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Jubilados: si no hay solución, la lucha continúa .Por: Octavio Huachani

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Desde hace muchos años, en el imaginario social subsiste la idea de que, al llegar a la edad de la jubilación, las personas mayores pierden su vigencia y presencia en los roles sociales activos dentro de la sociedad. En resumen, desaparecemos del escenario y pasamos a habitar detrás del telón.

Es más. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo, olvidándose del rol tuitivo que señala la Constitución, ignoran sus reclamos. Presumen una vejez sin derechos ni voz para reclamar mejoras de sus magras pensiones que les pueda asegurar vivir con dignidad sus últimos años.

En nuestro país, los pensionistas de la Ley 19990, con 20 años de aportaciones, perciben sumas que van desde los S/.500 hasta los S/.893 sumas que son consideradas como las más bajas de Latinoamérica. En un informe del Banco Mundial que revela los niveles de las pensiones en la región, Perú ocupa uno de los lugares más bajos.

La desidia u el desinterés de los gobernantes ha colocado a más de 620 mil pensionistas de la 19990 en el primer lugar del ignominioso ranking del hambre y la vergüenza.

Peor aún, debido al constante aumento de precios de los alimentos de primera necesidad, unido al estancamiento de las pensiones, los jubilados, cuyas edades oscilan entre 65 a 85 años, cada día adquieren menos productos indispensables para subsistir.

Pero hay más, los pensionistas de la 19990 no son considerados en la entrega de bonos dinerarios o de alimentos, que si les otorgan a los beneficiaros de la Pensión 65. Hay que señalar que los primeros son pensionistas aportantes, mientras los segundos corresponden a una de las llamadas pensiones No Contributivas.

A propósito, es necesario señalar que en los últimos años La Central Nacional de Jubilados del Perú (CENAJUPE), que aglutina a la mayoría de pensionistas del país, viene luchando para que, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, acaten el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que señala como pensión mínima el equivalente al sueldo básico de los trabajadores en actividad. Es decir, S/ 1025, suma que debería darse de manera escalonada. Lamentablemente la respuesta de ambos poderes del Estado ha sido el silencio.

Frente a ese desinterés, que no es de ahora, se encuentra CENAJUPE, una organización de pensionistas y jubilados que preside el periodista y sindicalista, Oscar Alarcón Delgado que junto a otros dirigentes han optado por emprender la lucha por el acatamiento de la sentencia del TC que ordena el alza de las pensiones de los jubilados de manera escalonada lo que ayudará a mejorar de la calidad de vida de los pensionistas de la 19990.

Es necesario recordar que el Tribunal Constitucional, mediante sentencia publicada el 16 de abril del 2019, dispuso que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, conforme a sus atribuciones, promuevan el incremento de la pensión mínima de los distintos regímenes pensionarios en el plazo de tres años.

No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas, una vez más en oposición a los compromisos asumido por el Gobierno Central viene obstaculizando el cumplimiento del compromiso presidencial y el mandato del Tribunal Constitucional para el incremento de las pensiones, en particular de la pensión mínima.

En reciente comunicación dirigida a la Central Nacional de Jubilados (CENAJUPE), el ministerio de Economía y Finanzas MEF, ha expresado su negativa a realizar el incremento de las pensiones que ordena el TC.

En respuesta CENAJUPE, expresó su rechazo a la posición asumida por el MEF que es contraria a la política del gobierno en materia de pensiones y al compromiso que este asumiera durante su campaña presidencial.

Por: Octavio Huachani



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La autoestima es clave en la prevención de accidentes en la minería – Agencia de Noticias Órbita

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“El trágico accidente ocurrido recientemente en la minera Antamina ha puesto de relieve la necesidad de abordar no solo los aspectos técnicos de la seguridad laboral, sino también los factores emocionales y psicológicos que influyen en el comportamiento de los trabajadores. Como experta en autoestima y su impacto en el entorno laboral, es imperativo destacar cómo la baja autoestima puede conducir a decisiones inconscientes que comprometen la seguridad en el sector minero”, afirmó Itala Ureta coach en Autoestima y Liderazgo.

