Noticias
Uso prohibido de celular en labor de especial atención es falta grave – Diario Nacional Realidad.PE
El uso prohibido del celular durante el horario de trabajo, cuando el trabajador desempeña funciones que revisten de una especial y constante atención, es una falta grave que hace irrazonable la continuación del vínculo laboral.
Se debe tener en cuenta que el trabajador haya sido sancionado antes varias veces por esta falta, pues su descuido en estas pone en riesgo su integridad física y la de sus compañeros, y constituye un incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral
Este constituye el principal lineamiento jurisprudencial que se desprende de la sentencia correspondiente a la Casación Laboral Nº 21412-2022 Lima Este, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.
Con esta sentencia, la sala suprema declara infundada aquel recurso interpuesto en un proceso ordinario de reposición y otros, delimitando una causal de falta grave para el despido.
Antecedentes
En el caso materia de la citada casación laboral, un gremio sindical, en representación de un trabajador despedido, interpone una demanda solicitando su reposición por despido fraudulento, el pago de su remuneración dejada de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de reposición, más la compensación por tiempo de servicios (CTS) con los intereses legales laborales y bancarios correspondientes.
Como pretensión subordinada pide la reposición del trabajador por despido incausado, más el pago de una indemnización por daño moral.
La empresa demandada le imputa al trabajador despedido haber cometido, entre otras, falta grave por incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral al haber sido encontrado usando su equipo celular a pesar de su prohibición.
Faltas que a consideración de la empresa no fueron desvirtuadas por el trabajador al contestar la carta de preaviso de despido, emitiéndose así la carta de despido, en la que se recalcó que la falta grave consiste en la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo y el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral.
El juzgado de trabajo correspondiente declaró infundada la demanda, señalando que los hechos imputados no son inexistentes, falsos ni imaginarios, y que por el contrario se comprueba objetivamente el hecho imputado como falta grave.
En apelación, la sala superior laboral competente confirmó esa decisión bajo similares fundamentos, por lo que el gremio sindical, en representación del trabajador, despedido interpuso recurso de casación laboral, alegando que el colegiado superior al emitir su sentencia incurrió en infracción normativa por interpretación errónea del inciso a) del artículo 25 del Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL) aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR.
Decisión
Al conocer el caso en casación laboral, la sala suprema advierte que el colegiado superior señala que la empresa demandada no le ha imputado al trabajador hechos notoriamente falsos, inexistentes y, por el contrario, este no ha podido probar sus aseveraciones en cuanto a la existencia de un despido fraudulento.
Además, el supremo tribunal constata que la sala superior hace hincapié en que el trabajador fue válidamente cesado por la causal de falta grave contemplada en el mencionado inciso.
Toda vez que a pesar de tener conocimiento sobre el impedimento de hacer uso de su celular en horario laboral y haber sido sancionado por esta falta en cinco oportunidades, el trabajador no remedió su conducta.
La sala suprema también verifica que la comisión de las otras faltas alegadas por la empresa fue dejada de lado por el juez de trabajo al considerar que no fueron acreditadas, lo cual no fue apelado por ninguna de las partes, por lo que la sala superior no se pronunció sobre estas.
En ese contexto, el colegiado supremo considera que el tribunal superior justificó suficientemente el despido del trabajador por la causal tipificada en el inciso a) del artículo 25 del TUO de la LPCL.
Esto debido a que en su fundamentación el colegiado superior concluye que la falta grave que origina el despido es la cometida el 20 de enero del 2020, lo cual también advierte el supremo tribunal de la carta de despido, pues esa es la última fecha en la cual se le encontró al trabajador con su celular en horario de trabajo y en la que se desencadenó el procedimiento de despido, considerando que no se le imputó comisión de falta grave por las faltas sancionadas con anterioridad.
Por consiguiente, la sala suprema determina que la teoría expuesta por el gremio sindical en representación del trabajador pierde valor, más aún en razón a que tal teoría no desvirtúa que los hechos no son falsos o inexistentes.
Máxime si se considera que las funciones desempeñadas por el trabajador como maquinista revisten de una especial y constante atención, pues, de advertirse un descuido en ellas, pone en riesgo su integridad física y la de sus compañeros, refiere el supremo tribunal.
Por todo lo expuesto, entre otras razones, la sala declara infundada la casación laboral.
Normativa
Conforme al inciso a) del artículo 25 del TUO de la LPC, constituyen faltas graves el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o expedidos, según corresponda, por la autoridad competente que revistan gravedad.
Esto tomando en cuenta que falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole que hace irrazonable la subsistencia de la relación laboral.
Visitas 2
Noticias
Desde septiembre, OxI Exprés suma dos proyectos y Servicios por Impuestos no tiene procesos
Mientras Obras por Impuestos marca un récord de S/10 263 millones adjudicados, especialistas señalan trabas de gestión en regiones y piden centralizar las contrataciones de emergencia.
