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El problema de los fondos públicos – Señal Alternativa

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“Los partidos se hacen responsables de la administración del dinero público bajo un marco legal insuficiente”.

Los gastos del dinero público que se les entrega a los partidos políticos han sido puestos en cuestión en los reportajes elaborados por Daniel Yovera y Christopher Acosta. Hacer política cuesta y sin dinero no se puede hacer nada. El problema para un partido político es cómo conseguirlo y cómo gastarlo. Esto no es tarea fácil.

Hace mucho que aquí y en el mundo los partidos no se sostienen con los recursos de sus miembros, que pagan sus cuotas tarde, mal o nunca. Si escasea el dinero y hacer política resulta cada vez más costoso, la brecha se amplía y el partido debe extender la mano a quienes ostentan el dinero. El que aporta desea recibir más tarde una retribución, pues en política no existe la filantropía. De esta manera, había partidos que recibían mucho dinero y otros que ingresaban casi nada. Limitar el ingreso y el uso de esta fuente privada de dinero no era suficiente, pues este es escurridizo, difícil de supervisar, adquiere formas diversas de evadir la ley –como tapers, maletines, paneles, etc. – y puede tener un origen lícito o ilícito.

Así, aparece el financiamiento público con el propósito de equilibrar, en parte, la desigualdad producto del ingreso del dinero privado y fortalecer la caja de los partidos para hacerlos menos vulnerables al dinero de las corporaciones o el mal habido. Esta situación se ahonda en países como el Perú, en donde los partidos son altamente precarios. Se trataba, pues, de fortalecerlos. Con esta lógica fue pensada la figura en la ley de partidos políticos del 2003, aun cuando esta solo se hizo efectiva a partir del 2017.

Se dispuso, luego, que ese dinero debía ser usado de la siguiente manera: la mitad en gastos ordinarios y la otra mitad en capacitación, información e investigación. Lo que ha ocurrido, según los reportajes periodísticos mencionados anteriormente, es que, con ese dinero, se han pagado consultorías muy costosas, favoreciendo a militantes o allegados, desembolsado dinero a personas sin el perfil necesario para la prestación de los servicios, así como sufragado estudios de posgrado. Es más que seguro que las propias militancias no estaban ni enteradas. Así no se fortalece a los partidos, que requieren a gritos formación de sus cuadros, sino más bien a personas, cuando no a sus bolsillos.

El dinero se entrega al partido político con representación en el Parlamento por el quinquenio del mandato. De esta manera, desde el 2017 y hasta el 2026, se han entregado y se entregarán 138 millones de soles (más de 33 millones de dólares) a los partidos, siendo Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso los mayores beneficiados. El dinero se entrega al partido y no a las bancadas.

El problema es que un partido puede haber logrado un buen apoyo electoral, consiguiendo inicialmente una bancada parlamentaria, pero al final del mandato esta puede haberse reducido considerablemente, como sucedió con Peruanos por el Kambio (PPK) o el Frente Amplio.

Los partidos se hacen responsables de la administración del dinero público bajo un marco legal insuficiente. La ley es muy genérica y no le provee a la ONPE los instrumentos y mecanismos suficientes para indagar sobre los gastos, bajo un catálogo suficiente de sanciones para poder cumplir adecuadamente sus funciones.

Lo único que va a provocar el mal uso de los fondos públicos es la indignación ciudadana y la demanda para que se supriman. Con esto, solo se conseguiría sería regresar a la fuente única de financiamiento de origen privado, donde esperan, con entusiasmo, lo detentadores del dinero que tanto quieren y necesitan para hacer dependientes a los políticos.

Fuente: El Comercio – Fernando Tuesta Soldevilla



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Megapuerto de Chancay no tendrá problemas para implementar exclusividad. – Señal Alternativa

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Ministro Raúl Pérez Reyes destaca la potencialidad de la industria portuaria en el Perú.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, sostuvo que el consorcio empresarial a cargo del mega puerto de Chancay no tendrá problemas para la exclusividad en la operación del terminal portuario, considerando que las modificaciones a la ley de puertos están avanzando para que no haya ninguna dificultad legal.

“Con el texto que fue aprobado en primera votación hace dos semanas (en el Congreso de la República) y que, entiendo, será votado esta semana en segunda votación, se dará las modificaciones a la ley de puertos. Eso permitirá pasar la página en relación con este debate alrededor de la exclusividad”, dijo en RPP.

“Del lado nuestro, creemos que ya las condiciones estarían planteadas con relación al problema que había. La ley permitirá la exclusividad para una habilitación portuaria; entonces, se aplicará la norma y Cosco Shipping implementará la exclusividad en el mega puerto de Chancay sin ningún problema, teniendo una ley como amparo y no una interpretación en el marco de una resolución directoral. Eso garantiza la seguridad jurídica para las inversiones”, agregó.

Proyecto de inversión privada

El nuevo Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, ubicado en el distrito del mismo nombre (provincia de Huaral), a 80 kilómetros de Lima Metropolitana, es un proyecto de inversión privada cuyos accionistas son la empresa de capitales chinos Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) con una participación del 60 %, y la peruana Volcan Compañía Minera con 40 %.

“El mega puerto de Chancay es un proyecto muy importante, tiene casi el 80 % de avance y se terminará la obra en noviembre próximo para su inauguración. Hay coordinaciones pequeñas con relación a permisos de operación, infraestructura, telecomunicaciones y cosas menores que van complementando el proyecto”, señaló Raúl Pérez Reyes.

