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Devolverán aportes a 1.2 millones de fonavistas
Luego de las observaciones del Poder Ejecutivo, el Congreso aprobó por insistencia el dictamen que modifica la Ley de Devolución de Dinero del Fondo Nacional de Vivienda (Ley N° 29625) para que la Comisión Ad Hoc del Fonavi agilice el proceso de retribución. Desde el gobierno anuncian que en el mes de diciembre se iniciará el proceso de devolución.
Cabe mencionar que se trata de una devolución parcial con cargo a una posterior cancelación que se dispondrán del fondo de S/2.000 millones que poseen los fonavistas y otros S/50 millones dispuestos por el presupuesto público de este año.
El cambio sustancial avalado en el último Pleno —por 94 legisladores— es que se “allana el camino para cumplir con el pago desde la quincena de diciembre”, según Luis Luzuriaga, dirigente fonavista y presidente de la Comisión Ad Hoc, ya que antes se establecía que el reembolso comenzaba con un certificado de aportes con el total a reconocer, y no tanto por un certificado de pago a cuenta, como manda la propuesta.
“Somos un millón 200.000 fonavistas acreditados en el padrón, quienes irán presentando sus documentos de aportaciones. De acuerdo a los tramos de aportes va a determinarse lo que le corresponde a cada uno, ya que los porcentajes de descuento varían”, comentó.
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Noveno retiro de AFP: proyecto plantea retirar hasta 4 UIT sin perder el derecho a solicitar la pensión mínima
La iniciativa, que cita el impacto de El Niño en las familias, deberá pasar por las dos cámaras del Congreso. Especialistas advierten que los retiros reducen las posibilidades de alcanzar los 240 aportes que exige la pensión mínima.
Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso propone autorizar a los afiliados a las AFP a retirar hasta 4 UIT de sus fondos, lo que constituiría el noveno retiro desde la pandemia de la COVID-19. La iniciativa, de la congresista Catherin Palomino (Juntos por el Perú), sustenta la medida en el impacto económico que podría tener El Niño en las familias. Deberá ser evaluada primero en comisiones de la Cámara de Diputados y, de aprobarse, pasaría a la Cámara de Senadores antes de llegar al Ejecutivo para su promulgación u observación.
Actualmente, quien retira fondos de su AFP pierde el derecho a solicitar la pensión mínima. El proyecto deja sin efecto esa prohibición, aunque mantiene el requisito de 240 aportes, equivalentes a 20 años. Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, explicó que quien retire podrá seguir solicitándola, pero tendrá menos posibilidades de alcanzar esos aportes, ya que los retiros los descuentan.
César Abanto, especialista previsional del estudio Rodríguez Angobaldo, recordó que la Constitución prohíbe el retiro de fondos previsionales y que el Tribunal Constitucional solo lo admitió en casos extraordinarios, como la COVID-19. “El Niño no es el COVID-19”, sostuvo, al señalar que es un fenómeno que se presenta cada cierto tiempo en el país. Añadió que estos fondos no solo sirven para la jubilación, sino que incluyen un seguro ante la invalidez o la muerte del trabajador.
Carrillo cuestionó que siempre habrá una justificación para un nuevo retiro y advirtió que la medida favorecería sobre todo a los sectores A y B, que tienen más fondos, mientras que los sectores C y D tienen muy poco o nada en su AFP. Según Abanto, los retiros generalizados anteriores incentivaron la salida de dinero incluso entre quienes no perdieron su empleo, y hoy más de 4 millones de afiliados ya no cuentan con fondos para su pensión.
Fuente: Gestión
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74% de las empresas siente que recibe del Estado menos de lo que aporta, revela estudio de Ipsos
ComexPerú plantea simplificar trámites, racionalizar fiscalizaciones y acelerar permisos para que la inversión privada, desde el gran proyecto hasta la pequeña bodega, se concrete. En Lima Norte, el Parque Industrial de Ancón demandará más de US$1200 millones de inversión privada.
El mensaje de la presidenta Keiko Fujimori durante su reciente visita a la Bolsa de Valores de Nueva York, donde afirmó que “la inversión privada significa empleo, crecimiento y desarrollo para millones de peruanos”, debe convertirse en acción dentro del país, plantea ComexPerú. El gremio recuerda que hablar de inversión privada no se limita a los grandes proyectos mineros, energéticos o de infraestructura, sino que incluye a los millones de emprendedores que cada día abren sus negocios y contratan trabajadores.
Las cifras, según el gremio, son contundentes: en 2025, las micro y pequeñas empresas (mypes) representaron alrededor de 99.5% de las empresas del país y generaron aproximadamente 8 millones de empleos, pero 86.5% de ellas opera en la informalidad. Un estudio de Ipsos, realizado por encargo de ComexPerú, añade que 74% de las empresas considera que recibe del Estado menos de lo que aporta y que 45% identifica el manejo de fiscalizaciones e inspecciones como el proceso estatal más problemático; además, las municipalidades son percibidas como entidades que priorizan sancionar en vez de orientar.
Para ComexPerú, el Estado debe dejar de poner obstáculos innecesarios a quien quiere producir, invertir y generar empleo. El gremio propone simplificar procedimientos, eliminar barreras burocráticas, racionalizar las fiscalizaciones, acelerar permisos y licencias, digitalizar trámites y generar predictibilidad. Hacerlo, subraya, “no significa reducir estándares ni controles. Significa hacer que el Estado funcione mejor”.
ComexPerú plantea que esta agenda debe abordarse con el mismo sentido de urgencia que la inseguridad ciudadana y la prevención frente al Fenómeno El Niño, pues cada proyecto paralizado y cada empresario que desiste de crecer son oportunidades que el país pierde. En Lima Norte, el Parque Industrial de Ancón, adjudicado en diciembre de 2025 al consorcio Junefield Ancón Industrial Park, demandará una inversión superior a US$1200 millones y prevé albergar a más de 200 empresas y generar cerca de 120 mil empleos; según el Ministerio de la Producción, su diseño contempla que pymes abastezcan a empresas tractoras.
Fuente: ComexPerú
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