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La captura de socio de Castillo en EE.UU. confirma la red criminal
EE.UU. podría expulsar a Alejandro Sánchez hacia México, advierte penalista Iván Torres la Torre
El abogado penalista Iván Torres La Torre presidente en Perú del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal (IPADEP) analizó la captura del socio de Pedro Castillo, Alejandro Sánchez, en EE.UU. y su posible expulsión en las próximas horas.
Alejandro Sánchez fue detenido por las autoridades de Texas, cuando intentaba cruzar, ilegalmente, la frontera desde México hacia Estados Unidos. En este caso, ¿considera que es procedente el pedido de la Cancillería peruana para que sea expulsado hacia el Perú, o podría ser expulsado a México?
Todo va a depender del trabajo que lleve a cabo la Cancillería peruana, en la medida que una expulsión o una extradición, son instituciones jurídicas que tienen tratamientos y aspectos judiciales y a su vez políticos. Por un lado, tenemos la expulsión, que recae sobre extranjeros que infringen la ley de Extranjería o condición migratoria; mientras que la extradición tiene su origen en la persecución de un delito a nivel internacional y requiere de un mandato judicial.
Ahora bien, en el caso del prófugo de la justicia Alejandro Sánchez, lo que podría ocurrir es que las autoridades norteamericanas lo expulsen a México y sea este último país, el que reciba el pedido de extradición por parte de las autoridades peruanas, previa detención por parte de las autoridades mexicanas, en la medida que con México, el Perú tiene tratado de reciprocidad en materia de extradición.
¿Por qué se solicita la expulsión de Sánchez y no su extradición?
La expulsión tiene un trámite mucho más expeditivo; posee menos procedimientos de verificación probatoria, de doble incriminación y simplemente se le expulsa al lugar de origen; el problema está en que me parece que podría ser expulsado a México, donde Sánchez sería detenido, preventivamente, con la finalidad de ser extraditado.
Si Estados Unidos decide expulsar a Sánchez hacia México; ¿se produciría un nuevo peligro de fuga o el Perú podría pedir su extradición al gobierno mexicano?
Si Alejandro Sánchez tiene una orden de captura internacional vigente en los sistemas de Interpol y, en el supuesto que esta persona sea puesta a disposición de las autoridades mexicanas, éstas están en la obligación de proceder con su detención y comunicarla al Perú para fines de extradición; en este caso, el Perú tendrá que solicitar su extradición al gobierno de México. Será la Corte Suprema del Perú quien envíe al Ministerio de Justicia y éste al Consejo de Ministros, la solicitud de extradición de Alejandro Sánchez, luego de cumplirse con el trámite correspondiente.
¿Considera factible que Estados Unidos lo expulse hacia el Perú de manera inmediata o se tendrá que seguir algún procedimiento ante las autoridades norteamericanas?
La cooperación internacional y los buenos oficios que ejecute nuestra Cancillería, deberían lograr la expulsión inmediata de Alejandro Sánchez al Perú, siempre y cuando esté vigente su orden de captura internacional; caso contrario, se le pondrá a disposición de las autoridades en la frontera con México; lo ideal en este caso, sería lograr la expulsión inmediata de Sánchez y que sea puesto a disposición de las autoridades peruanas; sin embargo, veo complejo ese escenario.
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Sobre Sánchez pesa una medida de prisión preventiva de treinta meses. ¿Su huida del país ha complicado su situación jurídica?
Definitivamente que sí; la conducta del investigado Alejandro Sánchez, ha demostrado su instinto de fuga; su plan de huida lo coloca en una situación muy grave, por cuanto se ha sustraído de la administración de justicia; en su caso, de ser sometido a una extradición o expulsión, en el territorio peruano le espera una prisión preventiva de 30 meses dispuesta por el Poder Judicial, atendiendo a los delitos que se le imputa y a los fundamentos que sustentan la medida dictada por las autoridades peruanas.
¿Debido a la fuga de Sánchez, la Fiscalía podría pedir que se incrementen los 30 meses de prisión preventiva dictados en su contra o esa decisión ya es cosa juzgada?
Como dije en mi respuesta anterior, en lo que respecta a la prisión preventiva, que es una institución procesal, se tiene conocimiento que a Sánchez se le impuso una medida de 30 meses de prisión preventiva; el investigado apeló sin éxito y por lo tanto dicha resolución ha quedado firme y consentida, motivo por el cual no se podría presentar un nuevo pedido de prisión preventiva en contra de este investigado.
Sánchez fue el financista de la campaña de Castillo y era el dueño de la casa de Sarratea. ¿Su detención complica a la defensa de Pedro Castillo?
