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En congreso nacional analizarán soluciones a controversias en ejecución de obras públicas

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En congreso nacional analizarán soluciones a controversias en ejecución de obras públicas


Evento se realizará en el Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú

El Centro de Convenciones del Colegio de Ingenieros del Perú será escenario del primer Congreso Nacional de Junta de Resoluciones de Disputas de Obras Públicas, organizado por la Asociación Peruana de Consultoría (APC) con apoyo de la Escuela de Construcción Digital.

En el evento, a realizarse el próximo 17 de junio, empresarios, contratistas, gerentes de proyectos y directores de programas que ejecutan obras de infraestructura a nivel nacional, evaluarán las bondades del mecanismo de la junta, las desventajas del arbitraje como solución para destrabar las obras públicas paralizadas en el país.

El presidente de la APC, ingeniero Elías Tapia, señaló que la Junta de Resolución de Disputas (JRD), también denominada Dispute Boards, es un mecanismo que contribuye a prevenir y resolver controversias que surgen durante la ejecución de proyectos de infraestructura estatales.

“Este sistema, que se viene aplicando desde enero de 2020, ha demostrado ser eficaz, pues ahora las controversias se resuelven entre 60 y 90 días. Hemos logrado superar un gran problema que tenía el Perú. El anterior mecanismo de solución de conflictos, que era el arbitraje, demoraba un promedio de 4 años”, sostuvo.

Dijo que contratos de construcción, cuyos plazos eran de 1 año 2 años, tenían que esperar esos laudos todo ese tiempo y más, “y eso significaba que las obras vayan a ritmo lento, incluso, muchas veces, los contratos se resolvieron en perjuicio de la población”.

Tapia Julca explicó que en los tres primeros años de aplicación de la JRC se detectaron algunos aspectos que se tienen que corregir y optimizar. Precisamente ese es el objetivo de este primer Congreso Nacional de Junta de Resolución de Disputas, enfatizó.

Aportes

Detalló que todos los aportes del evento serán remitidos a las autoridades tanto del Legislativo como del Ejecutivo para realizar las mejoras necesarias.

“Ha resultado tan bueno que, en un proyecto de nueva ley de contrataciones del Estado, ya se está considerando este mecanismo que hasta ahora estaba destinado exclusivamente a los contratos de obra. También se está ampliando a otros rubros como son la consultoría de obras, los contratos de estudio de expedientes técnicos. Esto dinamizará en general las inversiones en el Perú”, subrayó.

Todos estos aspectos serán discutidos y analizados por un panel de expertos conformado por Cesar Nakasaki Servigon («Responsabilidad penal de los adjudicadores»), Romano Allione («Experiencias en obras internacionales emblemáticas»), Luis Hernandez Ibáñez («Experiencias del Centro CIP CD Lima en junta de resolución de disputas»), Walter Vicente Montes («Casos de incumplimiento de las decisiones de la JRD»), Reiner Solís Villanueva («Retos y dificultades de la acción preventiva de las JRD según la casuística»), Jorge Zapata Rios («Posición de Capeco respecto a las decisiones de las JRD»).

También disertarán especialistas en el rubro de la talla de Christian Cabrera Mendoza («BIM para adjudicadores»), Julio Ramírez Ruiz («Experiencias sobre decisiones controversiales, emitidas por las JRD»), Elías Tapia Julca (“Necesidad de JRD para consultoría de obras, propuesta de costos y metodología”), Juan Carlos Pinto Escobedo («¿La JRD puede otorgar medidas cautelares?»), Marco Cruzado Puente («Casuística sobre transgresión de las normas de la JRD por parte de entidades y contratistas.»).



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Alcaldes del Cusco protestan encadenados en Lima

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Alcaldes del Cusco protestan encadenados en Lima


En una medida de protesta sin precedentes, el alcalde del distrito de Huaro, provincia de Quispicanchi (Cusco), Juvenal Humpire, llegó a Lima junto a otros seis alcaldes de la región Cusco para exigir al Gobierno Central la asignación de recursos que permitan culminar importantes obras de infraestructura de salud.

