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Se inicia convocatoria de movilización para exigir séptimo retiro de la AFP

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Se inicia convocatoria de movilización para exigir séptimo retiro de la AFP


Para el jueves 9 de noviembre en el Campo de Marte a las 6 p.m

El parlamentario José Luna Gálvez, del partido político Podemos Perú, ha comenzado a llamar a una movilización con el propósito de exigir la retirada de un máximo de S/19.800 (equivalente a 4 UIT) de los fondos de las AFP. Este evento se llevará a cabo el jueves 9 de noviembre a las 6 pm en el Campo de Marte.

Además de esta solicitud, se unirán otras peticiones, como la garantía del Bono de Reconocimiento y la aprobación de la ley que habilitará la devolución de contribuciones al Fonavi.

«Los peruanos no estamos para limosnas ni subsidios, permítanos que, con nuestros propios recursos, salgamos adelante», sostuvo el legislador.

También mencionó que él y su partido político han comenzado a colaborar con varias organizaciones en la planificación de una movilización que tiene como objetivo transmitir a las autoridades del Ejecutivo y del Congreso la solicitud de los ciudadanos peruanos, quienes buscan superar la difícil situación económica utilizando sus propios medios.

Según los resultados de la encuesta más reciente realizada por el Instituto de Estudios Económicos (IEP), el 61% de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SSP) respalda la idea de permitir un nuevo retiro de fondos. Además, la encuesta revela que la mayoría de los encuestados, un 58%, preferiría destinar esos recursos a inversiones o para iniciar un negocio.

Por otro lado, en la Comisión de Economía, se han presentado más de 15 proyectos de ley relacionados con la autorización de un nuevo retiro de los fondos de las AFP desde el año 2022. No obstante, a partir de octubre de este año, el presidente de dicho grupo de trabajo, César Revilla (Fuerza Popular), ha comenzado a incluirlos en la agenda de las sesiones de manera gradual, dos por vez.

En cuanto al Bono de Reconocimiento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe emitir los requisitos y regulaciones para el traslado de fondos en un plazo máximo de 12 meses, mientras que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) debe establecer los procedimientos y brindar orientación a los usuarios.

Por lo tanto, a partir de abril de 2024, se iniciarán las transferencias. No obstante, el MEF está considerando presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esta medida.

También puedes leer:

Retiro AFP: afiliados que se encuentren desempleados podrían retirar hasta S/9,900

En cuanto al Fonavi, la Comisión Ad Hoc tiene previsto comenzar a efectuar los primeros pagos parciales de la deuda total a partir de la segunda mitad de diciembre. Esto está sujeto a que el Poder Ejecutivo apruebe la ley aprobada en el Congreso que regula esta acción.

Por su parte, Alex Contreras, quien lidera el MEF, afirmó que el Gobierno tiene la intención de rubricar la ley, aunque hasta la fecha no se ha materializado.





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Vendedora de golosinas es asesinada en los alrededores de Plaza Norte –

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Vendedora de golosinas es asesinada en los alrededores de Plaza Norte –


De un disparo frente a su hermana fue asesinada una vendedora de golosinas, identificada como Alondra Aquino Huanca (22), en la avenida Alfredo Mendiola, cerca del ingreso vehicular del Centro Comercial Plaza Norte, en el distrito limeño de Independencia.

Según información policial, alrededor de las 4 y 50 de la mañana, la vendedora de golosinas se encontraba en su puesto atendiendo a los viajeros que llegan a dicho punto para realizar el conocido «Full Day».

La joven continuaba con sus ventas cuando un delincuente abordo de una motocicleta, vestido con una polera blanca y pantalón gris oscuro, hizo disparos contra la víctima.

El delincuente cruzó la avenida Panamericana Norte y subió una motocicleta con destino al centro de la capital.

De acuerdo con el acta policial, la hermana de la víctima descartó un caso de feminicidio, ya que no tenía pareja; además, según su declaración, al momento del disparo ella «observó a dos sujetos que trabajan como choferes de colectiveros informales, quienes se dieron a la fuga».

La policía presume que los autores del hecho serían colectiveros informales que realizan servicios en el lugar» y sería de una empresa que era la competencia en donde «trabajaba la víctima», señalando a dos personas «de nacionalidad venezolana» como presuntos responsables del hecho.



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Condenan a chofer informal por agredir a un fiscalizador de la ATU en San Borja –

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Condenan a chofer informal por agredir a un fiscalizador de la ATU en San Borja –


El Poder Judicial impuso la medida por el delito de violencia contra la autoridad y fijó un monto de reparación civil a favor del trabajador afectado.

El Poder Judicial condenó este sábado a 2 años y 6 meses de prisión suspendida a un chofer informal que agredió a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en San Borja. Además, el fallo judicial ordena al sentenciado pagar una reparación civil económica tanto a la institución como al colaborador afectado.

El ataque se registró el pasado 27 de mayo en la Vía Expresa de la avenida Javier Prado Este, a la altura del Ministerio de Cultura. En ese punto, el inspector intervino un vehículo informal de placa BLZ-207, desatando la violenta reacción del conductor, quien lo agredió físicamente.

Ante la agresión, un agente de la Policía Nacional (PNP) que resguardaba el operativo intervino de inmediato, detuvo al sujeto y lo trasladó a la comisaría del sector. Posteriormente, la Fiscalía lo procesó por el delito de violencia contra la autoridad para la administración pública.

Apenas 48 horas después del incidente, se instaló la audiencia donde el acusado admitió su culpabilidad y se acogió al mecanismo de terminación anticipada, lo que aceleró la emisión de la sentencia.

A través de un comunicado, la ATU destacó que este fallo marca un precedente clave contra las agresiones que padece su personal en la lucha contra el transporte informal. Finalmente, la entidad ratificó su compromiso de mantener los operativos en Lima y Callao, junto a la PNP, para asegurar un servicio público formal y seguro.



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