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Los ancianos y la pensión por alimentos. La Otra vía crucis. Por: Octavio Huachani Sánchez

Hace pocos días las cámaras de televisión y los flashes de los reporteros de los medios de comunicación estuvieron enfocados en la denuncia hecha contra el futbolista Jean Deza. Segùn su expareja y madre de una de sus hijas, Elva Vracko, pese al acuerdo judicial que tienen, Deza no le pasa manutención a su hija desde el año 2017. De acuerdo a la denuncia el futbolista debe más de 200 mil soles por pensión de alimentos.
Esta denuncia trascendió por ser un caso emblemático. Pero detrás de las cámaras y de los flashes, existen miles de casos, iguales o parecidos que por ser de personas anónimas, no trascienden.
Hace siglos el filósofo Séneca sentenció que “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Aunque el acceso a la justicia es un derecho humano al que todas las personas deberían acceder en iguales condiciones, en la práctica resulta diferente porque obtener justicia no está al alcance de todos.
Además del tiempo empleado en las diligencias, una persona de escasos recursos económicos debe gastar el poco dinero que dispone en abogados, pasajes, fotocopias, y constantes llamadas telefónicas. pero sobre todo, debe tener paciencia, mucha paciencia, y no perder la fe.
Esta es una de las razones del porque en la población existe un alto grado de incertidumbre cuando se trata de un proceso judicial debido a la poca credibilidad que se tiene en la imparcialidad, efectividad y honestidad de algunos jueces.
Si a una mujer de 25 o 35 años aproximadamente, -víctima de alguna violencia doméstica o abandono de hogar-, le resulta difícil acceder a la justicia en las mismas condiciones económicas y legales que el demandado, peor les va a los ancianos en estado de indigencia que reclaman una pensión alimenticia a sus hijos.
Si bien el ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) a través de sus módulos de conciliación ubicados en diferentes distritos ofrece asesoría gratuita, son pocas las parejas que llegan a conciliar en primera instancia. Usualmente es el conviviente de la mujer o el hijo del anciano que se niegan a aceptar la propuesta del demandante.
Y en ese momento empieza el calvario
El siguiente paso es acudir a la abogada del módulo el MINJUSDH que elabora el expediente para remitirlo al Juzgado de Paz Letrado del sector y esperar la opinión de la jueza. Este paso toma de dos a cuatro meses. En ese lapso se debe acudir mensualmente al despacho de la abogada para saber la respuesta de la jueza, hasta que finalmente le comunican que la demanda ha sido admitida.
Ahora debe esperar la citación a la audiencia que de acuerdo a Ley es sumaria. Cuando ya hay fecha para la audiencia la abogada del ministerio de Justicia les dice que venga un día antes para coordinar. Sin embargo, llegado el día, la abogada les informa que tiene el trabajo muy recargado y no puede acompañarle y que tiene acudir solo.
Cuando llegan a la audiencia su humilde rostro refleja ansiedad y temor por la desigualdad al notar que el demandado llega en su propio auto y acompañado de su abogado.
Pese a estar en estado de indefensión y que la ley prohíbe iniciar una audiencia de este modo, la jueza decide iniciar el juicio.
La audiencia por estos casos es única y en promedio debería demorar seis meses para obtener una sentencia, pero la realidad es otra.
Dos años después de realizada la audiencia recién la jueza firma la sentencia. Pero hay más. Con la sentencia en la mano, la mujer o el anciano, deben solicitar una “conformidad de sentencia” de parte del demandado, que demora otros dos o tres meses, en el mejor de los casos. Luego debe enviar a la jueza una solicitud de “apertura de cuenta de pensiones” al banco de la Nación. Y trascurren dos o tres meses más. Mientras esperan la respuesta del demandado deberá presentar una “Liquidación de Devengados”.
Hasta ese momento ya han transcurrido tres o cuatro largos años. Pero la esperanza nunca se pierde y su rostro esboza una sonrisa porque supone que la espera valió la pena.
DOS CASOS
María Q.R. (dos hijos) tenía 26 años cuando empezó la demanda, ahora tiene 31 años, pero da la impresión que tuviera 45. Por su parte don José H. S., contaba con 74 años al iniciar la demanda por alimentos y ahora está próximo a cumplir 80 años y aún espera el pago de los devengados. En el caso de la mujer, en esos cuatro años, con mucho esfuerzo y el apoyo del Comedor de Madres, Club de Vaso de Leche y venta de productos de limpieza y desinfectantes, pudo sobrevivir y poder alimentar, vestir y educar a sus hijos.
