Economía y Finanzas
“La Asamblea Constituyente ahora podría ser perjudicial para la inversión privada”

Abogado constitucionalista advierte que políticos deslegitimados promueven este mecanismo constituyente. Aclara que una nueva Carta Magna no será la solución a la falta de empleo e inseguridad ciudadana.
El abogado constitucionalista Pedro Morales, expresó su opinión sobre la actual Constitución del Perú y la viabilidad de una Asamblea Constituyente. Destacó las oportunidades que la Carta Magna de 1993 ha traído en términos de estabilidad democrática y económica, así como la creación de instituciones importantes como Indecopi, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. “El discurso de vamos a hacer una nueva Constitución para que tengas trabajo, para que te suban el sueldo, para que se te mejore la vida, es el discurso justamente de los politiqueros que aprovechan este desconocimiento y este descontento de la población”, advierte.
“Recordemos que la Asamblea Constituyente ahora podría ser perjudicial para la inversión privada, para la economía. Tenemos, hoy en día, una ley vigente aprobada que es la Ley N° 27600. ¿Y qué te dice esta ley? Aprobada en el gobierno de Alejandro Toledo. Esta ley te dice que si tú quieres hacer cambios sustanciales a la Constitución, puedes hacerlo volviendo a la Constitución de 1979, o sea, respetando la Constitución histórica, volviendo a la Constitución de 1979 y haciendo los cambios que sean necesarios. No se requiere una Asamblea Constituyente para una nueva constitución”, indicó.
Respecto a una posible Asamblea Constituyente, Morales advirtió sobre los riesgos y desafíos que podría conllevar. Argumentó que convocar una Asamblea en el contexto actual podría generar incertidumbre jurídica y económica, y que la falta de consenso político y social podría debilitar la estabilidad del país. En este sentido, resaltó la importancia de buscar soluciones a través de mecanismos democráticos y legales establecidos, en lugar de optar por soluciones rápidas y riesgosas.
“En cuanto, a materia económica; la Constitución de 1993 da mayores facilidades a la inversión privada en nuestro Perú. Nosotros tenemos, en la Constitución, una economía social de mercado. ¿Y qué es la economía social de mercado? Es que la empresa privada puede invertir donde el Estado no esté. También se maneja el tema de la ONP: las pensiones, hay una pública y una privada, si bien es cierto la Constitución garantiza el sistema público, la ONP, la nacional, también abre la puerta para que las pensiones puedan ser privadas”, expresó el jurista.
Fuente: Lima Conecta
Actualidad
Industria minera busca duplicar participación femenina en exploración, que hoy alcanza apenas el 12%

El evento ProEXPLO 2025 promoverá carreras STEM entre mujeres, mientras cifras revelan que solo 7.7% del empleo minero total es ocupado por mujeres.
La participación de mujeres en exploración minera peruana sigue siendo marginal (12%), pese a avances en otros eslabones de la cadena, donde representan el 33% en operaciones de maquinaria. Adriana Aurazo, de Women in Mining Perú, atribuyó esta brecha a estereotipos y falta de incentivos para carreras técnicas. «En exploración hay una oportunidad histórica para incorporar talento femenino», afirmó durante el lanzamiento de proEXPLO 2025, evento que espera superar los 2,000 asistentes.
Según el Minem, solo 18,749 mujeres trabajan en el sector (7.7% del total), aunque la inversión en exploración creció 28% en 2025 (US$568 millones). El IIMP impulsa el sello «PERUMIN» para reconocer buenas prácticas de equidad. «Necesitamos más mujeres en puestos ejecutivos que inspiren a las nuevas generaciones», remarcó Aurazo, destacando que el evento incluirá mentorías para estudiantes de geología e ingenierías.
La meta es replicar casos como el de mineras globales donde mujeres lideran proyectos de exploración, combinando innovación tecnológica y sostenibilidad.
Fuente: Altavoz
Actualidad
Nuevo ministro del Interior enfrenta presión empresarial por crisis de seguridad

Gremios exigen estrategia integral con inteligencia policial y coordinación judicial, advirtiendo que la delincuencia frena inversiones y afecta a microempresarios.
La designación de Julio Díaz Zulueta como ministro del Interior ha generado demandas urgentes del sector empresarial, que señala a la inseguridad como uno de los principales obstáculos para la reactivación económica. Según el Banco Central de Reserva, la criminalidad le cuesta al Perú el 2.2% de su PBI anual, equivalente a US$5,800 millones. Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, destacó que este problema no solo afecta la competitividad, sino que profundiza la pobreza al dificultar el crecimiento de pequeños negocios.
Desde la Federación Peruana de Cajas Municipales, Jorge Solís alertó sobre el impacto en microempresarios y asesores crediticios que operan en zonas de alto riesgo. «El crimen organizado está afectando directamente al sistema financiero descentralizado», afirmó, mientras Jorge Delgado, de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas, pidió mayor articulación entre el Estado y el sector privado para proteger a los emprendedores. Los empresarios coinciden en que las medidas aisladas, como los estados de emergencia, han demostrado ser insuficientes.
Ante este panorama, los gremios plantean una estrategia que combine inteligencia policial con tecnología de vigilancia, mayor presencia territorial y coordinación efectiva con el Ministerio Público. La presión sobre el nuevo ministro es clara: su gestión será evaluada por su capacidad para reducir los índices delictivos y restaurar la confianza en las zonas económicas clave del país.
Fuente: El Comercio
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