A casi un año de los hechos que motivaron el procesamiento de Pedro Castillo Terrones, el 7 de diciembre de 2022, los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia de la Corte Suprema emitieron alrededor de 20 decisiones judiciales que desestimaron las pretensiones del investigado exmandatario.

Se trata de solicitudes para revocar la medida de prisión preventiva, tutelas de derecho, cuestiones previas, recursos de excepción de improcedencia de acción (pedidos de archivo de delitos), levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario, solicitud de actor civil, embargo e inhibición, entre otros.

Estos recursos no fueron amparados en primera instancia por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y, en apelación, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Aún está pendiente la realización de una audiencia en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para resolver dos nuevos pedidos del exmandatario de cese de la prisión preventiva.

El primero, refiere el documento, “por haber sido víctima de una fiscal de la nación que lidera una organización criminal” y, en la otra solicitud, ampara su pedido en el nuevo decreto legislativo 1585 que permite la revisión de la prisión preventiva cada a 6 meses .

Estas medidas fueron dictadas en el marco de las dos investigaciones preparatorias contra el exjefe de Estado: una, por el presunto delito de rebelión y, alternativamente, conspiración en agravio del Estado, y la otra, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos.

Procesos

El proceso por el delito de rebelión y, alternativamente, por conspiración, está relacionado con el autogolpe del 7 de diciembre del 2022 cuando el detenido exmandatario, en un discurso a la Nación, anunció la disolución del Congreso y la intervención de las instituciones del sistema de justicia.

En este caso, el exmandatario tiene vigente una orden de prisión preventiva por 18 meses.

En tanto, la investigación por el delito de organización criminal, tráfico de influencias y otros, está relacionado con hechos cometidos en los ministerios de Vivienda y Construcción, Transportes y Comunicaciones, y Petroperú.

En este caso, sobre el exjefe de Estado pende una medida de prisión preventiva por un plazo de 36 meses.

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El Tribunal Constitucional ordenó esta tarde la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo en Ate, ello tras resolver un recurso de reposición en el marco de esta causa.

Dicha decisión se da luego de que un juzgado de Ica declarara improcedente ejecutar la resolución del máximo intérprete de la Constitución con respecto al hábeas corpus presentado a favor del exmandatario.

El TC declaró fundado el recurso de reposición y resolvió la “ejecución directa e inmediata” de la sentencia del 12 de marzo de 2022 del colegiado, que restituyó el indulto humanitario otorgado al exmandatario en 2017 y dispuso en aquel entonces su excarcelación.

En esa línea, el auto del colegiado ordena al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del penal de Barbadillo que dispongan, en el día, la inmediata liberación del expresidente.

Asimismo, el Tribunal resolvió “llamar severamente la atención” al juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Vicente Fernández Tapia, por no haber ejecutado la resolución dictada por el colegiado inicialmente.

Como se recuerda, el fallo del TC de 2022 quedó suspendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pidió al Estado peruano abstenerse de ejecutar la liberación de Alberto Fujimori.

El auto del TC señala, al respecto, que la Corte IDH no puede disponer que no se ejecute dicho fallo, por cuanto está fuera de su competencia. Indica que dicho organismo no puede “ordenar a un Estado, en supervisión de cumplimiento de sentencia, no ejecutar una sentencia de un tribunal nacional”.

Agrega que, en todo caso, la Corte IDH queda facultada para dejar constancia en una resolución que se mantiene abierto el procedimiento de supervisión o, si fuera el caso, informar a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad por los casos Barrios Altos y La Cantuta, plazo que vencía el 10 de febrero de 2032.

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