El mercurio es una neurotoxina altamente peligrosa que se acumula en los tejidos de los peces en áreas contaminadas. Para la mayoría de las personas, la principal fuente de exposición al mercurio es a través del consumo de pescado. Un estudio realizado en 2019 por científicos de la Institución Carnegie para la Ciencia reveló que muchas de las especies de pescado de alto consumo en los mercados de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, contenían niveles de mercurio significativamente por encima de los límites permitidos. La ingesta de mercurio en grandes cantidades conlleva riesgos de intoxicación y daño al sistema nervioso en los seres humanos.

La Constitución de nuestro país garantiza a toda persona el derecho a vivir en un entorno equilibrado y propicio para su desarrollo. Este derecho no solo es fundamental por sí mismo, sino que también actúa como un protector de otros derechos esenciales, como el derecho a la vida, la salud, la libertad y la participación ciudadana, entre otros.

Un ejemplo ilustrativo de este principio se evidencia en la situación reciente en el río Nanay, ubicado en Iquitos. Se han reportado noticias alarmantes sobre actividades ilegales de extracción de minerales en esta región. Es importante destacar que la cuenca del río Nanay es la principal fuente de suministro de agua potable para la ciudad de Iquitos. Sedaloreto, la entidad encargada de gestionar el agua en la ciudad, ha ubicado sus principales puntos de captación de agua en este río. Por lo tanto, cualquier daño o alteración en esta área podría dar lugar a una violación del derecho al acceso al agua potable.

En este contexto, el artículo 7-A de la Constitución Política del Perú establece que el Estado reconoce el derecho de todas las personas a acceder de manera progresiva y universal al agua potable. Además, impone al Estado la responsabilidad de garantizar este derecho, dándole prioridad al consumo humano por encima de otros usos.

En concordancia con esta disposición constitucional, los Expedientes N°s. 06546-2006-PA del Tribunal Constitucional han establecido que el derecho al agua potable es principalmente de naturaleza positiva o prestacional, y que su concreción recae principalmente en la responsabilidad del Estado. Además, se enfatiza que el agua es un recurso natural esencial, desempeñando un papel fundamental en el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de las personas, así como en la protección de otros derechos fundamentales, como la salud, el empleo y el medio ambiente.

El ejemplo que acabo de mencionar ilustra claramente el riesgo que enfrentamos en cuanto a la calidad y el acceso al agua potable debido a actividades ilícitas y contaminantes. La contaminación provocada por la presencia de mercurio plantea graves amenazas para la salud, este contaminante no solo afecta el agua y los ríos, sino que también puede ingresar en la cadena alimentaria, principalmente a través del consumo de peces, que acumulan este tóxico en sus organismos.

Es esencial impulsar un monitoreo científico exhaustivo en relación con la contaminación ambiental por mercurio y sus impactos en la salud, incluyendo la temida enfermedad de Minamata. El monitoreo debe ser llevada a cabo en áreas que albergan recursos hidrobiológicos contaminados por este metal.

Para respaldar estas iniciativas, se debe establecer un centro de monitoreo que realice análisis de los niveles de mercurio en muestras de cabello, sangre y orina de los habitantes de la zona. Este centro de monitoreo debe estar ubicado en las postas de las comunidades locales para facilitar el acceso de la población. La implementación de estos análisis, especialmente en momentos de emergencia, debe basarse en el principio precautorio, que establece que es necesario tomar medidas preventivas cuando existen indicios de peligro, incluso si la evidencia científica es limitada o incierta. Es urgente que se lleve a cabo una acción coordinada que incluya investigación, monitoreo, educación y prevención para abordar la grave amenaza que representa la contaminación por mercurio en los seres vivos.