Absolutamente que sí complica la situación jurídica y la defensa del investigado y golpista Pedro Castillo, por cuanto yo confío en que los Fiscales del caso van a proponer y lograr, con mucha técnica jurídica y procesal, la colaboración eficaz por parte de Alejandro Sánchez, que finalmente es lo que más le conviene a este investigado; es decir, entregar o revelar información relevante para la investigación, con la finalidad que sea corroborada bajo el procedimiento respectivo y que, de esta forma, se permita a la justicia peruana desarrollar el caso e individualizar las responsabilidades de cada uno de los investigados y futuros procesados y seguramente, futuros sentenciados.
¿La captura de Sánchez confirmaría que estamos ante una organización criminal?
Efectivamente; el Ministerio Público tiene muchas carpetas de investigación, en las cuales están involucrados el expresidente Castillo, exministros, exsecretarios, excolaboradores y familiares, que apuntan a calificarlos como una organización criminal; y, todas estas conductas de los investigados, de sustraerse de la justicia, no hacen más que reflejar y dar la razón a la hipótesis de investigación fiscal; hay que tener en cuenta que la organización criminal es una categoría penal que agrava, mucho más aún, los delitos de corrupción de funcionarios.
Sánchez declaró que no se iba a someter a la colaboración eficaz. En ese caso, ¡si decide guardar silencio, se interpretaría como una obstrucción a la justicia, dada su situación de fuga?
El hecho que anteriormente se haya negado a someterse a una colaboración eficaz, no impide que finalmente decida acogerse a esta institución procesal, motivo por el cual puede convertirse en un aspirante a colaborador eficaz. Con respecto a guardar silencio, debemos tener en cuenta que el derecho al silencio es una prerrogativa y un derecho de doble dimensión, tanto procesal como constitucional, por lo que, al ser un derecho reconocido y protegido, su ejercicio no se puede interpretar como obstrucción procesal; sin embargo, tratándose de hechos de connotación política, que involucran al máximo representante de la República, como es el expresidente y, adicionalmente, atendiendo a que estas personas pregonan su inocencia, considero que su defensa debería aconsejar que se decida a brindar una declaración, que también es su derecho; salvo que se encuentre coaccionado y se utilicen extorsiones que limiten su voluntad de declarar libremente, atendiendo a que, aparentemente, nos encontramos ante una hipótesis de organización criminal.
¿Considera que la investigación contra la presunta organización criminal de Pedro Castillo se está conduciendo con todas las garantías del caso?
Yo considero que sí; en el Perú existe un Estado de derecho democrático, en donde a todas estas personas no se les persigue por sus ideas, ni por su raza, ni por ninguna otra condición particular, sino que, por el contrario, están siendo investigados por conductas que tienen categoría criminal para la legislación peruana. Lamentablemente, algunos operadores políticos de esta organización, pretenden calar en la opinión de la población, con el discurso de que habría una persecución política en su contra, lo cual es totalmente falso.
Finalmente, hay que tener en consideración, que resulta sumamente extraño, el hecho que México, bajo el gobierno de Manuel López Obrador, aliado, públicamente declarado, del expresidente golpista Pedro Castillo y que a su vez acoge por asilo político a la esposa e hijos del mencionado expresidente, haya sido, precisamente, el destino elegido por Alejandro Sánchez para mantenerse en la clandestinidad y que además haya sido la ruta para pretender fugar a los Estados Unidos; por esta razón, no me sorprendería que los asilos políticos concedidos por México, se extiendan a otros integrantes de esta presunta organización criminal.
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Corte de Lima mantiene a un juez suplente y desconoce fallo para reponer al titular
Hace más de una semana se dispuso la reincorporación de Juan Varillas, pero la presidenta de la Corte Superior, Miluska Cano, aún no la ejecuta.
Una orden judicial que debía cumplirse de inmediato lleva más de una semana sin ejecutarse. El mandato deja sin efecto la medida que suspendió al juez Juan Varillas Solano y dispone su regreso al Séptimo Juzgado Comercial de Lima. Sin embargo, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, Miluska Cano López, no lo ha repuesto. Mientras tanto, el juez suplente sigue a cargo del expediente más sensible del juzgado: la venta de acciones del Grupo El Comercio.
El resultado favorece a una de las partes. El Poder Judicial dejó sin efecto la cautelar que impedía avanzar con la compraventa de acciones, tras considerar que no cumplía los requisitos y que era excesiva. La compra se cerró pocos días después. Esa decisión la tomó el juez que ocupa el despacho de Varillas, a pesar de que, según se supo, la reincorporación del titular ya estaba ordenada.
