Este Congreso parece no haber quedado satisfecho con su aprobación de un dígito. La Ley del Artista, que vela por los derechos de todos los trabajadores del arte a nivel nacional, hoy está a punto de ser vulnerada por el parlamento. La Comisión de Cultura del Congreso pretende realizar una modificadora que erradique el derecho a recibir regalías por parte de los actores, bailarines y músicos peruanos.

Esta iniciativa legislativa, sin duda, describe de cuerpo entero a nuestros congresistas. ¿Qué pensaran nuestros «padres de la patria»? ¿Acaso pensarán que el trabajo de un artista es permanente? Precisamente, existen las regalías porque el trabajo de un artista es bastante más voluble que otros oficios. Hay circunstancias en las que uno está en la cúspide y otros en los que uno puede llegar al subsuelo. Pero para entenderlo hay que tener empatía, que es un adjetivo difícil de encontrar en nuestro representantes de la avenida Abancay.

Es importante recalcar que las primeras víctimas de esta modificadora serán los artistas adultos mayores. Ellos usan estas regalías como una forma de jubilación y para tener acceso a una salud digna. Quitarles ello implicaría dejar a una población de la tercera edad en el abandono. Además, el derecho a recibir regalías ha sido ratificado en múltiples tratados internacionales y en la actualidad se encuentra amparado por nuestra legislación. «Este no es un reclamo individual, es una defensa por el derecho a vivir de nuestro trabajo artístico”, protesta el reconocido actor Ramón García. Y tiene razón. Esta no es una lucha por intereses particulares, sino por dignidad.

En el marco del Acuerdo de Beneficios y de Colaboración Eficaz por su participación en hechos de corrupción en proyectos de inversión pública a nivel nacional.

18 de junio de 2025 – 5:16 p. m.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) dispuso que se ejecute el cobro de S/4 millones por concepto de la cuota inicial de la reparación civil ordenada en favor del Estado peruano, por su participación en hechos de corrupción en proyectos de inversión pública a nivel nacional.

Este pago ha sido efectuado con fondos del Fideicomiso de Retención y Reparación – FIRR, constituido en el marco de la Ley N° 30737, conforme al cronograma de cuotas anuales establecido en el Acuerdo de Beneficios y de Colaboración Eficaz, suscrito por la referida compañía con el Equipo Especial del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato, y aprobado mediante sentencia judicial emitida por el Quinto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Es así que el pago de esta cuota inicial constituye el inicio de doce pagos anuales por un total de S/. 181’173,225.65 (Ciento ochenta y un millones ciento setenta y tres mil doscientos veinticinco con 65/100 soles) más intereses legales, ordenados en el referido Acuerdo de Colaboración Eficaz, que estableció que la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. – ICCGSA, debe indemnizar al Estado peruano por su reconocimiento de haber realizado pagos ilícitos para la adjudicación en cincuenta y tres proyectos.