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Congreso sanciona a congresistas David Jiménez y Susel Paredes – Realidad.PE

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La Comisión de Ética del Congreso, que preside Diego Bazán Calderón (Avanza País), sancionó esta noche, por mayoría, con amonestaciones escritas públicas y multas que corresponden a un descuento de 60 días de sus remuneraciones, a los congresistas David Jiménez Heredia (FP) y Susel Paredes Piqué (CD-JP), por haber vulnerado diversos artículos del Código de Ética Parlamentaria.

El congresista Jiménez Heredia estuvo inmerso en el Informe Final del Expediente N. º 148-2023-2024/CEP-CR, por haber ordenado a una trabajadora de su despacho, Ángela Noblejas Pomazongo, trabajar en el Instituto Franklin Roosevelt, un centro de estudios de su propiedad, según denuncia periodística del programa Contracorriente, de Willax TV.

La recomendación del informe final fue aprobada por mayoría: 9 votos a favor, 4 votos en contra y cero abstenciones.

Previamente, la congresista Rosangella Barbarán Reyes (FP) planteó una cuestión previa para que la sanción solo sea una recomendación escrita pública a fin de tener mayor cuidado en la fiscalización de los trabajadores, la cual fue desestimada.

Por su parte, la legisladora Susel Paredes Piqué (CD-JP) fue denunciada, en flagrancia, por haber realizado expresiones inapropiadas y agraviantes contra los miembros de la Comisión Permanente que aprobaron una denuncia constitucional contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia.

Fue aprobado por mayoría: 6 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones.

El Informe Final corresponde al Expediente N. º 169-2023-2024/CEP-CR y la denuncia fue realizada por el parlamentario Juan Lizarzaburu Lizarzaburu (FP).

Al igual que en el caso anterior, la congresista Ruth Luque Ibarra planteó dos cuestiones previas. La primera para que solo se le amoneste públicamente. Fue desestimada por mayoría (5 votos a favor, 6 votos en contra y cero abstenciones).

La segunda cuestión previa proponía amonestación escrita pública y multa de cinco días de descuento de su remuneración. Fue desestimada con el voto dirimente del presidente de la comisión.

Informes de calificación

Así también, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó dos informes de calificación. El primero fue correspondiente al Expediente 163-2023-2024/CEP-CR, seguido contra la congresista Patricia Chirinos Venegas (Avanza País) su colega Luis Aragón Carreño (AP).

El denunciante fue Henry Shimabukuro Guevara, y acusó a los congresistas, presidenta y miembro de la Comisión de Defensa Nacional, Orden interno, Desarrollo alternativo y Lucha contra las Drogas, por presunta vulneración del Código de Ética en la sesión del 30 de noviembre 2023 en que se presentó mediante la fuerza pública, y allí habría sido objeto de violencia verbal por haber ejercido su derecho al silencio.

El informe concluyó que la denuncia es improcedente y se archive. Se aprobó por mayoría: 10 votos a favor, 1 voto en contra y cero abstenciones.

El segundo informe corresponde al Expediente 164-2023-2024/CEP-CR, seguido contra la congresista Kira Alcarraz Agüero (PP).

A la congresista se le acusa haber realizado, en declaraciones a la prensa el 17 de enero último, expresiones denigrantes y agraviantes contra el congresista Juan Lizarzaburu Lizarzaburu y a su señora madre, y no ha pedido disculpas hasta la fecha.

El informe concluyó en que se declare procedente la denuncia y se inicie la investigación. Fue aprobado por mayoría: 6 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones.

Nueva votación

En el inicio de la sesión, se realizó una nueva votación de la denuncia correspondiente al Expediente N. º 146-2023-2024/CEP-CR, seguido contra el congresista Guillermo Bermejo Rojas (CD-JP). La comisión opinó por la improcedencia de la denuncia y propuso su archivamiento. Fue aprobado por mayoría: 7 votos a favor, 2 votos en contra 1 abstención.

Finalmente, se continuó con la audiencia en el Expediente N. º 127-2023-2024/CEPCR, seguido contra el congresista José Arriola Tueros (NA), y a quien se le acusa de haber, presuntamente, recortado las remuneraciones de sus trabajadores.

