El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, respaldó públicamente el proyecto de ley que propone eximir de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando empleen sus armas de manera legítima en defensa del orden constitucional. El anuncio se realizó tras un homenaje en el Parlamento a ambas instituciones por su actuación durante los hechos del 7 de diciembre de 2022, una fecha clave en la reciente crisis política del país.

Según Rospigliosi, el Perú tiene una deuda pendiente con las fuerzas del orden, a las que atribuyó un rol determinante en la preservación de la democracia frente a lo que describió como “intentos de instaurar una dictadura”. Durante su intervención, afirmó que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estuvieron del lado del Perú, del lado de los derechos humanos… y salvaron al país”, enfatizando que el reconocimiento debe ir acompañado de herramientas legales que los protejan en situaciones de violencia extrema.

El proyecto de ley, presentado en octubre, plantea que los agentes que hagan uso legítimo de sus armas para repeler actos violentos —como ataques a aeropuertos, carreteras, comisarías o infraestructura pública y privada— no enfrenten responsabilidad penal. Esto se enmarca en el concepto de “uso legítimo de la fuerza”, un término frecuente en estándares internacionales y que el Legislativo busca adecuar al contexto peruano.

Proyecto de Fernando Rospigliosi alcanzaría a hechos registrados durante las manifestaciones sociales del 2022-2023

Una de las disposiciones más controversiales del texto legislativo es la cláusula transitoria que extendería esta protección legal a los hechos ocurridos en 2022 y 2023. Este periodo coincide con las protestas y disturbios que dejaron decenas de fallecidos y cientos de heridos, actualmente materia de investigaciones fiscales. El alcance retroactivo del proyecto ha generado amplio debate entre organizaciones de derechos humanos, especialistas en derecho penal y sectores políticos que cuestionan un posible escenario de impunidad.

Rospigliosi fue tajante al calificar las investigaciones fiscales como una “persecución política” contra policías y militares. Afirmó que existen más de 1.300 agentes investigados o procesados por su actuación durante las protestas, señalando que muchos de ellos fueron citados inicialmente como testigos para luego ser identificados como presuntos responsables. “No puede ser que aquellos que defendieron el orden constitucional sean hoy perseguidos por la fiscalía”, afirmó con tono crítico.

Fernando Rospigliosi saludó iniciativa de Tomás Gálvez de desactivar a los Equipos Especiales de la Fiscalía

El presidente del Congreso también respaldó la anunciada desactivación de equipos especiales de investigación del Ministerio Público, apuntando específicamente contra el Eficavip, una unidad conformada por más de 70 fiscales y funcionarios dedicados —según mencionó— a investigar exclusivamente a policías y militares. Rospigliosi cuestionó que mientras esta unidad concentra esfuerzos en indagar el comportamiento de las fuerzas del orden, “los que provocaron los disturbios no son perseguidos por nadie”. La propuesta, a su juicio, busca equilibrar los recursos institucionales en materia de seguridad y justicia.

En otro momento, el congresista se refirió a la posición de algunos candidatos presidenciales que han planteado eventuales indultos o beneficios legales para expresidentes cuestionados, entre ellos Pedro Castillo. Aunque evitó mencionar nombres concretos, reiteró su rechazo a cualquier iniciativa que “normalice la impunidad” en casos de alta relevancia política.

Respecto a la ruta legislativa del proyecto, Rospigliosi señaló que la segunda votación podría realizarse el 18 de diciembre, aunque aclaró que dependerá de la agenda parlamentaria y la disponibilidad de los congresistas. Si bien no confirmó una fecha definitiva, anticipó que existe la intención política de avanzar con el debate antes de finalizar el año.

El proyecto de ley cuenta con respaldo en diversos sectores del Congreso que consideran necesario actualizar el marco normativo sobre el uso legítimo de la fuerza en contextos de violencia generalizada. Para sus defensores, se trata de una herramienta que brinda seguridad jurídica a quienes arriesgan sus vidas en defensa del país. Para sus críticos, abre la puerta a la impunidad y limita el proceso de esclarecimiento sobre los hechos de 2022 y 2023.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, confirmó que los equipos especiales del Ministerio Público —encargados de las investigaciones más emblemáticas de los últimos años— serán desactivados en un plazo cercano. Aunque evitó precisar una fecha exacta, señaló que la medida se concretará “en las próximas semanas”. Su anuncio marca un punto de inflexión en la estructura investigativa del Ministerio Público y abre un intenso debate sobre el futuro de los casos Lava Jato, EFICCOP y Cuellos Blancos del Puerto.

