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“El compromiso del gobierno es erradicar la pobreza en el país de manera progresiva” – Agencia de Noticias Órbita

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La viceministra de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, María Abigunda Tarazona Alvino, precisó que este sector viene ejecutando un trabajo minucioso y constante por el bienestar de las poblaciones más pobres y vulnerables del país, las cuales son las más afectadas por la pandemia del Covid-19.

Durante su participación como ponente en el tercer ciclo de conferencias virtuales en Derechos Humanos, donde presentó el tema: “Pobreza y desarrollo en el Perú”, la funcionaria indicó que entre el 2019 y el 2020, la pobreza en nuestro país se incrementó en casi un 10%, afectando tanto al ámbito urbano como al rural, y a todas las regiones del país, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La viceministra Tarazona indicó que este indicador de pobreza ha tenido mayor aumento en zonas urbanas debido a que miles de peruanos perdieron el empleo “Las consecuencias del Covid-19 han traído múltiples problemas, se evidenció la desigualdad al acceso al derecho a la salud y otros servicios básicos, inclusive en algunas regiones del país, los alumnos fueron afectados ante la falta de conectividad”, comentó.

Ante esta situación, la viceministra indicó que el MIDIS viene trabajando articuladamente y de manera sostenida para evitar que más personas caigan en la pobreza, por lo que se viene reforzando los cinco Ejes Estratégicos de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión social: La Nutrición Infantil, el Desarrollo Infantil Temprano, el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, la Inclusión Económica y la Protección del Adulto Mayor, para que puedan acceder a una pensión digna y diversos servicios de calidad.

Asimismo, explicó que, a lo largo de la pandemia, se han entregado varios tipos de subsidios monetarios no condicionados y que, a la fecha, a través del MIDIS, se viene otorgando el apoyo económico Yanapay Perú que busca beneficiar a 13.5 millones de peruanos, que pertenecen a hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, los cuales han sido afectados por el Covid-19.

El evento fue organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú y el Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social (PRONELIS) y contó también con la participación de otros panelistas como María Eugenia Mujica, representante Auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Federico Arnillas Lafert, presidente de la Mesa de Concertación para Lucha Contra la Pobreza (MCLPCP) y Edgardo Rodríguez Gómez, director general de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.



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Munis en la mira: Serenos podrán patrullar con pistolas eléctricas

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Alcaldesas de Surquillo y Pueblo Libre opinan que implementación de nueva norma requiere mayor presupuesto y modificar Ley Orgánica de Municipalidades

El reciente Decreto Supremo N.º 015-2025-IN, aprobado por el Ministerio del Interior (Mininter), ha abierto un nuevo capítulo en la seguridad ciudadana: por primera vez, los agentes de los servicios de serenazgo municipal podrán portar pistolas eléctricas o de electrochoque, además de cámaras corporales, grilletes y aerosoles de pimienta.

Si bien la norma pretende “la modernización y profesionalización del serenazgo municipal” y la necesidad de fortalecer su coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) ante el avance de la delincuencia, también plantea tantas interrogantes como promesas.

La norma exige dotar de armas eléctricas a un cuerpo cuya función tradicional ha sido preventiva, que porten cámaras corporales activas que registren sus intervenciones con el fin de garantizar transparencia y respeto a los derechos humanos, pero ¿están los municipios preparados para asumir la supervisión, el entrenamiento y su implementación?

Para la alcaldesa de Surquillo, Cinthia Loayza, el decreto crea vacíos, contradicciones normativas y riesgo de inconstitucionalidad, ya que asigna funciones que no están previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades. «Se tendría que modificar la Ley Orgánica de Municipalidades si se quiere otorgar nuevas funciones al serenazgo. De lo contrario, se está violando el marco legal», indicó.

Reconoció que la intención de la norma es válida ante el aumento de la criminalidad, pero pidió al Ejecutivo revisar el contenido del decreto y evitar imponer normas que generen conflictos de aplicación.

Falta de presupuesto
En cuanto al presupuesto, la alcaldesa surquillana subrayó que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha emitido un dispositivo que autorice o asigne recursos específicos a las municipalidades para cumplir con la adquisición de pistolas eléctricas, cámaras corporales u otros implementos mencionados en el reglamento.

Además, señaló que la norma fue excluida de la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR), lo cual a su juicio refleja una falta de rigor técnico. «Tenemos programaciones multianuales definidas. No se puede exigir de un día para otro nuevas obligaciones sin asignar presupuesto ni evaluar los efectos», dijo.

Un sereno no es un policía
En la misma línea, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, respaldó la intención de la norma, pero advirtió que su aplicación debe ser gradual y acompañada de un presupuesto específico para las municipalidades.

Dijo que los municipios, con el nuevo dispositivo, enfrentará un reto para el cual no están plenamente preparados ni financiados. Mencionó que muchas municipalidades dependen casi exclusivamente de lo que pagan los vecinos mediante arbitrios.

«Algunas municipalidades podrán comprar estos implementos, pero muchas otras no. No todas tienen los mismos recursos. La ley está bien, pero debe venir con presupuesto», enfatizó.
“Estamos asumiendo una función que no nos corresponde directamente. Un sereno no es un policía y no está preparado para eso”, añadió.

Por : Marco Cáceres A.

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ALCALDESA DE PUEBLO LIBRE RESPALDA ESTADO DE EMERGENCIA PARA TODA LIMA: «LA MEDIDA PARCIAL FUE UN FRACASO»

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Mónica Tello exige una estrategia clara y critica el «efecto globo» que generó la anterior declaratoria, calificando sus resultados como «nefastos».

En medio del clamor por acciones contundentes contra la delincuencia, la alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, se mostró a favor de que se declare en estado de emergencia a toda Lima Metropolitana, lanzando una dura crítica a las gestiones anteriores.

Tello sostuvo que la declaratoria de emergencia «debe estar acompañada de una estrategia» integral para que sea efectiva.

La alcaldesa criticó duramente la medida parcial aplicada por el gobierno anterior, la cual, según señaló, no fue consultada y generó el conocido «efecto globo», trasladando la delincuencia a otros distritos. «¿Cuáles fueron los resultados? Nefastos», sentenció.

APOYO A LA POLICÍA MUNICIPAL

En línea con otros alcaldes de la capital, Tello respaldó la propuesta del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para implementar una Policía Municipal.

Señaló que esta fuerza complementaría la labor de la Policía Nacional (PNP), asumiendo tareas como el control del tránsito y la intervención en delitos menores. No obstante, reconoció que «es un tema que no se va a dar de la noche a la mañana, que se tiene que ir trabajando».

SITUACIÓN EN PUEBLO LIBRE

Respecto a su distrito, la alcaldesa aseguró que Pueblo Libre se mantiene como el quinto con menor incidencia delictiva en la capital y afirmó que no registran denuncias por sicariato ni extorsiones.

«Eso no quita que bajemos la guardia», precisó. Informó que su gestión ha adquirido 33 cámaras con inteligencia artificial y está renovando toda la iluminación del distrito a tecnología LED, además de realizar operativos constantes con la PNP en las entradas y salidas de la jurisdicción.

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