Por Lucía Castro

La reciente tragedia en el Real Plaza de Trujillo (La Libertad), que ha dejado 6 víctimas mortales y más de 80 heridos, ha dejado al descubierto la realidad de los trabajadores municipales que se encargan de verificar, entre otras cosas, que los centros comerciales a los que todos concurrimos sean lugares seguros: los inspectores técnicos especializados en seguridad en edificaciones (ITSE). 

Su día a día, según los testimonios recogidos por Wayka.pe, se resume en sobrecarga laboral, amenazas de despido y retención de sueldos por denegar certificados de seguridad a lugares donde se registran riesgos.

La presidenta de la Comisión de Inspecciones de Seguridad del Colegio de Ingenieros del Perú, Nancy Barrenechea, alerta a Wayka.pe sobre esta realidad. “Soy presidenta de la Comisión desde el 2016 y durante todo ese tiempo he escuchado a mis colegas quejarse que no tienen estabilidad laboral, que los que conducen los municipios los condicionan a ciertas ciertas cosas que si que si no cumplen, tal vez, los van a despedir”, advierte. 

SOBRECARGA LABORAL

De acuerdo con la presidenta de la Comisión ITSE, las municipalidades suelen encargar más de 10 o 15 inspecciones al día. “Dependiendo de la dimensión del local, máximo podrían ser 6. Porque si usted saca la cuenta, diez inspecciones es menos de una hora por lugar. Entonces, el inspector con tanta carga, ¿cree que lo va a hacer a conciencia?, ¿lo va a hacer bien? No, para nada”, advierte Barrenechea. 

Prueba de ello es la experiencia laboral de más de 20 años de ‘Rosario’, una ingeniera ITSE que prefiere mantener su nombre en reserva para evitar represalias. ‘Rosario’, que fue inspectora en las municipalidades de Surco, Miraflores y San Miguel, cuenta que en un día se le encargaba hasta 20 revisiones, bajo la excusa de que eran de “riesgo bajo”.

“En la Municipalidad de Surco me daban todos los días 20 inspecciones básicas. Entrábamos a las 8:00 a.m., nos asignaban nuestro trabajo y al día siguiente regresabas con tus inspecciones ya listas. Yo a veces me quedaba hasta las 10:00 p.m para cumplir con todas mis inspecciones, pero he visto otros inspectores que hacían dos o tres horas”, cuenta la ingeniera ITSE a Wayka.pe. 

AMENAZAS DE DESPIDO

Cuando un ingeniero ITSE deniega un certificado de seguridad, dependiendo del lugar al que se inspecciona, también puede recibir amenazas de despido. 

‘Rosario’ también afrontó una amenaza de despido cuando trabajó en la Municipalidad de San Miguel en el 2016, entonces a cargo de Eduardo Bless, actual alcalde del mismo distrito. El jefe de ‘Rosario’ era el entonces subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres, Luis Alberto Luna Renteros. Tanto Eduardo Bless como Luna Renteros han sido militantes del Partido Popular Cristiano (PPC). 

En ese periodo, ‘Rosario’ y otros dos inspectores ITSE realizaron una revisión de 15 días al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Según recuerda ‘Rosario’, los inspectores encontraron deficiencias en la infraestructura y seguridad del campus. “Encontré graves observaciones. Por ejemplo, un tanque de agua sin tapa y un muro que se veía que podía colapsar. Mi compañera también encontró algunas fallas eléctricas que representaban un alto riesgo”.

Al terminar la revisión, los inspectores se reunieron con las autoridades de la universidad y expusieron sus hallazgos. Sin embargo, según cuenta ‘Rosario’, en ese momento recibieron una llamada de su entonces jefe, Luis Alberto Luna Renteros, quien les habría ordenado omitir todas las observaciones y aprobar la inspección.

“El gerente nos dijo que el alcalde está apoyando a la Universidad Católica, y por eso nos ordena que no dejemos ninguna observación. Nos dijo: ‘yo les ordeno que dejen un documento en el cuál no exista ninguna observación’. También nos dijo que si alguno de nosotros se negaba a obedecerle, lo iba a despedir”, cuenta la ingeniera ‘Rosario’.

Con la amenaza hecha, ‘Rosario’ y otro de los inspectores decidieron mantener las observaciones de la revisión, pero el tercer inspector, temeroso de perder su empleo, según cuenta la ingeniera ITSE, omitió las deficiencias. Al final, ‘Rosario’ fue despedida y además, según denuncia ella, la Municipalidad de San Miguel le debe hasta hoy 4 meses de sueldo, casi S/20 mil.

