El proyecto de ley de pequeña minería y minería artesanal del Minem prevé un régimen de consolidación temporal para inscritos con requisitos pendientes y acceso a servicios del Banco de la Nación.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) valoró que el proyecto de ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, impulsado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), fije el cierre definitivo del Reinfo el 31 de diciembre de 2026. La CCL sostuvo que el cierre debe marcar el inicio de una estrategia estatal efectiva contra la minería ilegal y no solo el fin de un mecanismo temporal. Para el gremio, el modelo separa a quienes buscan formalizarse de quienes quieren seguir operando al margen de la ley. Su presidente, Raúl Barrios Fernández-Concha, sostuvo: “Desde la Cámara de Comercio de Lima hemos señalado que el Reinfo no puede seguir prorrogándose indefinidamente”.

La propuesta contempla un régimen de consolidación temporal y excepcional para los operadores inscritos con requisitos pendientes, mientras que los nuevos deberán acogerse al régimen ordinario. Además, incluye acceso a servicios del Banco de la Nación, con el fin de mejorar la trazabilidad, así como reglas permanentes y mayor articulación institucional, según el Minem.

La CCL pidió que la nueva norma facilite la formalización sin debilitar la capacidad del Estado para sancionar las actividades ilegales, y ratificó su disposición a participar en el debate técnico del proyecto. En esa línea, Barrios Fernández-Concha enfatizó que “el país necesita seguridad jurídica, trazabilidad y una fiscalización efectiva”.

Fuente: Cámara de Comercio de Lima

Según ComexPerú, la Ley 31914 obliga a las municipalidades a verificar en 48 horas si un negocio subsanó las observaciones tras una clausura, y desde el 1 de julio de 2027 será obligatoria, de forma progresiva, la aplicación de instrumentos de calidad regulatoria.

ComexPerú planteó que las autoridades regionales y municipales elegidas en la jornada del 4 de octubre, que asumirán funciones en enero de 2027, prioricen una buena gobernanza regulatoria. Para el gremio, ello implica cumplir las normas, fiscalizar de manera adecuada, respetar los contratos y aprobar disposiciones debidamente sustentadas.

En materia de clausuras, la organización recordó que, según la Ley 31914, si el negocio subsana las observaciones y lo comunica formalmente, la municipalidad debe verificarlo en 48 horas, y recomendó no condicionar la reapertura al pago de multas. Añadió que el Indecopi declaró ilegal exigir un acta adicional para el levantamiento automático de una clausura temporal. Sobre los contratos de concesión y obras públicas, señaló que “Defender el interés público exige que se supervisen las obligaciones de ambas partes”, y que casos como el de Rutas de Lima muestran que el incumplimiento o la terminación de contratos puede derivar en procesos arbitrales y judiciales con costos pagados con recursos públicos.

El gremio recomendó capacitar a los funcionarios que aplican la ley, documentar los incumplimientos y evaluar alternativas antes de resolver un contrato o pedir su nulidad. También advirtió que “una ordenanza puede introducir requisitos incompatibles con la legislación nacional”, por lo que sugirió evaluar costos, consultar a los afectados y comparar alternativas antes de aprobarlas. Desde el 1 de julio de 2027 será obligatoria, de forma progresiva, la aplicación de instrumentos de calidad regulatoria en las entidades priorizadas.

Fuente: ComexPerú