Estadísticas de Accidentes en la Minería Peruana

En los últimos años, las cifras de accidentes en el sector minero han sido preocupantes:

2023: Se registraron 50 accidentes fatales, 1.076 accidentes que dejaron personas incapacitadas y 2.466 accidentes leves.

2022: Hubo una disminución significativa en las muertes por accidentes mineros en comparación con otros años.

2021: Se reportaron 50 muertes debido a accidentes mineros, cifra similar a la de 2023.

Fuente: Statista.

Raíces del Problema

La autoestima, prosiguió Itala Ureta quien también es autora del Libro: Autoestima; Del Sufrimiento e la Libertad, influye directamente en el nivel de conciencia y en la capacidad de los trabajadores para tomar decisiones acertadas. Cuando esta es baja, las decisiones pueden estar motivadas por emociones negativas como el miedo, el resentimiento o la envidia, en lugar de una evaluación racional de las situaciones de riesgo. Esta dinámica puede llevar a comportamientos inseguros y, en consecuencia, a accidentes laborales.

“Recientes estudios respaldan esta perspectiva. La Cámara Minera del Perú ha señalado que colaboradores con altos niveles de autoestima muestran mayor autocuidado y automotivación, factores esenciales para la prevención de accidentes en minería. Asimismo, investigaciones indican que la mayoría de los comportamientos de riesgo en el trabajo son elecciones personales, incluso cuando los trabajadores poseen el conocimiento y las condiciones adecuadas para actuar de manera segura”, precisó la especialista.

Itala Ureta dijo que “es fundamental reconocer que el trabajo en minería no es únicamente una actividad mecánica; también es emocional y mental. Por ello, propongo que los programas de capacitación y entrenamiento en el sector minero incluyan módulos específicos sobre autoestima y autocuidado. Fomentar una cultura de seguridad basada en la autoestima no solo reducirá la incidencia de accidentes, sino que también mejorará el bienestar general de los trabajadores”

“La implementación de políticas que promuevan el desarrollo de la autoestima en el entorno laboral es una inversión en la seguridad y eficiencia de las operaciones mineras. Es momento de reconocer y actuar sobre la influencia de los factores psicológicos en la seguridad laboral”, finalizó.




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Amenazas de despido y retención de sueldos: la realidad de los que trabajan para evitar tragedias como la de Trujillo

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Por Lucía Castro

La reciente tragedia en el Real Plaza de Trujillo (La Libertad), que ha dejado 6 víctimas mortales y más de 80 heridos, ha dejado al descubierto la realidad de los trabajadores municipales que se encargan de verificar, entre otras cosas, que los centros comerciales a los que todos concurrimos sean lugares seguros: los inspectores técnicos especializados en seguridad en edificaciones (ITSE). 

Su día a día, según los testimonios recogidos por Wayka.pe, se resume en sobrecarga laboral, amenazas de despido y retención de sueldos por denegar certificados de seguridad a lugares donde se registran riesgos.

La presidenta de la Comisión de Inspecciones de Seguridad del Colegio de Ingenieros del Perú, Nancy Barrenechea, alerta a Wayka.pe sobre esta realidad. “Soy presidenta de la Comisión desde el 2016 y durante todo ese tiempo he escuchado a mis colegas quejarse que no tienen estabilidad laboral, que los que conducen los municipios los condicionan a ciertas ciertas cosas que si que si no cumplen, tal vez, los van a despedir”, advierte. 

Nancy Barrenechea e inspectores ITSE en el Colegio de Ingenieros. Foto: Cortesía

SOBRECARGA LABORAL

De acuerdo con la presidenta de la Comisión ITSE, las municipalidades suelen encargar más de 10 o 15 inspecciones al día. “Dependiendo de la dimensión del local, máximo podrían ser 6. Porque si usted saca la cuenta, diez inspecciones es menos de una hora por lugar. Entonces, el inspector con tanta carga, ¿cree que lo va a hacer a conciencia?, ¿lo va a hacer bien? No, para nada”, advierte Barrenechea. 