Hasta la presidenta de la Comisión ITSE del Colegio de Ingenieros del Perú, Nancy Barrenechea, ha afrontado amenazas de despido por negarse a aprobar un certificado de seguridad.

Cuando era inspectora, a mediados del 2020, Barrenechea recuerda, aunque sin ánimo de dar nombres, que un subgerente de la Municipalidad de Carabayllo le amenazó con despedirla por negarse a aprobar un certificado de seguridad de una discoteca del distrito porque pertenecía a un entonces regidor. Ante la firmeza de Barrenechea, fue despedida.

“El subgerente, que tenía menos tiempo de experiencia que yo, me dijo que tenía que aprobarla porque era la propiedad de un regidor. Entonces, le dije que yo no iba a aprobar el certificado de seguridad de esa discoteca porque no tenía las dos salidas que contempla la norma. Y al final, me terminaron botando. Encima solo me pagaron 15 días, aunque trabajé un mes entero”, rememora. 

RETENCIONES DE SUELDO

Barrenechea no fue la única inspectora que sufrió la retención de su sueldo por no ceder a la presión de sus jefes para otorgar certificados de seguridad pese a los riesgos que se registren. El ingeniero ‘Octavio’, quién también denuncia a Wayka.pe en reserva, contó que cuando trabajó en la Municipalidad de San Juan de Lurigancho durante la gestión de Jesús Maldonado, entre octubre y diciembre del 2023, un funcionario lo obligó a firmar 10 actas en blanco de certificados de seguridad para edificaciones de alto riesgo. De lo contrario, según ‘Octavio’ no le pagarían su sueldo. 

“Un colega me llamó y me dijo: ‘ven a firmar (las actas) para que te paguen’. Al llegar, dos ingenieros ya habían firmado estos certificados que necesitan la firma de 3 ingenieros. Yo, por temor, firme, pero no como hago mi firma normal, utilicé un sello sin mi nombre, con la intención de que si lo utilizaban en edificaciones grandes y pasaba algo como la caída del techo de Real Plaza, ya yo me deslindaba. Yo sé que hacen eso para locales grandes y luego les cobran”, cuenta el ingeniero ‘Octavio’.

Por no cumplir las órdenes al pie de la letra, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho le debe 4 mil soles de su salario de noviembre del 2023. Los documentos, mostrados a continuación, lo demuestran. 

Más de 20 casos de inspectores que recibieron amenazas de despido por negarse a aprobar certificados de seguridad se han registrado en la Comisión ITSE en el Colegio de Ingenieros del Perú, desde que Barrenechea asumió la presidencia. Sin embargo, apunta Barrenechea, la mayoría no inicia una denuncia formal por falta de pruebas. 

“Yo les digo que me presenten sus quejas, pero, lamentablemente, no cuentan con documentos para avalar estas amenazas que son verbales, y aparte de eso, si las tuvieran, también tienen miedo de las represalias. Y la represalía muchas veces es despedirte, y como muchos inspectores tienen familias, lo piensan dos veces antes de denunciar”, alerta Barrenechea.

NORMAS POR MEJORAR

La presidenta de la Comisión ITSE señaló que las condiciones laborales de los inspectores y la rigurosidad en la aprobación de certificados podrían mejorar si se refuerza la Ley N° 29664, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Explicó que la actual normativa no permite estudios estructurales, lo que genera conflictos cuando los inspectores los solicitan, pues algunos administrados lo interpretan como un abuso de autoridad. Además, propuso restablecer la exigencia previa a la modificación de 2018, que requería la presencia de tres inspectores para edificaciones de alto riesgo y cuatro para las de muy alto riesgo, incluyendo obligatoriamente a un ingeniero civil para evaluar la estructura.

“Es necesario ser más rigurosos con el personal ITSE. Actualmente, prefieren inspectores jóvenes para pagar un menor sueldo, pero la experiencia que puede tener un inspector con 20 o 30 años de experiencia es diferente, porque tiene una visión total. Asimismo, los gerentes y subgerentes deben ser acreditados como ITSE, porque si ellos no están capacitados cómo se van dar cuenta si es que lo que están haciendo los inspectores está bien”, resaltó Barrenechea. 

Finalmente, la especialista exhortó al Ministerio de Vivienda que cumpla su función fiscalizadora y controle lo que se está haciendo en cada municipalidad con las oficinas de Gestión de Riesgo y Desastre. “Tendrían que empezar a visibilizar cuántas municipalidades ha visitado, qué falencias han podido encontrar para la mejora de las normativas, y, sobre todo, qué municipalidades están cumpliendo y quiénes no”, agregó.