El ministro comentó que ahora se están centrando en las obras complementarias para el acceso al mega puerto de Chancay.

Vías de acceso

“Una buena parte de la carga que irá a Chancay viene del norte del Perú, entonces tenemos que habilitar la zona de Chancayllo porque se verá afectada cuando llegue una importante cantidad de camiones que van a parar ahí y ya no irán al Callao”, explicó.

Industria portuaria

Por otra parte, el ministro destacó la potencialidad de la industria portuaria en el Perú, con las diferentes inversiones que se están ejecutando y las grandes oportunidades para el sector exportador.

“Un tema interesante es el momento importante para la industria portuaria y la potencialidad que esta tiene de cara a nuestra viabilidad como país exportador, no solo minero, sino también agroexportador”, explicó.

“En junio se inaugura la ampliación del muelle sur en el puerto del Callao, a cargo de Dubai Ports World. Mientras que APM Terminals también está haciendo inversiones importantes en el muelle norte”, añadió.

Raúl Pérez Reyes resaltó que ese incremento de la capacidad portuaria, con el inicio de operaciones del mega puerto de Chancay, coloca al Perú en una posición privilegiada en el Pacífico, solo por debajo del puerto de Long Beach (California, Estados Unidos), el cual tiene contacto directo con Asia.

“Solo para que tengamos una idea, de los diez puertos más importantes del mundo, nueve están conectados con Asia. Long Beach hoy es el principal puerto que conecta América con el continente asiático y Manzanillo (México) es el segundo”, detalló.

“Estamos yendo claramente en la ruta de competir con Manzanillo y ser un importante referente de la carga hacia Asia. Esto dinamizará mucho nuestra actividad económica porque vendrán de otros países, del sur y del norte, con su carga para que la llevemos a Asia, considerando que reducirá los costos logísticos”, agregó.

Fuente: Andina



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No nos pisemos la cola – Señal Alternativa

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“Ni la celeridad ni el sentido de urgencia acompañan el debate de las sesiones de la Comisión de Ética”.

“Espero que sea igual con los mocha sueldos, presidente. A ver si usted, en sus fiestas [ilegible], que van a salir a la luz”, advirtió una furibunda y amenazante Rosselli Amuruz contra su colega Diego Bazán, al enterarse de la aprobación del informe en su contra en la Comisión de Ética, un grupo de trabajo del que seguramente no esperaba algo menos que el comportamiento exento de sanciones de siempre y en donde ‘pasarse la mano’ ha sido el sello porque allí –no hay cliché más real que este– otorongo no come otorongo.

Mi crítica al espíritu de cuerpo de la Comisión de Ética está respaldada en hechos y ejemplos que dan cuenta de que ni la celeridad ni el sentido de urgencia acompañan el debate de las sesiones en las que las sanciones no se analizan, sino que se negocian. Lo saben bien los “niños” y los mocha sueldos, que fueron blindados en este grupo.

Cómo olvidar la gestión de la congresista Karol Paredes que rechazó los informes de las denuncias de quienes empezábamos a conocer, a través del testimonio ante las autoridades de Karelim López, como los operadores congresales del expresidente Pedro Castillo. Pasaron meses, hubo poca efectividad y, como resultado de todo, se blindó a cuatro de ellos: Darwin Espinoza, Juan Carlos Mori, Raúl Doroteo e Ilich López.

Luego la titularidad de la Comisión de Ética cambió y la presidencia fue asumida por el congresista Diego Bazán que, aunque afirmaba que habría mano dura y tolerancia cero contra los infractores, no pudo contra un mochasueldo, el congresista Edgar Tello, quien fue señalado por su trabajadora (que resultó además estigmatizada en este grupo) de recortarle el sueldo y que terminó también blindado al recibir apenas una amonestación pública y una multa por 60 días.

¿Quién reivindica entonces la ética en este grupo parlamentario? ¿O es que acaso la única reivindicación que importa es la de congraciarse circunstancialmente para sacudirse del ruido que ocasiona su letargo? Hace varias columnas que vengo hablando de los delitos contra la administración pública, como el tráfico de influencias y el peculado doloso, de parte de algunos congresistas. Allí radica la importancia de esta comisión que, si bien es política, abre un camino para el reconocimiento de hechos en la comisión de estos delitos y cuyos informes son altamente referenciales para el trabajo de otras autoridades.

Sobre esto último, la congresista Amuruz ya se había librado, con la benevolencia de la misma comisión, de ser investigada anteriormente por la contratación en su despacho de gente cercana a su pareja, el excongresista Paul García, y por sus viajes en plena semana de representación. En octubre, en mi columna “Lo que se ve sí se pregunta”, hice una crónica sobre lo grave que es el caso que implica a Amuruz (y que incluye nada menos que una persona fallecida en una fiesta) y sostuve que había que investigar el tema hasta el final. Seis meses después, sin embargo, la congresista Amuruz solo ha recibido una amonestación pública y una multa por 60 días.

Así, cabe preguntarse, ¿se ha ofuscado ella por la sanción (irrisoria) que le ha caído o, más bien, lo ha hecho porque la consigna era la de “no pisarse la cola” en el mismo box?

Fuente: El Comercio – Claudia Chiroque periodista y abogada



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