya impunidad”, recalcó la titular del sector.
La ministra también destacó que se trabaja con las comunidades a través de los Servicios de Atención Rural (SAR), donde se coordina con las lideresas y líderes para que identifiquen situaciones de violencia y las víctimas puedan acceder al sistema de justicia.
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