Hania Pérez de Cuéllar destacó que acuerdo contribuirá a cerrar brechas y a que familias de escasos recursos accedan a una vivienda segura y de calidad.  

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, junto con alcaldes, colegios profesionales, gremios empresariales y universidades firmaron el “Pacto por una Vivienda Digna”, con el objetivo de que familias de escasos recursos accedan a una vivienda formal con servicios de calidad y así cerrar la brecha habitacional en el país.

Acceso a viviendas dignas compromiso de gobierno

La titular de Vivienda señaló que uno de los compromisos del Gobierno, que dirige la presidenta Dina Boluarte, es que más peruanos accedan a viviendas dignas, seguras y con servicios básicos; y que el acuerdo suscrito contribuye a lograr este objetivo, con el aporte del sector privado.

En ese sentido, destacó la presencia de alcaldes de diversos distritos de Lima y del interior del país que apuestan por promover las viviendas de interés social.

Apostar por la vivienda social

“Este pacto nos compromete a todos, y la mejor manera de demostrar ese compromiso es a través de las acciones, y a apostar por la vivienda social. Felicito a los alcaldes que van con esa visión de futuro, trabajaremos de la mano con ustedes para promover la vivienda social en sus distritos y en todos los distritos que el Perú necesita”, expresó la titular de Vivienda tras suscribir el documento.

Déficit habitacional

Durante su discurso, la ministra Pérez de Cuéllar anotó que el déficit habitacional es de 1.8 millones de viviendas, pero cada año esta cifra se incrementa alrededor de 142 mil viviendas, aproximadamente; sin embargo, sólo se generan 90 mil viviendas formales en promedio. “No podemos continuar más en esta situación. Necesitamos promover juntos más viviendas”, manifestó.

Compromiso de todos

Sostuvo que para reducir la brecha es importante el esfuerzo y compromiso del Estado, del sector privado, autoridades locales y otros actores técnicos y sociales para impulsar proyectos habitacionales.

Reglamento de Vivienda de Interés Social

Destacó que, con ese fin, el pasado 13 de setiembre de este año se dio un paso importante con la aprobación del Reglamento de Vivienda de Interés Social (VIS), que brinda seguridad jurídica y marca un antes y un después en la construcción de viviendas sociales. El Reglamento VIS reconoce las competencias municipales en la zonificación y alturas de las edificaciones, pero promueve el desarrollo de proyectos de vivienda social.

Rol promotor de suelo público para construcción de viviendas sociales

Es así que por primera vez el Estado asume un rol promotor de suelo público para la construcción de viviendas sociales, con la identificación de 34 terrenos en el ámbito nacional, en los que se pueden construir 174 mil viviendas. Esta cartera se trabajará hasta el año 2025.

Nuevos proyectos habitacionales

Refirió que en noviembre se ha convocado un primer proyecto Oasis de Villa, en Villa El Salvador, donde se construirán 118 viviendas y, en este mes se lanzará la convocatoria para una de las parcelas de la Nueva Ciudad de Olmos en Lambayeque, también conocida como Charles Sutton, donde se construirán, en esta primera etapa, 2,710 viviendas.

Metas

La titular del MVCS anunció que para el 2024, el Gobierno tiene proyectado triplicar el número de viviendas construidas con la edificación de 136 mil viviendas urbanas y rurales, mediante la estrategia Wasiymi y con el aporte de las municipalidades, de gremios empresariales, de la banca y de los colegios profesionales.

“Con Wasiymi urbano construiremos aproximadamente 120 mil viviendas y con ello podríamos cerrar la brecha en 10.2 %, mientras que en el ámbito rural se proyecta construir 16 mil viviendas, que cerrarán la brecha rural en 5 %”, apuntó.

Compromisos del pacto

A través del pacto, las autoridades, los gremios inmobiliarios y los actores técnicos y sociales se comprometen a garantizar y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, adecuada y segura que contribuya a cerrar la brecha habitacional, a través de la asignación presupuestal suficiente por parte del Poder Ejecutivo, priorizando a la población en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social, en el marco del crecimiento y desarrollo ordenado de nuestras ciudades.