Pero esos mismos cuatro años son muchos años para un anciano y don José está casi ciego y sordo y sin esperanza de alcanzar justicia. “La demora es perversa porque da la impresión que esperan que los viejos mueran para no pagarles nada” dice con amargura porque se acaba de enterar que, de acuerdo a ley, una vez presentada la demanda, se podía solicitar la asignación anticipada, algo que la jueza nunca le informó.
DESIGUALDADES ANTE LA LEY
En el caso de los hijos menores de edad el monto mínimo que le corresponde equivale al 40% del sueldo o salario cuando se trate de un solo hijo. Si tiene más de un hijo, el monto mínimo por cada uno de ellos equivale al 30% del salario o sueldo.
Pero en el caso de los padres ancianos la ley establece que la cuota alimentaria puede ser hasta el 50 % del salario mensual, pero-el porcentaje exacto dependerá del criterio del juez a cargo del proceso. Usualmente es de S/200 o S/300 mensuales.
“Esta suma resulta insultante para cualquier persona ya que no cubre en lo minino las necesidades de un anciano que debido a su situación de desvalido y con enfermedad crónicas propias de su edad lo hacen más vulnerables” señaló el abogado Juan Carlos Arenas Canales quien està empeñado en que la justicia llegue igual para todos y ofrece sus servicios de manera gratuita a las personas en estado de indigencia y abandono que acuden a su despacho.
Según el letrado así como las instituciones del Estado y empresas privadas otorgan un trato preferencial a los adultos mayores este también debería existir para los procesos legales de los adultos mayores.
“En ese sentido hay que destacar la iniciativa de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur que ha dispuesto de un módulo de atención para los adultos mayores que acuden a su sede de Villa El Salvador”, señaló el abogado Arenas.
Por Octavio Huachani Sánchez
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La autoestima es clave en la prevención de accidentes en la minería – Agencia de Noticias Órbita

“El trágico accidente ocurrido recientemente en la minera Antamina ha puesto de relieve la necesidad de abordar no solo los aspectos técnicos de la seguridad laboral, sino también los factores emocionales y psicológicos que influyen en el comportamiento de los trabajadores. Como experta en autoestima y su impacto en el entorno laboral, es imperativo destacar cómo la baja autoestima puede conducir a decisiones inconscientes que comprometen la seguridad en el sector minero”, afirmó Itala Ureta coach en Autoestima y Liderazgo.
Estadísticas de Accidentes en la Minería Peruana
En los últimos años, las cifras de accidentes en el sector minero han sido preocupantes:
2023: Se registraron 50 accidentes fatales, 1.076 accidentes que dejaron personas incapacitadas y 2.466 accidentes leves.
2022: Hubo una disminución significativa en las muertes por accidentes mineros en comparación con otros años.
2021: Se reportaron 50 muertes debido a accidentes mineros, cifra similar a la de 2023.
Fuente: Statista.
Raíces del Problema
La autoestima, prosiguió Itala Ureta quien también es autora del Libro: Autoestima; Del Sufrimiento e la Libertad, influye directamente en el nivel de conciencia y en la capacidad de los trabajadores para tomar decisiones acertadas. Cuando esta es baja, las decisiones pueden estar motivadas por emociones negativas como el miedo, el resentimiento o la envidia, en lugar de una evaluación racional de las situaciones de riesgo. Esta dinámica puede llevar a comportamientos inseguros y, en consecuencia, a accidentes laborales.
“Recientes estudios respaldan esta perspectiva. La Cámara Minera del Perú ha señalado que colaboradores con altos niveles de autoestima muestran mayor autocuidado y automotivación, factores esenciales para la prevención de accidentes en minería. Asimismo, investigaciones indican que la mayoría de los comportamientos de riesgo en el trabajo son elecciones personales, incluso cuando los trabajadores poseen el conocimiento y las condiciones adecuadas para actuar de manera segura”, precisó la especialista.
Itala Ureta dijo que “es fundamental reconocer que el trabajo en minería no es únicamente una actividad mecánica; también es emocional y mental. Por ello, propongo que los programas de capacitación y entrenamiento en el sector minero incluyan módulos específicos sobre autoestima y autocuidado. Fomentar una cultura de seguridad basada en la autoestima no solo reducirá la incidencia de accidentes, sino que también mejorará el bienestar general de los trabajadores”
“La implementación de políticas que promuevan el desarrollo de la autoestima en el entorno laboral es una inversión en la seguridad y eficiencia de las operaciones mineras. Es momento de reconocer y actuar sobre la influencia de los factores psicológicos en la seguridad laboral”, finalizó.
