En el Día Internacional de la Niña, es importante recordar que las niñas y las adolescentes mujeres tienen los mismos derechos, sin embargo, muchas de ellas, atraviesas obstáculos particulares por su edad y género; incluso siguen siendo las principales víctimas de las peores formas de violencia, lo que trunca su desarrollo y proyecto de vida.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo demanda una respuesta integral por parte del Estado para prevenir, atender y proteger a las víctimas de violación sexual, especialmente a las niñas y adolescentes, más aún teniendo en cuenta que según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), del 1 de enero al 31 de agosto de este año, se atendieron 4151 casos de violación sexual de niñas y adolescentes mujeres.

Desde el inicio del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, la Defensoría del Pueblo advirtió el riesgo que suponía para las niñas y las adolescentes cumplir el aislamiento social junto a sus agresores, ya que el 81.5 % de los casos el agresor tiene un vínculo relacional familiar.

Así también, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud, durante todo el 2020 se registraron 1179 nacimientos cuyas madres eran niñas y adolescentes entre 0 a 14 años de edad y de 24 nacimientos fueron de niñas de 0 a 10 años de edad. Esta última cifra fue triplicada en comparación con el año 2019.

Durante este año, desde enero hasta la fecha, se registraron 860 recién nacidos de madres niñas o adolescentes entre 0 a 14 años de edad; y 7 de ellas fueron de 0 a 10 años de edad. Esta dura realidad, resulta muy preocupante, no solo porque un embarazo de una niña menor de 14 años de edad, es considerado legalmente una violación sexual sino también representa un alto riesgo para su vida, su salud física y mental, desmorona totalmente su proyecto de vida y vulnera su desarrollo y bienestar integral. En suma, constituye un estado de vulneración a sus derechos fundamentales que, incluso, ha sido catalogado como tortura por el relator especial de Naciones Unidas en esta materia.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo realizó importantes recomendaciones a través del informe sobre la “Supervisión de la atención integral en niñas y adolescentes embarazadas producto de violación sexual, en establecimientos de salud”, con la finalidad de que el Estado adopte medidas para reforzar la implementación de estrategias efectivas que permitan la prevención y atención de la violencia hacia ellas.

Entre dichas recomendaciones, se instó a adoptar medidas de concientización sobre los diversos problemas y limitaciones que ellas viven; así como también promover el cumplimiento de sus derechos y sensibilización. Esto implica fortalecer los espacios de participación de ellas, con el fin de recoger sus propuestas y preocupaciones sobre la problemática abordada; así como realizar acciones dirigidas a garantizar la igualdad de género y el empoderamiento sobre sus derechos; lo que incluye estrategias para prevenir y atender la violencia, así como los mecanismos de denuncia.

De otro lado, es fundamental indicar que, la violencia y el embarazo no son los únicos problemas que enfrentan ellas; existen otros que urgen ser abordados, entre ellos, la orfandad a causa del COVID-19 y la brecha digital de género en conectividad. Sobre este último punto, hoy en día, las niñas necesitan estar más conectadas y seguras. Por ello, es importante recordar que el Estado tiene el deber de garantizarles el acceso a la información en el entorno digital, fomentar la alfabetización digital, así como el uso responsable y seguro del internet para prevenir riesgos para ellas, sobre todo en tiempo de pandemia.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso en la defensa de los derechos de las niñas en su diversidad, así como también seguirá vigilante del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las autoridades competentes de brindar protección a las niñas y adolescentes víctimas de violación sexual, así como de todas las que se encuentran en el territorio peruano, como las que están en las zonas rurales más alejadas, las que presentan alguna discapacidad, indígenas, refugiadas, migrantes, afrodescendientes, entre otras.