A inicios de septiembre, el Gobierno lanzó OxI Exprés, una versión simplificada de Obras por Impuestos (OxI), y un Servicios por Impuestos (SxI) de emergencia para enfrentar el Fenómeno El Niño. Según ProInversión, el régimen excepcional del Decreto de Urgencia 010-2026 registra solo dos adjudicaciones, por poco más de S/6 millones: la reparación de diques en Ica y el reforzamiento estructural de un canal en Cañete, promovidas por las municipalidades distritales de San José de Los Molinos y Santa Cruz de Flores. En SxI hay 167 intervenciones priorizadas, 22 de ellas de emergencia, pero ningún proceso de selección activo. Gonzalo Pereyra, presidente ejecutivo de ProBienes Capital, comentó: “Todavía falta ver más movimiento [de adjudicaciones]”.
Los especialistas apuntan a razones sobre todo de gestión. Karen Ángeles, socia de Hundskopf & García Nores Abogados, recordó que las convocatorias las realiza cada entidad pública y que, en el cambio de administraciones, “no quieren comprometerse, lo que llevará el asunto hasta enero”. Propuso que ProInversión centralice las contrataciones de emergencia hasta que los nuevos funcionarios se adecúen. ProInversión indicó que debe esperar los documentos base que las entidades envíen tras contratar directamente el servicio. Sobre la intervención de la Contraloría durante el proceso, y no antes de adjudicar, Pereyra afirmó: “Tiene sentido la excepción, pero el reto está en acelerar las cosas a nivel regional y local”.
El mecanismo llega con respaldo. Hasta el 22 de octubre se adjudicaron 761 intervenciones OxI por S/10 263 millones en 2026, tres veces el monto del mismo periodo de 2025, y el 64% de las 374 entidades que lo usaron lo hizo por primera vez. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, indicó a Gestión que se promoverá el “Saldo de Obras por Impuestos”, sin nueva normativa. Ángeles y Pereyra consideran que el plazo para sumarse, hasta el 31 de diciembre de 2027, podría ser corto, pues la reconstrucción posterior al fenómeno toma tiempo.
Fuente: Gestión
Noticias
Minem reemplaza inspecciones en campo por revisión de documentos para autorizar a mineros informales
El decreto se publica a menos de dos meses del vencimiento del Reinfo, con el objetivo de reducir tiempos y costos, mientras el Ejecutivo propone una nueva ley para la pequeña minería.
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vence el 31 de diciembre de 2026, según la Ley 32537, y el Gobierno ya anunció qué quiere después: una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento. Según sus considerandos, la propuesta eliminaría la protección legal de algunos operadores que, bajo la condición de informales, estarían haciendo minería ilegal. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró a RPP: “El Reinfo hoy día, tal como está, tiene un paraguas legal que protege sobre todo a los mineros ilegales”. “No vamos a hablar de los mineros informales que quieren trabajar bien y vamos a ayudarlos para que se formalicen”, añadió.
En paralelo, un decreto supremo publicado el 2 de noviembre en El Peruano cambió la forma en que el Minem verificará los requisitos de quienes piden autorización para operar. La Dirección General de Formalización Minera revisará la información y los documentos desde una oficina, en lugar de basar la verificación en una inspección en el lugar donde trabaja el minero. La norma modifica el artículo 32 del Decreto Supremo 018-2017-EM y exige comprobar las condiciones del artículo 31, antes de otorgar la autorización de inicio o reinicio de actividades de explotación o beneficio y el título de concesión de beneficio.
Los considerandos justifican el cambio en la necesidad de simplificar el trámite: “Reducir los tiempos de evaluación y los costos asociados, sin comprometer la rigurosidad técnica de las evaluaciones”. El decreto añade que, si una autorización se emite sin cumplir lo exigido, la autoridad competente deberá declararla nula, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es decir, el procedimiento se agiliza, pero se mantiene la obligación de comprobar que se cumplan las condiciones.
Fuente: RPP
-
Especiales5 años agoOpinión: LA LIGA CONTRA MESSI
-
Ciencia y Tecnología5 años agoProcesadora peruana Torre Blanca impulsa exportación de fruta a países asiáticos
-
Arte y Cultura5 años agoMinedu reconformará comisión organizadora de Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja “Daniel Hernández Murillo”
-
Ciencia y Tecnología5 años agoAtenciones del Servicio de Publicidad Registral en Línea de la Sunarp crecieron en 122 %
-
Lima Norte4 años agoRumbo al GOTHIA CUP en Luxemburgo Suecia con su categoría sub 11 – Señal Alternativa
-
Ciencia y Tecnología5 años agoDepsa lanza nuevo servicio Medical Box para el sector Salud
-
Noticias3 años agoMininter anuncia creación de nueva categoría en PNP
-
Deportes3 años ago🔴#ENVIVO Cienciano vence 5-2 a Alianza Atlético en Cusco
