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Indira Huilca debe devolver dinero por muerte de su padre
Por: Pablo Carranza
La congresista Rosangella Barbarán afirmó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) nació como producto de una “artimaña” del investigado expresidente Martín Vizcarra, quien en el año 2018 convocó a un referéndum nacional para consultarle a población para su creación en reemplazo al extinto Consejo Nacional de la Magistratura.
En declaraciones al diario La Razón, la parlamentaria de Fuerza Popular también arremetió contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima por haber concedido una medida cautelar que pretendía impedir el rol fiscalizador del Congreso. Asimismo, se sumó a la ola de opinión que pide que el Perú desconozca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras el escándalo del caso Pedro Huilca.
En el caso del asesinato del sindicalista Pedro Huilca se reveló que al final no había sido asesinado por las Fuerzas Armadas Peruanas sino por Sendero Luminoso, ¿Qué puede hacer el Congreso al respecto?
Bueno, eso es un tema que ya se sabía y duele mucho que una familia conociendo la verdad utilice la muerte, justamente, del padre, no solo para desconocer a los verdaderos asesinos que fueron los terroristas, sino también para beneficiarse de un dinero que fue entregado por el Estado, pero, que, además, fue obligado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pareciera que es una defensora solo de delincuentes y terroristas. Así que yo creo, y la señora Indira Huilca, quien es además es una política conocida, debería optar también por devolverlo por respeto al país y a la memoria de sus padres.
¿Considera que la Corte IDH es imparcial con el Estado peruano?
Abiertamente yo he dicho que se debería evaluar nuestra permanencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no porque en el Perú se quieran desconocer los derechos, de ninguna manera, sino que yo creo que no podemos avalar una Corte que siempre ha beneficiado a los delincuentes, que siempre, por ejemplo, beneficia a criminales. Hemos visto en otros países como la Policía Nacional hace la defensa, pero ellos parece que siempre tienen la defensa a los delincuentes.
Ahora, con el tema de la Junta Nacional de Justicia, ¿el Congreso va a seguir con su labor de fiscalización a este ente?
Yo creo que todas las instituciones deben mantener y respetar la independencia de poderes y la Junta Nacional de Justicia no es la excepción. El Congreso de la República está dentro de sus facultades, además, el tema era debatirlo, jamás se ha dicho que se quiere sancionar o se quiere desconocer, eso se evaluará después de escuchar a las partes, pero yo lamento que un día antes de que ellos tengan la oportunidad de explicarle al país su situación, hayan intentado paralizar este procedimiento y lo que corresponde es que además se investigue, porque ya se ha denunciado que parte de los jueces que han determinado justamente esta medida cautelar estarían siendo evaluados por la misma JNJ y eso de ninguna manera puede suceder. No sé si sea una casualidad, así que eso se investigue y en caso no lo sea, se sancione.
Hay una corriente de opinión de que los caviares están metidos en la Junta Nacional de Justicia, ¿cree lo mismo?
Yo creo que esta ha sido justamente una artimaña de Vizcarra, una creación y ha sido obviamente la mano de Vizcarra, pero yo no quiero generalizar. Lo que se tiene que hacer es una evaluación independiente de cada uno de los miembros y finalmente ver cuáles merecen la sanción y cuáles no, o si todos ellos merecen la sanción. Se tiene que hacer así porque la Constitución lo establece.
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Vendedora de golosinas es asesinada en los alrededores de Plaza Norte –
De un disparo frente a su hermana fue asesinada una vendedora de golosinas, identificada como Alondra Aquino Huanca (22), en la avenida Alfredo Mendiola, cerca del ingreso vehicular del Centro Comercial Plaza Norte, en el distrito limeño de Independencia.
Según información policial, alrededor de las 4 y 50 de la mañana, la vendedora de golosinas se encontraba en su puesto atendiendo a los viajeros que llegan a dicho punto para realizar el conocido «Full Day».
La joven continuaba con sus ventas cuando un delincuente abordo de una motocicleta, vestido con una polera blanca y pantalón gris oscuro, hizo disparos contra la víctima.
El delincuente cruzó la avenida Panamericana Norte y subió una motocicleta con destino al centro de la capital.
De acuerdo con el acta policial, la hermana de la víctima descartó un caso de feminicidio, ya que no tenía pareja; además, según su declaración, al momento del disparo ella «observó a dos sujetos que trabajan como choferes de colectiveros informales, quienes se dieron a la fuga».
La policía presume que los autores del hecho serían colectiveros informales que realizan servicios en el lugar» y sería de una empresa que era la competencia en donde «trabajaba la víctima», señalando a dos personas «de nacionalidad venezolana» como presuntos responsables del hecho.
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Condenan a chofer informal por agredir a un fiscalizador de la ATU en San Borja –
El Poder Judicial impuso la medida por el delito de violencia contra la autoridad y fijó un monto de reparación civil a favor del trabajador afectado.
El Poder Judicial condenó este sábado a 2 años y 6 meses de prisión suspendida a un chofer informal que agredió a un fiscalizador de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en San Borja. Además, el fallo judicial ordena al sentenciado pagar una reparación civil económica tanto a la institución como al colaborador afectado.
El ataque se registró el pasado 27 de mayo en la Vía Expresa de la avenida Javier Prado Este, a la altura del Ministerio de Cultura. En ese punto, el inspector intervino un vehículo informal de placa BLZ-207, desatando la violenta reacción del conductor, quien lo agredió físicamente.
Ante la agresión, un agente de la Policía Nacional (PNP) que resguardaba el operativo intervino de inmediato, detuvo al sujeto y lo trasladó a la comisaría del sector. Posteriormente, la Fiscalía lo procesó por el delito de violencia contra la autoridad para la administración pública.
Apenas 48 horas después del incidente, se instaló la audiencia donde el acusado admitió su culpabilidad y se acogió al mecanismo de terminación anticipada, lo que aceleró la emisión de la sentencia.
A través de un comunicado, la ATU destacó que este fallo marca un precedente clave contra las agresiones que padece su personal en la lucha contra el transporte informal. Finalmente, la entidad ratificó su compromiso de mantener los operativos en Lima y Callao, junto a la PNP, para asegurar un servicio público formal y seguro.
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