Especiales
Amenazas de despido y retención de sueldos: la realidad de los que trabajan para evitar tragedias como la de Trujillo

Por Lucía Castro
La reciente tragedia en el Real Plaza de Trujillo (La Libertad), que ha dejado 6 víctimas mortales y más de 80 heridos, ha dejado al descubierto la realidad de los trabajadores municipales que se encargan de verificar, entre otras cosas, que los centros comerciales a los que todos concurrimos sean lugares seguros: los inspectores técnicos especializados en seguridad en edificaciones (ITSE).
Su día a día, según los testimonios recogidos por Wayka.pe, se resume en sobrecarga laboral, amenazas de despido y retención de sueldos por denegar certificados de seguridad a lugares donde se registran riesgos.
La presidenta de la Comisión de Inspecciones de Seguridad del Colegio de Ingenieros del Perú, Nancy Barrenechea, alerta a Wayka.pe sobre esta realidad. “Soy presidenta de la Comisión desde el 2016 y durante todo ese tiempo he escuchado a mis colegas quejarse que no tienen estabilidad laboral, que los que conducen los municipios los condicionan a ciertas ciertas cosas que si que si no cumplen, tal vez, los van a despedir”, advierte.

SOBRECARGA LABORAL
De acuerdo con la presidenta de la Comisión ITSE, las municipalidades suelen encargar más de 10 o 15 inspecciones al día. “Dependiendo de la dimensión del local, máximo podrían ser 6. Porque si usted saca la cuenta, diez inspecciones es menos de una hora por lugar. Entonces, el inspector con tanta carga, ¿cree que lo va a hacer a conciencia?, ¿lo va a hacer bien? No, para nada”, advierte Barrenechea.
Prueba de ello es la experiencia laboral de más de 20 años de ‘Rosario’, una ingeniera ITSE que prefiere mantener su nombre en reserva para evitar represalias. ‘Rosario’, que fue inspectora en las municipalidades de Surco, Miraflores y San Miguel, cuenta que en un día se le encargaba hasta 20 revisiones, bajo la excusa de que eran de “riesgo bajo”.
“En la Municipalidad de Surco me daban todos los días 20 inspecciones básicas. Entrábamos a las 8:00 a.m., nos asignaban nuestro trabajo y al día siguiente regresabas con tus inspecciones ya listas. Yo a veces me quedaba hasta las 10:00 p.m para cumplir con todas mis inspecciones, pero he visto otros inspectores que hacían dos o tres horas”, cuenta la ingeniera ITSE a Wayka.pe.
AMENAZAS DE DESPIDO
Cuando un ingeniero ITSE deniega un certificado de seguridad, dependiendo del lugar al que se inspecciona, también puede recibir amenazas de despido.
‘Rosario’ también afrontó una amenaza de despido cuando trabajó en la Municipalidad de San Miguel en el 2016, entonces a cargo de Eduardo Bless, actual alcalde del mismo distrito. El jefe de ‘Rosario’ era el entonces subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres, Luis Alberto Luna Renteros. Tanto Eduardo Bless como Luna Renteros han sido militantes del Partido Popular Cristiano (PPC).


En ese periodo, ‘Rosario’ y otros dos inspectores ITSE realizaron una revisión de 15 días al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Según recuerda ‘Rosario’, los inspectores encontraron deficiencias en la infraestructura y seguridad del campus. “Encontré graves observaciones. Por ejemplo, un tanque de agua sin tapa y un muro que se veía que podía colapsar. Mi compañera también encontró algunas fallas eléctricas que representaban un alto riesgo”.
Al terminar la revisión, los inspectores se reunieron con las autoridades de la universidad y expusieron sus hallazgos. Sin embargo, según cuenta ‘Rosario’, en ese momento recibieron una llamada de su entonces jefe, Luis Alberto Luna Renteros, quien les habría ordenado omitir todas las observaciones y aprobar la inspección.
“El gerente nos dijo que el alcalde está apoyando a la Universidad Católica, y por eso nos ordena que no dejemos ninguna observación. Nos dijo: ‘yo les ordeno que dejen un documento en el cuál no exista ninguna observación’. También nos dijo que si alguno de nosotros se negaba a obedecerle, lo iba a despedir”, cuenta la ingeniera ‘Rosario’.
Con la amenaza hecha, ‘Rosario’ y otro de los inspectores decidieron mantener las observaciones de la revisión, pero el tercer inspector, temeroso de perder su empleo, según cuenta la ingeniera ITSE, omitió las deficiencias. Al final, ‘Rosario’ fue despedida y además, según denuncia ella, la Municipalidad de San Miguel le debe hasta hoy 4 meses de sueldo, casi S/20 mil.