La decisión, según explicó, no ha sido tomada de manera unilateral. Gálvez señaló que la continuidad o cierre de estas unidades será evaluada previamente por la Junta de Fiscales Supremos. Sin embargo, advirtió que, de no alcanzar un consenso, él mismo procederá con la disolución. “Si no lo hace la junta, lo hago yo como fiscal de la nación”, manifestó en declaraciones a Canal N, reafirmando su postura sobre el rol temporal de estas estructuras.

Los equipos especiales del Ministerio Público fueron creados para enfrentar investigaciones de alto impacto político, económico y social. En este grupo destacan el Equipo Especial Lava Jato, el EFICCOP —dedicado al crimen organizado y casos como los de “Los Niños” y “Los Dinámicos del Centro”— y el equipo para el caso Cuellos Blancos del Puerto, relativo a una presunta organización criminal enquistada en el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura. Todas estas unidades han sido reconocidas por manejar expedientes complejos que demandan recursos humanos y técnicos adicionales.

Sin embargo, Gálvez sostiene que la continuidad de estos equipos ya no es necesaria. Durante la entrevista, reiteró que fueron concebidos como “estructuras temporales” para momentos específicos y que, a su juicio, “ya cumplieron su ciclo”. Según explicó, la reorganización busca “reordenar la operatividad interna” y fortalecer las fiscalías especializadas permanentes, sin depender de grupos adicionales que —en su opinión— generan duplicidad y distorsiones en el diseño institucional.

Tomás Gálvez asegura que Equipo Especial Lava Jato “protege a Odebrecht”

El fiscal interino no evitó referirse a las críticas que anticipa tras su decisión. “El sector que protege a Odebrecht me criticará haga lo que haga”, afirmó, en alusión directa a sus cuestionamientos recurrentes al Equipo Especial Lava Jato. Esta declaración no solo refleja su conocida posición frente al manejo del caso, sino también la tensión interna que ha rodeado al Ministerio Público desde hace varios años.

Las discrepancias de Gálvez con estos equipos no son recientes. Mucho antes de ocupar el despacho de la Fiscalía de la Nación, expresó públicamente su desacuerdo con la actuación de los fiscales que integran estas unidades. En diversas entrevistas, sostuvo que estos grupos “generan politización y algunos criterios de persecución”, argumentos que ahora coloca nuevamente en la mesa para justificar su propuesta de desactivación.

Para el fiscal supremo, los equipos especiales han creado “compartimentos cerrados” dentro de la estructura del Ministerio Público, lo que —según afirma— contradice el funcionamiento orgánico de la institución. Sostiene que las fiscalías especializadas existentes cuentan con el personal, las competencias y la estructura suficiente para llevar adelante investigaciones complejas sin depender de órganos paralelos.

¿Contradicciones de Tomás Gálvez?

Uno de los puntos que más inquietud ha generado es el futuro de los casos Lava Jato. Al respecto, Gálvez aseguró que la eventual disolución de los equipos no implica que las investigaciones quedarán abandonadas. “Los fiscales van a seguir con sus casos, solo que ya no hay equipos especiales”, precisó, intentando despejar temores sobre posible impunidad o retrasos procesales.

Dentro de sus declaraciones, también se refirió a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, principales rostros del Equipo Especial Lava Jato. Gálvez recordó que en declaraciones previas había afirmado que, de haber sido fiscal de la Nación antes, los habría retirado “en el acto”. Los acusó de favorecer a la empresa Odebrecht y aseguró haberlos denunciado por presunto encubrimiento, reafirmando así su postura crítica respecto a su permanencia.

La anunciada desactivación de los equipos especiales abre un debate político y jurídico de alto voltaje. Mientras algunos sectores consideran que la reorganización responde a una necesidad administrativa para “ordenar la casa”, otros la interpretan como un retroceso en la lucha contra la corrupción y una amenaza a la independencia fiscal. En las próximas semanas, la Junta de Fiscales Supremos deberá tomar una decisión que impactará directamente en la continuidad de las investigaciones anticorrupción más importantes del país.