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Locales comerciales en Miraflores contara con detectores de armas

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El alcalde anunció medidas adicionales para prevenir tragedias como la del 31 de octubre en el distrito

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales Anchorena, anunció que en la última sesión del Concejo Municipal se aprobaron medidas para reforzar la seguridad ciudadana en el distrito. Estas incluyen la instalación de detectores de armas en todos los locales comerciales a partir del 1 de diciembre.

Se agregaron diez códigos de infracción y se modificaron cuatro, específicamente relacionados con la presencia de armas de fuego en establecimientos que venden licor para consumo interno y el control de motociclistas en el distrito.

Las nuevas sanciones derivan de cambios en el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas (CISA) de la Municipalidad Distrital de Miraflores, establecido por la Ordenanza N° 480/MM.

En este contexto, el alcalde explicó que los establecimientos que permitan el ingreso de personas con armas de fuego mientras se consumen bebidas alcohólicas en su interior serán sancionados con una multa del 50% de una UIT (S/ 2,475). Aquellas personas obligadas a portar armas por su profesión deberán informar esta circunstancia al local al ingresar y no podrán consumir alcohol en el interior.

A partir del 1 de diciembre, estos locales deben contar con detectores de armas, de lo contrario, se enfrentarán a una multa equivalente a una UIT (S/4,950). Además, deben exhibir de manera visible un cartel que prohíba el ingreso de armas de fuego; no hacerlo resultará en una multa del 50% de una UIT (S/ 2,475).

El alcalde enfatizó que la intención no es simplemente imponer multas, sino brindar apoyo a los propietarios para garantizar la seguridad de los clientes. Se insta a los establecimientos a colocar carteles informativos y a confiar en la buena fe de los clientes, utilizando detectores de metales en caso de duda.

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Control de motos y ruidos molestos

Además, el Concejo Municipal aprobó multas para combatir los ruidos molestos causados por motociclistas. Aquellos que generen molestias por usar motocicletas sin silenciador o con tubo de escape no autorizado, participar en competencias no autorizadas, realizar piques, activar alarmas innecesarias, hacer sonar bocinas y promover la aglomeración de motos en espacios públicos serán sancionados con el 50% de una UIT (S/ 2,475).

También se establecieron nuevas penalizaciones para conductores de vehículos motorizados que causen desorden en la vía pública. Detener o estacionar vehículos en lugares prohibidos, obstruyendo la circulación o alterando la tranquilidad pública, resultará en una multa del 50% de una UIT (S/ 2,475), que incluirá el internamiento del vehículo del infractor.

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Titular de Produce anuncia que producción industrial cerraría el 2024 con un crecimiento de 3.5%

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El ministro de la Producción, Sergio González, indicó que al cierre de este año la producción industrial se recuperaría y registraría un crecimiento de 3.5%.

Indicó que este resultado sería impulsado por la industria primaria que crecerá 6.4% respecto del año anterior, favorecida por la buena temporada de la captura de anchoveta.

“Por su parte, la industria no primaria crecerá 2.5%, impulsada por mayores inversiones, lo que favorecerá la producción de alimentos, bebidas, químicos, cemento y madera”, aseveró.

El ministro Gonzáles detalló que después de catorce meses de encontrarse contraída la producción manufacturera, en abril último el sector ya experimentó un significativo incremento de 11.4%, impulsado por la industria pesquera, prendas de vestir, muebles, plásticos, maderas, entre otras, por lo que vislumbra una recuperación en marcha.

Impacto de la industria en el país

En la industria nacional existen 197 mil 307 empresas formales, de las cuales el 98.9% (195 123) son MYPE y el 1.1% restante (2184) pertenecen a la mediana y gran empresa.

A nivel de actividad industrial, el 60% de las empresas se dedican a la industria textil y confecciones (23.7%), metalmecánica (21.5%) y alimentos y bebidas (15.5%).

En tanto, a nivel geográfico, el 53.3% (105 124 empresas) se concentra en Lima, seguido de otras regiones como Arequipa (5.5%), La Libertad (4.5%), Cusco (3.7%) y el resto de las regiones por debajo del 3.5%. (2023)

En el sector manufactura exportan más de 7 mil 670 empresas formales, de las cuales el 64.1% (4,919) son MYPE (2,226 microempresas y 2,693 pequeña) y el 35.9% (2,751) son mediana y gran empresa.

En cuanto al empleo, el sector manufactura emplea a más de 1.6 millones de trabajadores, que representa el 9.2% del total de empleo ocupado generado a nivel nacional en 2023 (17.7 millones de trabajadores). Es el cuarto sector económico con mayor fuerza laboral.

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ENFRENTAMIENTOS POLÍTICOS –

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La controversia entre el Congreso de la República y el Poder Judicial sobre las competencias constitucionales revela tensiones profundas en el sistema político peruano. El conflicto se originó cuando el Congreso presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) tras una medida cautelar otorgada a favor de Aldo Vásquez e Inés Tello para su reposición en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Este acto judicial fue interpretado por el Congreso como una intromisión en sus competencias exclusivas de llevar a cabo juicios políticos, lo que motivó la demanda.

El Poder Judicial, defendiendo sus fueros, ha argumentado que su intervención no socava las competencias del Congreso sino que garantiza el debido proceso en los juicios políticos. Según la constitucionalista Beatriz Ramírez, el Poder Judicial tiene la autoridad para revisar estos procesos, asegurando que no se vulneren derechos fundamentales. Esta posición subraya la necesidad de un equilibrio de poderes y de mecanismos de control y balance entre las diferentes ramas del Estado, esenciales para la salud democrática.

La disputa ha intensificado las miradas hacia el TC, cuya afinidad con el Parlamento ha sido cuestionada, especialmente después de que anuló la medida cautelar a favor de Vásquez y Tello. Esto plantea un escenario de contienda entre el TC y el Poder Judicial, con implicaciones significativas para la separación de poderes. Además, el proceso competencial mismo ha sido cuestionado, ya que el Poder Judicial sostiene que el camino adecuado para impugnar una resolución judicial es a través de la apelación, no de una demanda competencial.

Finalmente, mientras el TC decide sobre la demanda competencial, la Primera Sala Constitucional debe resolver el fondo del amparo presentado por Vásquez y Tello. Este caso no solo examina la inhabilitación y separación de los miembros de la JNJ, sino que también podría establecer precedentes sobre la independencia judicial y el alcance de los controles constitucionales sobre los actos parlamentarios. La resolución de este conflicto será crucial para delinear las fronteras de la autoridad entre las instituciones del Estado peruano.

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