Hasta la presidenta de la Comisión ITSE del Colegio de Ingenieros del Perú, Nancy Barrenechea, ha afrontado amenazas de despido por negarse a aprobar un certificado de seguridad.
Cuando era inspectora, a mediados del 2020, Barrenechea recuerda, aunque sin ánimo de dar nombres, que un subgerente de la Municipalidad de Carabayllo le amenazó con despedirla por negarse a aprobar un certificado de seguridad de una discoteca del distrito porque pertenecía a un entonces regidor. Ante la firmeza de Barrenechea, fue despedida.
“El subgerente, que tenía menos tiempo de experiencia que yo, me dijo que tenía que aprobarla porque era la propiedad de un regidor. Entonces, le dije que yo no iba a aprobar el certificado de seguridad de esa discoteca porque no tenía las dos salidas que contempla la norma. Y al final, me terminaron botando. Encima solo me pagaron 15 días, aunque trabajé un mes entero”, rememora.
RETENCIONES DE SUELDO
Barrenechea no fue la única inspectora que sufrió la retención de su sueldo por no ceder a la presión de sus jefes para otorgar certificados de seguridad pese a los riesgos que se registren. El ingeniero ‘Octavio’, quién también denuncia a Wayka.pe en reserva, contó que cuando trabajó en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho durante la gestión de Jesús Maldonado, entre octubre y diciembre del 2023, un funcionario lo obligó a firmar 10 actas en blanco de certificados de seguridad para edificaciones de alto riesgo. De lo contrario, según ‘Octavio’ no le pagarían su sueldo.
“Un colega me llamó y me dijo: ‘ven a firmar (las actas) para que te paguen’. Al llegar, dos ingenieros ya habían firmado estos certificados que necesitan la firma de 3 ingenieros. Yo, por temor, firme, pero no como hago mi firma normal, utilicé un sello sin mi nombre, con la intención de que si lo utilizaban en edificaciones grandes y pasaba algo como la caída del techo de Real Plaza, ya yo me deslindaba. Yo sé que hacen eso para locales grandes y luego les cobran”, cuenta el ingeniero ‘Octavio’.
Por no cumplir las órdenes al pie de la letra, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho le debe 4 mil soles de su salario de noviembre del 2023. Los documentos, mostrados a continuación, lo demuestran.


Más de 20 casos de inspectores que recibieron amenazas de despido por negarse a aprobar certificados de seguridad se han registrado en la Comisión ITSE en el Colegio de Ingenieros del Perú, desde que Barrenechea asumió la presidencia. Sin embargo, apunta Barrenechea, la mayoría no inicia una denuncia formal por falta de pruebas.
“Yo les digo que me presenten sus quejas, pero, lamentablemente, no cuentan con documentos para avalar estas amenazas que son verbales, y aparte de eso, si las tuvieran, también tienen miedo de las represalias. Y la represalía muchas veces es despedirte, y como muchos inspectores tienen familias, lo piensan dos veces antes de denunciar”, alerta Barrenechea.
NORMAS POR MEJORAR
La presidenta de la Comisión ITSE señaló que las condiciones laborales de los inspectores y la rigurosidad en la aprobación de certificados podrían mejorar si se refuerza la Ley N° 29664, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Explicó que la actual normativa no permite estudios estructurales, lo que genera conflictos cuando los inspectores los solicitan, pues algunos administrados lo interpretan como un abuso de autoridad. Además, propuso restablecer la exigencia previa a la modificación de 2018, que requería la presencia de tres inspectores para edificaciones de alto riesgo y cuatro para las de muy alto riesgo, incluyendo obligatoriamente a un ingeniero civil para evaluar la estructura.
“Es necesario ser más rigurosos con el personal ITSE. Actualmente, prefieren inspectores jóvenes para pagar un menor sueldo, pero la experiencia que puede tener un inspector con 20 o 30 años de experiencia es diferente, porque tiene una visión total. Asimismo, los gerentes y subgerentes deben ser acreditados como ITSE, porque si ellos no están capacitados cómo se van dar cuenta si es que lo que están haciendo los inspectores está bien”, resaltó Barrenechea.
Finalmente, la especialista exhortó al Ministerio de Vivienda que cumpla su función fiscalizadora y controle lo que se está haciendo en cada municipalidad con las oficinas de Gestión de Riesgo y Desastre. “Tendrían que empezar a visibilizar cuántas municipalidades ha visitado, qué falencias han podido encontrar para la mejora de las normativas, y, sobre todo, qué municipalidades están cumpliendo y quiénes no”, agregó.
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