La 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos puso de manifiesto el limitado liderazgo que ejerce el gobierno de Biden en la región y demostró una vez la inoperancia de un organismo hemisférico que ha devenido en un instrumento al servicio de intereses alentados por fundaciones y organismos gubernamentales.

La OEA surge en 1948 en un contexto de post guerra, fue testigo en una primera etapa de la influencia norteamericana y no tuvo otra suerte que aceptar la imposición de dictaduras civiles o militares en la mayoría de los países latinoamericanos.

Con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana se inició una etapa de aparente renovación; sin embargo los hechos en los últimos 20 años han demostrado que la democracia en la región ha enfrentado crisis sucesivas. La dictadura cubana prevalece, más allá de la muerte de Fidel Castro; mientras que gobiernos adscritos al llamado «socialismo del siglo XXI» como el de Venezuela y Nicaragua reprimen con total impunidad.

La O.E.A. está lejos de cumplir un rol activo en defensa de la libertad frente al abuso de poder; como quedó demostrado en Bolivia cuando el propio Luis Almagro convalidó la cuarta postulación de Evo Morales a la presidencia, habiendo luego tenido un comportamiento errático en el manejo de la crisis institucional boliviana.

En el Perú, la Misión de Observadores Electorales de la O.E.A. tuvo un comportamiento deplorable, en las Elecciones Generales del 2021 y más aún el propio Secretario General no tuvo el más mínimo interés en promover que se realizara una Auditoria Internacional que validara o impugnara los resultados oficiales ofrecidos por los cuestionados organismos electorales.

En el ámbito de los Derechos Humanos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos parecen estar más preocupados en distorsionar el sentido y el rol que deben cumplir en un hemisferio con instituciones débiles y muchas veces al servicio del poder político de turno. La inoperancia frente a la dictadura de Nicolás Maduro y ante las graves violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el chavismo son abordadas con tecnicismos y lejanía.

En la reciente Asamblea General, los delegados condenaron el intento de «magnicidio» contra Cristina Fernández (Vice presidenta de Argentina), pero sin embargo fueron incapaces de condenar o al menos expresar su preocupación por la situación de la ex presidenta Jeanine Añez de Bolivia, que ha sido condenada a 10 años de prisión de manera arbitraria e irregular por la justicia al servicio del gobierno del MAS y de Evo Morales.

Actualmente hay cientos de presos políticos en Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua; lo que exige que la comunidad internacional se pronuncie. La agenda norteamericana tiene hoy otras prioridades y urgencias en un mundo signado por la ofensiva rusa sobre Ucrania, la crisis energética, las presiones inflacionarias y una inminente recesión. América Latina debe insertarse mejor en la economía internacional, rechazar todo atisbo de dictadura y poner fin a tiranías que bajo un ropaje neo-marxista alentado por el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, se han propuesto promover proyectos políticos autoritarios.

Hoy Cuba y Venezuela sufren los embates de la naturaleza, poniéndose de manifiesto la incapacidad y falta de recursos de sus gobiernos; hoy se pretende imponer agendas refundacionales y levantar las banderas de los pueblos originarios, desconociendo el acendrado mestizaje en nuestros pueblos; hoy se pretende desvirtuar la importancia de la familia y obviar que en un continente con tantas carencias, la tarea más urgente es reducir la pobreza, alentar el crecimiento económico y afianzar la libertad.

Relacionado