Economista de Redes advierte que, sin servicios públicos de calidad ni presencia sostenida del Estado, las economías ilegales seguirán ganando legitimidad en zonas vulnerables.

La minería ilegal ya representa el 2.8 % del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y, de seguir a ese ritmo, podría superar los US$12 mil millones en exportaciones de oro en 2025, alertó Mónica Muñoz Najar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes). Esta expansión, explicó, no ocurre solo por su rentabilidad, sino porque el Estado ha estado ausente en zonas del país, dejando espacio para que actores ilegales ocupen su lugar. “No lo hicieron por generosidad, sino porque esa ayuda les abría espacio”, señaló la especialista, al recordar el caso de Pagata (Amazonas), una comunidad que terminó colaborando con mineros ilegales ante la total inacción de las autoridades.

El Informe de Desarrollo Humano 2025 del PNUD advierte que más de 100 distritos del país presentan muy bajo desarrollo humano, con alta conflictividad, economías ilegales y débil institucionalidad. En ese contexto, la minería ilegal ocupa el vacío estatal ofreciendo lo que este no garantiza. Para la economista, la desconfianza acumulada también es un factor determinante: “Apenas el 20 % de la población confía en los gobiernos regionales, una cifra aún menor en zonas rurales y amazónicas”.

“Lo que se ha construido durante años de abandono no se desmonta con decretos. Se necesita un Estado que llegue, se quede y responda”, subrayó. Como salida, propuso una estrategia sostenida de inversión pública en servicios esenciales —escuelas, postas médicas, vías de acceso— y el fortalecimiento de la gestión local como base para recuperar la legitimidad institucional y frenar el avance de las economías ilegales.

Fuente: La República

Diferencias de hasta 300 % en costos y plazos de licencias municipales afectan la competitividad de las mypes.

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) advierte que las trabas burocráticas siguen frenando la formalización, sobre todo para las micro y pequeñas empresas (mypes). Los costos y plazos de licencias municipales varían hasta en 300 %, lo que desalienta la formalidad. «Para una mype con ventas mensuales promedio de S/2,120, donde el 47.1 % corresponde a ganancias (S/999), el costo de formalización representa una parte significativa de su capital de trabajo», advierte el documento.

Mientras que en Huancavelica una licencia de riesgo medio cuesta S/58.9, en ciudades como Cusco y Piura puede llegar a S/223 y S/214, respectivamente. A esto se suman gastos por inspecciones, tasas administrativas y otros cobros específicos de cada municipio. En tiempos, la brecha también es preocupante: 12.4 días hábiles de espera en Madre de Dios y 8.9 en Huánuco, frente a solo 4 en el Callao y 4.9 en Tacna. «Cada día adicional supone menor venta formal, mayor riesgo de fiscalización y, en muchos casos, un desincentivo para completar el proceso», señala el informe.

Ante este panorama, ComexPerú plantea modernizar los procedimientos: “Se deben implementar canales digitales integrados para atender trámites y capacitar constantemente al personal municipal”, recomienda como medida para fortalecer la competitividad regional.

Fuente: Comex Perú