Prueba de ello es la experiencia laboral de más de 20 años de ‘Rosario’, una ingeniera ITSE que prefiere mantener su nombre en reserva para evitar represalias. ‘Rosario’, que fue inspectora en las municipalidades de Surco, Miraflores y San Miguel, cuenta que en un día se le encargaba hasta 20 revisiones, bajo la excusa de que eran de “riesgo bajo”.

“En la Municipalidad de Surco me daban todos los días 20 inspecciones básicas. Entrábamos a las 8:00 a.m., nos asignaban nuestro trabajo y al día siguiente regresabas con tus inspecciones ya listas. Yo a veces me quedaba hasta las 10:00 p.m para cumplir con todas mis inspecciones, pero he visto otros inspectores que hacían dos o tres horas”, cuenta la ingeniera ITSE a Wayka.pe. 

AMENAZAS DE DESPIDO

Cuando un ingeniero ITSE deniega un certificado de seguridad, dependiendo del lugar al que se inspecciona, también puede recibir amenazas de despido. 

‘Rosario’ también afrontó una amenaza de despido cuando trabajó en la Municipalidad de San Miguel en el 2016, entonces a cargo de Eduardo Bless, actual alcalde del mismo distrito. El jefe de ‘Rosario’ era el entonces subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres, Luis Alberto Luna Renteros. Tanto Eduardo Bless como Luna Renteros han sido militantes del Partido Popular Cristiano (PPC). 

Municipalidad de San Miguel. Foto: Andina

En ese periodo, ‘Rosario’ y otros dos inspectores ITSE realizaron una revisión de 15 días al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Según recuerda ‘Rosario’, los inspectores encontraron deficiencias en la infraestructura y seguridad del campus. “Encontré graves observaciones. Por ejemplo, un tanque de agua sin tapa y un muro que se veía que podía colapsar. Mi compañera también encontró algunas fallas eléctricas que representaban un alto riesgo”.

Al terminar la revisión, los inspectores se reunieron con las autoridades de la universidad y expusieron sus hallazgos. Sin embargo, según cuenta ‘Rosario’, en ese momento recibieron una llamada de su entonces jefe, Luis Alberto Luna Renteros, quien les habría ordenado omitir todas las observaciones y aprobar la inspección.

“El gerente nos dijo que el alcalde está apoyando a la Universidad Católica, y por eso nos ordena que no dejemos ninguna observación. Nos dijo: ‘yo les ordeno que dejen un documento en el cuál no exista ninguna observación’. También nos dijo que si alguno de nosotros se negaba a obedecerle, lo iba a despedir”, cuenta la ingeniera ‘Rosario’.

Con la amenaza hecha, ‘Rosario’ y otro de los inspectores decidieron mantener las observaciones de la revisión, pero el tercer inspector, temeroso de perder su empleo, según cuenta la ingeniera ITSE, omitió las deficiencias. Al final, ‘Rosario’ fue despedida y además, según denuncia ella, la Municipalidad de San Miguel le debe hasta hoy 4 meses de sueldo, casi S/20 mil.

Hasta la presidenta de la Comisión ITSE del Colegio de Ingenieros del Perú, Nancy Barrenechea, ha afrontado amenazas de despido por negarse a aprobar un certificado de seguridad.

Cuando era inspectora, a mediados del 2020, Barrenechea recuerda, aunque sin ánimo de dar nombres, que un subgerente de la Municipalidad de Carabayllo le amenazó con despedirla por negarse a aprobar un certificado de seguridad de una discoteca del distrito porque pertenecía a un entonces regidor. Ante la firmeza de Barrenechea, fue despedida.

