➢ La disposición ministerial dispone una cuota de 1,601.3 toneladas de producto. Tendrá una vigencia hasta el 30 de abril del 2025 o hasta alcanzar la cuota establecida.

➢ El inicio de las actividades extractivas está programado para el día siguiente de la publicación de las listas de embarcaciones autorizadas por los Gobiernos Regionales de Piura y Lambayeque.

En una decisión clave para el sector pesquero y acuícola, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) emitió la Resolución Ministerial N.º 000471-2024, que autoriza la extracción de hasta 1,601.3 toneladas de concha de abanico (Argopecten purpuratus) en el ámbito de la isla Lobos de Tierra, comprendida entre las regiones de Piura y Lambayeque. Esta medida busca garantizar el abastecimiento de concesiones acuícolas y promover el desarrollo sostenible de esta actividad en el país.

El permiso se fundamenta en el reciente informe del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), que confirmó la existencia de un stock poblacional significativo de conchas de abanico en la zona. La actividad extractiva estará limitada a ejemplares con tamaños entre 25 y 65 milímetros de altura valvar, bajo un estricto control y monitoreo. Además, el plazo de extracción se extenderá hasta el 30 de abril de 2025 o hasta alcanzar la cuota establecida.

La concha de abanico es un recurso estratégico para cientos de pescadores artesanales, quienes serán los principales actores en esta operación. Mediante este régimen de extracción, se generarán oportunidades económicas y empleo en regiones clave como Lambayeque y Piura. Además, la medida fomenta la integración entre la pesca artesanal y la acuicultura, un sector en crecimiento que contribuye a la seguridad alimentaria del país.

La resolución también incluye disposiciones sanitarias y de conservación para proteger la biodiversidad y garantizar la calidad del recurso. La supervisión estará a cargo de PRODUCE, SANIPES y los Gobiernos Regionales de Lambayeque y Piura, quienes coordinarán las labores de fiscalización y monitoreo en las áreas autorizadas.

Hacia una acuicultura más inclusiva y sostenible

El Ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, destacó que, “esta medida no solo beneficia a los pescadores, sino que también refuerza el compromiso del Estado con la acuicultura sostenible, promoviendo un modelo que equilibra el desarrollo económico con la conservación ambiental. La resolución establece un marco que incentiva la formalización y la inversión privada, pilares fundamentales para el crecimiento del sector. Es decir, con esta resolución, impulsamos la economía local y protegemos nuestros recursos marinos para las futuras generaciones”, afirmó el titular de PRODUCE.

El inicio de las actividades extractivas está programado para el día siguiente de la publicación de las listas de embarcaciones autorizadas por los Gobiernos Regionales. Con esta acción, el Gobierno reafirma su apuesta por el fortalecimiento del sector pesquero y acuícola como motor de desarrollo para las comunidades costeras del Perú.

Garantizar el acceso a la información pública fortalece la lucha contra la corrupción y promueve el control ciudadano.

El principio de transparencia es fundamental para prevenir la corrupción y fomentar una administración pública eficiente. En Perú, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que toda información en poder del Estado es, por regla general, de acceso público. Herramientas como GOB.PE, los Portales de Transparencia Estándar y redes sociales oficiales permiten a los ciudadanos vigilar sectores estratégicos como educación, economía y salud, promoviendo así el control social y la rendición de cuentas. 

“El acceso a la información constituye un mecanismo importante de prevención de la corrupción. Esta afirmación cobra aún más importancia cuando estamos frente a procesos penales seguidos contra funcionarios públicos por delitos de corrupción”, indicó Julio Rodríguez Vásquez, investigador del Proyecto Anticorrupción del Instituto de Derechos Humanos y Democracia (IDEHPUCP).

A pesar de los avances, persisten desafíos en el acceso a la información, especialmente para grupos vulnerables. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2019 y 2022, el 31% de las quejas sobre falta de acceso a la información provinieron de personas en situación de vulnerabilidad. Mejorar la accesibilidad y consolidar plataformas digitales integradas es crucial para asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la información, fortaleciendo la confianza en las instituciones y garantizando una gestión pública más transparente y eficiente.

Fuente: InfoActiva