Bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú señalaron que la propuesta es inconstitucional y propusieron una nueva Constitución.
El Congreso de la República aprobó ayer en primera votación la norma propuesta por la Comisión de la Constitución, que regula la facultad que tiene un ministro y el presidente de concejo de ministros para invocarla, solo puede estar referida a materias de competencia del poder del Estado y no a reformas constitucionales.
Foto: Congreso de la República
Fueron 74 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones que tuvo el dispositivo legal promovido por la comisión presidida por la fujimorista Patricia Juárez. Se exoneró de una segunda votación con 80 votos a favor, 40 votos en contra y ninguna abstención.
La norma aprobada modifica el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Tuvo el rechazo de las bancadas de Perú Libre y Juntos por el Perú.
¿Qué plantea?
En su único artículo, plantea que la facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y al artículo 133 de la Constitución Política del Perú, está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de Gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos.
En sus disposiciones complementarias finales, indica que la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso.
¿Qué sigue?
El resultado de la votación es comunicado expresamente al Poder Ejecutivo mediante oficio para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de la decisión. Los alcances de la presente ley no tienen consecuencias o impacto retroactivos y rigen a partir del día siguiente de su publicación.
Alega que las pruebas en su contra son débiles o han desaparecido, y niega riesgo de fuga u obstrucción a la investigación.
César Hinostroza, exjuez Supremo y uno de los principales implicados en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, ha solicitado al Poder Judicial la revocación de la orden de prisión preventiva de 36 meses en su contra.
A través de un recurso presentado en El Carmen, argumenta la falta de pruebas que justifiquen su prisión preventiva, pidiendo que sea sustituida por una comparecencia simple.
Hinostroza está acusado de liderar una organización criminal que manipulaba sentencias y nombramientos laborales irregulares en el sistema judicial peruano. Alega que las pruebas en su contra son débiles o han desaparecido, y niega riesgo de fuga u obstrucción a la investigación.
El Poder Judicialevaluará su solicitud en una audiencia virtual mañana, viernes 3 de mayo, siendo crucial para el curso de las acusaciones contra el prófugo exfuncionario judicial. Hinostroza es uno de los principales implicados en el caso y permanece prófugo en Bélgica desde 2018.
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La Junta de Portavoces del Poder Legislativo llegó a un acuerdo para priorizar el debate del dictamen de los proyectos de ley 3585, 4201, entre otros. Ambas legislaciones proponen la autorización del retiro de los fondos de los afiliados en el Sistema Privado de Pensiones hasta 4 UIT. La sesión será en el Pleno este jueves 11 de abril.
El pasado 26 de marzo, la Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen con 17 votos a favor y 3 en contra, que faculta a los afiliados de las AFP retirar S/. 20 mil 600, que equivale a 4 UIT.
De aprobarse y sin observaciones desde el Ejecutivo, este dictamen se convertiría en ley. La persona asociada a la AFP tendrá 90 días para envíar su solicitud.