El mencionado parlamentario rindió su testimonio; sin embargo, debido al estado de su salud, se le permitió tomar nota de las preguntas planteadas por los miembros de la comisión, las mismas que serán respondidas por escrito en el plazo de 48 horas.

Participaron los testigos Carlos Valenzuela Abanto, Oscar Terán Chinguel y Pedro Rosario Tueros.


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Inversión pública en el primer semestre apenas supera un 33% de avance

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ComexPerú advierte que está pendiente la ejecución de más del 65% del presupuesto para construir carreteras, escuelas, centros médicos, conexiones de desagüe, entre otros.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se han invertido S/ 22,444 millones hasta junio de este año, es decir solo 33.7% en el avance del presupuesto total asignado para 2024. “Está pendiente la ejecución de más del 65% del presupuesto para construir carreteras, escuelas, centros médicos, defensas ribereñas, conexiones de desagüe, etc.”, refiere ComexPerú. En el primer semestre del año, los gobiernos regionales en conjunto, han ejecutado el 35.7% del presupuesto asignado a inversión pública.

Sectores con mayor presupuesto como transporte, salud y educación tienen niveles de ejecución por debajo del 40%. En transporte, la situación es especialmente preocupante en la Municipalidad Metropolitana de Lima (17.2%). Asimismo, en el sector salud, algunos gobiernos regionales han ejecutado menos del 15% de su presupuesto destinado a proyectos: Piura (13.4%), Arequipa (13.1%) y La Libertad (9%). Respecto a los gobiernos locales han logrado ejecutar solo el 32.5% del presupuesto destinado a inversión pública.

Así, en el sector transporte, el gobierno local de Huánuco presenta uno de los menores niveles con un avance de 16.7%. En el sector saneamiento Piura tiene un avance de 19.8%, Huánuco (17.8%) y Tacna (16.1%). Además, en el sector educación, Ayacucho solo alcanza un 11.7% y Huánuco (8.8%). La ejecución de proyectos públicos es una gran debilidad de los gobiernos subnacionales debido a que no cuentan con el nivel de especialización necesario para manejar las diferentes áreas de su cartera y la cantidad de obras a su cargo puede sobrepasar sus capacidades.

Esto obliga a elegir qué obras cumplirán su presupuesto anual y cuáles serán postergadas. “El Estado debe resolver este dilema, pero no transfiriendo más dinero, sino mejorando la capacidad de los gobiernos subnacionales para utilizar lo que ya tienen, así como establecer acciones de promoción y corrección en la administración de los recursos públicos. El costo de no ejecutar obras lo paga la población, que no termina accediendo a servicios públicos de calidad”, puntualiza ComexPerú.Fuente: ComexPerú

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Es necesario el esfuerzo político para controlar el gasto

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El presidente del Consejo Fiscal (CF), Alonso Segura, consideró que los cambios de reglas se han dado de manera prematura.

A inicios de julio, el Consejo Fiscal (CF) emitió una opinión sobre la entonces propuesta del Gobierno de modificar la senda de consolidación fiscal. Ahora, ya con un Decreto Legislativo publicado, es decir, con la formalización del cambio en los “techos” del déficit fiscal desde este año hasta el 2028, el CF reitera su preocupación.

El presidente de la entidad, Alonso Segura, señaló que los cambios a las reglas fiscales realizados por el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Legislativo N° 1621 se han dado de manera prematura. Esto, considerando que las condiciones del próximo año muestran que la recaudación tributaria se recuperaría de manera significativa. “La información al día de hoy es que, entre otras cosas, la economía se recuperaría, habría un rebote y la caída de la recaudación tributaria se comenzaría a recuperar en 2025”, señaló.

También criticó que se extienda hasta el 2028 el camino de la consolidación fiscal hacia el 1% del PBI. Para el CF, esto no puede responder, únicamente, a la recuperación de los ingresos tributarios y no a esfuerzos gubernamentales por el lado de evitar mayores gastos. “La consolidación fiscal respondería simplemente a la recuperación de los ingresos, pero sin una política activa sobre los gastos. Nadie dice que haya recortes de gastos, pero debe haber algo de esfuerzo político para contener el crecimiento del gasto”, mencionó Segura.

Fuente: Gestión

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