El Perú afronta una grave crisis, que se expresa en el plano sanitario, económico y social. Los resultados del proceso electoral del pasado 6 de Junio, más allá de las simpatías o de las opciones políticas o ideológicas debe generar confianza y certeza de que la voluntad popular será respetada. La estrechez de los resultados y la serie de impugnaciones, observaciones y nulidades interpuestas hasta la fecha merecen la atención y preocupación de todo el país.
Considero que más allá de todo, es imperativo realizar una Auditoria Internacional con la participación de la Organización de Estados Americanos en especial, (incluso con el concurso de la Unión Europea) similar a la que se practicó en Bolivia (en Octubre 2019) y que concluyó con un INFORME de la O.E.A., señalando graves irregularidades por parte de los organismos electorales bolivianos.
El candidato Carlos Mesa (que había ocupado el segundo lugar en la primera vuelta electoral) y la oposición a Evo Morales plantearon esa exigencia a los «observadores internacionales», en un contexto de confrontación nacional. Posteriormente el candidato a la reelección presidencial, Evo Morales renunció, logró asilarse en México y se instaló en Bolivia un «gobierno interino».
HOY en el escenario político nacional, es evidente que los organismos electorales, tanto la ONPE, como el Jurado Nacional de Elecciones NO están actuando con imparcialidad. Más allá de los procedimientos y los plazos perentorios, debe prevalecer la transparencia en un proceso electoral con resultados tan ajustados. Las evidencias de manipulación y fraude son EVIDENTES.
Una auditoria selectiva (en base a una muestra nacional) de las actas electorales contrastadas por las «planillas de electores» es indispensable; a la par que una auditoria al software y centros de cómputo (104 a nivel nacional) de la ONPE.
Por otro lado son cuestionables las «marchas y contramarchas» de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones y que el cuestionado Presidente SALAS ARENAS, tenga doble voto y se convierta en dirimente, ante la frustrada elección del representante del Colegio de Abogados de Lima (5to magistrado del Pleno J.N.E.).
Estadísticamente y en el ámbito de las probabilidades resulta muy sospechoso que en «cientos de actas» la candidata Keiko Fujimori NO tenga un solo voto; mientras que a nivel nacional el señor Pedro Castillo ha tenido votos en todas las «actas de sufragio del país», incluso en las jurisdicciones o regiones en las que el partido Fuerza Popular ha sido el más votado.
El fraude instrumentado con la participación de los militantes de Perú Libre, es burdo y no se ha producido sólo en las «mesas de sufragio» o en los «centros de votación». NO seamos ingenuos, el fraude ha tenido la complicidad de los organismos electorales y sus autoridades; por cierto no se descarta la anuencia del gobierno del señor SAGASTI.
Existe un «plan en marcha» alentado desde el exterior. En la primera vuelta electoral, de una manera sospechosa, tanto SOMOS PERÚ, como el partido MORADO para lograr superar la «valla electoral» y contar con representación parlamentaria obtuvieron «sospechosanente» votos en centros poblados y zonas en las que no tienen ninguna presencia electoral.
En el próximo Congreso; ambas agrupaciones tendrán 8 congresistas y aún NO está descartado (hay acciones legales en trámite) que uno de ellos sea el «vacado e inhabilitado» ex presidente Martín Vizcarra. En este contexto, es necesario que la ciudadania se movilice y que la candidata de Fuerza Popular dé un paso adelante, cuestionando el accionar de los organismos electorales y demande la realización de una AUDITORIA INTERNACIONAL.
La democracia debe institucionalizarse en base a organismos electorales autónomos y los resultados electorales deben expresar la voluntad del pueblo, sin ningún atisbo de duda. Evocando a José Martí, podemos afirmar que «cuando el sufragio es ley, la revolución está en el sufragio». La voluntad popular debe ser respetada, dejando de lado el fraude y la imposición.
Por: José Antonio TORRES IRIARTE.