Lo que decidió la Autoridad de Control
Según fuentes judiciales citadas por La República, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), que preside Roberto Palacios Bran, habría resuelto reincorporar a Varillas a menos de dos meses de suspenderlo, y la decisión ya habría sido notificada a la presidenta de la Corte de Lima. Se esperaba que el magistrado volviera en cuestión de horas o, a más tardar, entre el lunes y el martes siguientes, pero no ocurrió.
La ANC lo había suspendido por seis meses por presuntas irregularidades al emitir la cautelar que detuvo la venta. En su momento señaló que el documento habría sido redactado fuera de los equipos del Poder Judicial y trasladado en un USB personal.
La versión de la defensa
El abogado Claudio Cajina, abogado de los accionistas minoritarios, informó que la ANC-PJ revocó la suspensión preventiva del juez al comprobar que no existían elementos suficientes para mantenerla, desmintiendo un favorecimiento irregular en la venta de acciones de El Comercio.
Para la defensa, la resolución demuestra que la medida carecía de sustento, por lo que resulta cuestionable que el magistrado siga apartado de sus funciones. Cajina exigió a la administración judicial ejecutar la decisión y reincorporarlo de inmediato, destacando que la independencia judicial exige no apartar a los magistrados sin una causa legal debidamente acreditada.
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SUTEP CALIFICA DE «TOTAL» EL ACATAMIENTO DEL PARO NACIONAL Y ADVIERTE CON IR A HUELGA INDEFINIDA
En una jornada marcada por movilizaciones masivas a nivel nacional, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, calificó de «total» el acatamiento del paro preventivo de 24 horas realizado este jueves 29 de octubre.
El dirigente magisterial aseguró que las medidas de amedrentamiento e intimidación impulsadas por el Gobierno nacional —orientadas al descuento de salarios— fracasaron categóricamente frente a la unidad docente.
«El ministro ha fracasado en su intento de amedrentar e intimidar al magisterio. Más de 15,000 docentes hoy están desfilando en las calles de Lima y en igual número en las calles del país. El magisterio ha expresado que tiene dignidad», sostuvo Castro durante la manifestación.
Respaldo masivo en Lima e indignación de la dirigencia
El alto nivel de acatamiento fue ratificado en la capital por Gilmer Meza, secretario general del SUTEP Lima Metropolitana, quien destacó que fueron mínimos los docentes que decidieron no acatar la medida frente a las demandas desatendidas. Ante la próxima discusión del presupuesto nacional en el Parlamento durante el mes de noviembre, Meza hizo un llamado directo a las autoridades:
«El Gobierno tiene que entender y los congresistas tienen que entender que la escuela pública tiene necesidades», enfatizó.
En esa misma línea, Maruja Leyzaquía, Secretaria de Equidad y Género del SUTEP, manifestó el profundo malestar de los maestros ante el abandono histórico de los sucesivos gobiernos, sumado a la postura de la actual gestión:
«Mientras más saquen políticas de amedrentamiento como esta, de sancionar al magisterio, la indignación se va a visibilizar aún más en las calles», aseveró Leyzaquía.
A las movilizaciones se sumaron diversos docentes cesantes y jubilados con más de 30 años de servicio, quienes alzaron su voz para exigir la publicación inmediata del reglamento de la Ley 32581, norma que busca garantizar pensiones equivalentes a la primera escala magisterial.
«Hemos dado toda nuestra vida, nuestra juventud, y ahora somos olvidados. […] Que el Gobierno escuche el grito del SUTEP», expresaron los manifestantes, enfatizando que tras una vida entera de servicio merecen una vejez con dignidad y justicia social.
Acercamiento con el Congreso y advertencia de huelga indefinida
Durante la jornada de protesta, la dirigencia del SUTEP sostuvo encuentros con representantes del Poder Legislativo. Tras recibir al gremio, el senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, manifestó que asumirán un rol articulador entre las partes:
«Los senadores somos el puente entre la demanda del pueblo a través de los docentes para que el Ejecutivo escuche y dialogue. Eso es lo más importante”, indicó López-Chau en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
Pese al diálogo iniciado con el Congreso, Lucio Castro fue enfático al señalar que esta medida de fuerza tiene un carácter preventivo, pero advirtió que de no hallarse soluciones concretas, el gremio radicalizará sus acciones.
«Si no hay solución, hay huelga nacional. Está avisado el Gobierno, está avisado el Estado», sentenció el dirigente gremial.
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