“El subgerente, que tenía menos tiempo de experiencia que yo, me dijo que tenía que aprobarla porque era la propiedad de un regidor. Entonces, le dije que yo no iba a aprobar el certificado de seguridad de esa discoteca porque no tenía las dos salidas que contempla la norma. Y al final, me terminaron botando. Encima solo me pagaron 15 días, aunque trabajé un mes entero”, rememora. 

RETENCIONES DE SUELDO

Barrenechea no fue la única inspectora que sufrió la retención de su sueldo por no ceder a la presión de sus jefes para otorgar certificados de seguridad pese a los riesgos que se registren. El ingeniero ‘Octavio’, quién también denuncia a Wayka.pe en reserva, contó que cuando trabajó en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho durante la gestión de Jesús Maldonado, entre octubre y diciembre del 2023, un funcionario lo obligó a firmar 10 actas en blanco de certificados de seguridad para edificaciones de alto riesgo. De lo contrario, según ‘Octavio’ no le pagarían su sueldo. 

“Un colega me llamó y me dijo: ‘ven a firmar (las actas) para que te paguen’. Al llegar, dos ingenieros ya habían firmado estos certificados que necesitan la firma de 3 ingenieros. Yo, por temor, firme, pero no como hago mi firma normal, utilicé un sello sin mi nombre, con la intención de que si lo utilizaban en edificaciones grandes y pasaba algo como la caída del techo de Real Plaza, ya yo me deslindaba. Yo sé que hacen eso para locales grandes y luego les cobran”, cuenta el ingeniero ‘Octavio’.

Por no cumplir las órdenes al pie de la letra, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho le debe 4 mil soles de su salario de noviembre del 2023. Los documentos, mostrados a continuación, lo demuestran. 

Orden de servicio por 8 mil soles y Recibio por honorarios de 4 mil soles del ingeniero ‘Octavio’ por su trabajo en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho

Más de 20 casos de inspectores que recibieron amenazas de despido por negarse a aprobar certificados de seguridad se han registrado en la Comisión ITSE en el Colegio de Ingenieros del Perú, desde que Barrenechea asumió la presidencia. Sin embargo, apunta Barrenechea, la mayoría no inicia una denuncia formal por falta de pruebas. 

“Yo les digo que me presenten sus quejas, pero, lamentablemente, no cuentan con documentos para avalar estas amenazas que son verbales, y aparte de eso, si las tuvieran, también tienen miedo de las represalias. Y la represalía muchas veces es despedirte, y como muchos inspectores tienen familias, lo piensan dos veces antes de denunciar”, alerta Barrenechea.

NORMAS POR MEJORAR

La presidenta de la Comisión ITSE señaló que las condiciones laborales de los inspectores y la rigurosidad en la aprobación de certificados podrían mejorar si se refuerza la Ley N° 29664, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Explicó que la actual normativa no permite estudios estructurales, lo que genera conflictos cuando los inspectores los solicitan, pues algunos administrados lo interpretan como un abuso de autoridad. Además, propuso restablecer la exigencia previa a la modificación de 2018, que requería la presencia de tres inspectores para edificaciones de alto riesgo y cuatro para las de muy alto riesgo, incluyendo obligatoriamente a un ingeniero civil para evaluar la estructura.

“Es necesario ser más rigurosos con el personal ITSE. Actualmente, prefieren inspectores jóvenes para pagar un menor sueldo, pero la experiencia que puede tener un inspector con 20 o 30 años de experiencia es diferente, porque tiene una visión total. Asimismo, los gerentes y subgerentes deben ser acreditados como ITSE, porque si ellos no están capacitados cómo se van dar cuenta si es que lo que están haciendo los inspectores está bien”, resaltó Barrenechea. 

Finalmente, la especialista exhortó al Ministerio de Vivienda que cumpla su función fiscalizadora y controle lo que se está haciendo en cada municipalidad con las oficinas de Gestión de Riesgo y Desastre. “Tendrían que empezar a visibilizar cuántas municipalidades ha visitado, qué falencias han podido encontrar para la mejora de las normativas, y, sobre todo, qué municipalidades están cumpliendo y quiénes no”, agregó.

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