Asimismo, a generar predictibilidad y seguridad jurídica para que el sector privado participe e invierta en el desarrollo de proyectos de viviendas, contribuyendo, de esta manera, con la reactivación económica que nuestro país necesita.

Lucha contra la corrupción y tráfico de tierras

También a trabajar, de manera conjunta, acciones contundentes contra la corrupción y las mafias de traficantes de tierras, ya que estos flagelos impiden que nuestra población tenga mayores oportunidades para contar con viviendas dignas, adecuadas y seguras, entre otros compromisos.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, negó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso liderar una organización criminal al interior del Ministerio Público, y descartó que los presuntos chats de su ex asesor la impliquen en actos delictivos.

“Rechazo las mentiras, fui convocada para informar una calumniosa imputación de ser líder de organización criminal enquista en el Fiscalía de la Nación, la desmiento totalmente. No hay organización criminal en el Ministerio Público”, aseguró.

Indicó que la falsa imputación de una organización criminal es consecuencia de haber ejercito sin termo el cargo de fiscal de la Nación y haber tomado acciones sustentadas en el derecho y la legalidad.

Apetito de poder

En relación al cambio de la fiscal Marita Barreto de la coordinación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, Benavides dijo que hace un “mea culpa de haber confiado en una coordinadora que sucumbió ante el apetito de poder”.

Preciso que al interior del Ministerio Público se sabía bien que se iba cambiar a Barreto por los cuestionamientos derivados del tratamiento procesal de la información con propósito mediáticos y no jurídicos.

“Barreto sabia del cambio y solicito quedarse hasta el 7 de diciembre para conmemorar y ser galardonada por la detención de Pedro Castillo, lo real era que estaba ganando tiempo para presentar un organigrama que fabricaba la supuesta organización criminal y atornillarse en el cargo de coordinadora” indicó.

Chats manipulados

Asimismo, dijo que la presunta imputación de organización criminal se sustenta en “chats manipulados que no revelan acto delictivo” sino opiniones políticas de una persona, sin respuesta de interlocutor.

Opiniones políticas no son delitos

“Confío en que consideren que las opiniones políticas no son delitos, no pueden ser usados para inventar responsabilidad en contra de quien lo no la ha expresado”, manifestó.

En cuanto al archivamiento de una investigación en contra de un grupo de parlamentarios conocidos como Los Niños, sostuvo que disposición fiscal es impecable y que jamás ha recibido a cambio propuesta de intercambio de prebendas con nadie, menos con congresistas.

Su decisión, según dijo, se basó en la respuesta de la fiscal Barreto, quien dijo que no obraba en su poder declaración de un colaborador que delató a congresistas como beneficiarios de dinero o prebendas.

“No había elemento objetivo que sostuviera la denuncia formulada y correspondía no haber mérito a la investigación. No he cometido acto arbitrario ni ilegal”, apuntó.

Campaña mediática

Consideró que a partir de los chats de su exasesor Jaime Villanueva se inició una campaña mediática en su contra, con especulaciones sobre la actividad interinstitucional con el Congreso y buscando precipitar una investigación en su contra.

En cuanto a las investigaciones de la fiscal Barreto, cuestionó que no era competente para investigarla, se dispuso el secreto de la investigación fuera de los límites legales, se recibió la supuesta prueba electrónica violando los protocolos del Ministerio Público y se manipularon los pantallazos de los chats, entre otros.

Venganza política

Consideró que habría en su contra una venganza política para sacarla del cargo tras la denuncia constitucional que presentó contra la presidenta de la república y el presidente del Consejo de ministros en torno a las víctimas ocurridas durante las protestas.

En ese marco, refirió que quienes buscan su salida quieren politizar la labor del Ministerio Público, encubrir a visibles personajes implicados en corrupción que goza de impunidad y las violaciones de derechos humanos.

Al cierre de esta edición, la fiscal de la Nación responde las preguntas de los legisladores.

Fuente: Andina