Los siete burgomaestres representan a municipios cuyos proyectos forman parte del Programa Plan Mil, una iniciativa impulsada por el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, para construir y mejorar establecimientos de salud en distintos distritos y provincias del país. Sin embargo, denuncian que varias de estas obras, pese a encontrarse en ejecución, no fueron consideradas con el presupuesto necesario para su culminación.

Como medida de protesta, los alcaldes de provincias como Anta, Acomayo, Paruro y Quispicanchi decidieron encadenarse en instituciones del Estado, entre ellas el Congreso de la República y diversos ministerios, con el objetivo de ser escuchados y lograr la asignación de recursos mediante el próximo crédito suplementario.

«Nuestro centro de salud registra un avance del 70 % de ejecución, pero el presupuesto asignado no alcanza para concluir la obra. Necesitamos recursos adicionales para ejecutar el 30 % restante. Si no se aprueba este financiamiento, el proyecto quedará paralizado», manifestó el alcalde Juvenal Humpire.

El burgomaestre expresó su indignación al señalar que las autoridades del Gobierno les aseguraron que los proyectos en continuidad serían priorizados. Sin embargo, sostuvo que en la Ley de Presupuesto se incluyeron nuevos proyectos, mientras varias obras del Plan Mil quedaron sin el financiamiento requerido.

«Somos 17 alcaldes que integramos el Programa Plan Mil de la región cusco y, en esta oportunidad, siete hemos venido a Lima para alzar nuestra voz de protesta. Solo mediante esta medida radical esperamos que el Gobierno Central escuche nuestro pedido. Si no nos asignan el presupuesto en este crédito suplementario, nuestras obras quedarán paralizadas y se generará un grave problema para la población», afirmó.

El nuevo Centro de Salud de Huaro y de los demás distritos beneficiará a cerca de 100 mil habitantes de Huaro y distritos vecinos. La moderna infraestructura permitirá brindar atención médica oportuna y de calidad a miles de niños, adultos mayores y familias que durante décadas han esperado este proyecto.

«Han pasado más de 50 años y nuestro distrito sigue esperando un establecimiento de salud digno. El antiguo centro de salud ya colapsó y hoy, en medio del intenso friaje que afecta a nuestra población, necesitamos culminar esta obra con urgencia. La salud debe ser una prioridad. Gracias a Dios seguimos firmes en esta lucha porque nuestros pueblos no pueden seguir esperando», concluyó el alcalde Juvenal Humpire.



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Multas desde S/660 a quienes circulen con vehículos menores motorizados en ciclovías –

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Multas desde S/660 a quienes circulen con vehículos menores motorizados en ciclovías –


La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Gerencia de Movilidad Urbana, informó que la circulación de vehículos menores motorizados en las ciclovías de Lima constituye una infracción muy grave y se sanciona con una multa de S/660.

La comuna precisó que esta conducta se encuentra tipificada como la infracción M43, establecida en el Decreto Supremo N.° 016-2009-MTC, modificado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además de la sanción económica, la falta implica la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor.

Según la normativa vigente, esta infracción se aplica cuando no se respeta el derecho preferente de paso del ciclista o del conductor de vehículos de movilidad personal (VMP), lo que incluye el uso indebido de ciclovías por unidades motorizadas.

La MML recordó que la multa equivale al 12% de una UIT, lo que actualmente representa S/660. Esta medida forma parte del régimen de tránsito que busca ordenar el uso de las vías exclusivas para bicicletas y otros vehículos no motorizados.

La autoridad municipal remarcó que la infracción M43 no contempla medidas preventivas, pero sí se considera de alta gravedad dentro del sistema de fiscalización vial.

En tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la Dirección de Tránsito, informó que desde el 2 de agosto de 2026 aplicará sanciones contra conductores de motocicletas eléctricas que circulen por ciclovías.

La medida se anunció durante el inicio de una campaña de orientación en Miraflores, que se extenderá por 45 días en las jurisdicciones de Lima norte, centro y sur. Luego de ese periodo, la PNP comenzará la imposición de sanciones.

La institución precisó que las motocicletas eléctricas pertenecen a la categoría vehicular L, por lo que deben circular por la pista y no por ciclovías, las cuales están destinadas exclusivamente a bicicletas y vehículos de movilidad personal como los scooters.



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